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Nicolás E. Grullón

Nicolás E. Grullón

Presidente NJ Productora
Comunicador, Abogado
WhatsApp: (809) 224-6159

El diputado Omar Fernández, del Partido Fuerza del Pueblo, depositó este martes un proyecto de ley que busca modificar el Código Tributario para evitar que las microempresas sigan pagando el anticipo anual a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El proyecto, depositado en la Secretaría de la Cámara de Diputados,también persigue que el pago del anticipo que hacen las pequeñas y medianas empresas sea readecuado para motivar así a los emprendedores.
De acuerdo a definiciones de la DGII, el anticipo es un pago obligatorio al Impuesto sobre la Renta (ISR) que se debe realizar por adelantado según las proyecciones de ganancias que tenga una empresa. El dinero sería devuelto cuando se presente la declaración jurada.
En ese sentido, las microempresas, que son unidades económicas con menos de diez empleados, estarían exentas de pagar este anticipo, mientras que las pequeñas y medianas empresas, que alcanzan hasta los 250 trabajadores, pagarían el anticipo tras un cálculo de impuestos liquidados en un 50 % en sus operaciones del año anterior.
Al depositar el proyecto, Fernández expresó que el Estado recauda alrededor de 9,000 millones de pesos mensualmente por concepto de pago de anticipos. De esta cantidad, algunos 900 millones de pesos son pagados por las micro y pequeñas empresas.
La pieza podría ser enviada a estudio de comisión la próxima semana.

 


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Los candidatos presidenciales de los tres grandes partidos del país presentaron ayer ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) sus planes para desarrollar la industria nacional en caso de ganar las próximas elecciones. El presidente Luis Abinader, candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), se enfocó en resaltar los indicadores positivos de este sector durante los últimos cuatro años e hizo algunas promesas, entre ellas, mejorar el sistema eléctrico.
El mandatario prometió a los industriales trabajar en un segundo período para mejorar el sector eléctrico, que en los últimos 22 años le ha generado pérdidas al país por 673,903.4 millones de pesos, según cifras oficiales. Reconoció que esa es una tarea pendiente.
"Necesitamos seguir incrementando el acceso a los mercados de capitales para reducir los tipos de interés y mejorar -esto es una tarea pendiente-, mejorar nuestro sector eléctrico, especialmente las distribuidoras. Sabemos que estos dos factores son claves y estamos trabajando para mejorarlos y transformarlos".
Abinader se comprometió a proveer servicios públicos que apoyen a las empresas y actividades existentes, y apoyar la educación técnica.
El candidato de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, presentó el "Paradigma del desarrollo industrial en la República Dominicana", el cual implica la creación de clústeres industriales que fomenten la especialización y prioricen la compra de productos y servicios de origen local.
Contempla implementar programas de preferencia para las mipymes en las licitaciones públicas, disminuir los tiempos en las cadenas de abastecimiento e impulsar el desarrollo del sistema logístico y de transporte de carga. Prometió la transformación digital y propuso incentivos fiscales y créditos blandos a las empresas que inviertan en desarrollo tecnológico.
El candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) citó tres medidas fundamentales a implementar en un gobierno suyo. En primer lugar, impulsar la reducción de los costos de transporte de mercancías para hacer el traslado más eficiente.
También, promover la reconversión industrial para hacer el proceso productivo más sostenible. Por último, reducir el costo de los trámites gubernamentales, tanto en términos económicos como de tiempo.

 


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A tan solo 38 días de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, la campaña política se mueve a un ritmo parsimonioso, donde el mayor activismo se siente a nivel de las redes sociales y los encuentros gremiales. Los candidatos presidenciales se han centrado en las presentaciones de sus propuestas de gobierno en actividades impulsadas por actores económicos, profesionales y sociales.
Por el momento, la mayor vigencia de los postulantes a nivel de medios de comunicación, la obtienen a través de notas de prensa enviadas por sus comandos de campaña en las que fijan posiciones sobre temas del acontecer nacional.
A esa dinámica, los políticos suman las publicaciones que, vía las diferentes plataformas sociales, realizan con videos y fotos acompañadas de sus respectivos comentarios. También se promueven, a través de anuncios digitales, llamadas telefónicas y vallas publicitarias.
Contrario a la intensidad que se vivió desde el previo de la precampaña y durante la campaña municipal, el activismo de las presidenciales y congresuales ha bajado de tono, sobre todo a raíz de los resultados de los comicios municipales en los que se impuso el oficialismo.
A la resaca electoral también se sumaría la falta de recursos que llevó a los principales partidos opositores a reclamarle al Gobierno completar el 0.50 % de los ingresos nacionales que establece la Ley Electoral para financiar la campaña en años de elecciones.
Como parte del vuelco hacia el proselitismo, este miércoles los candidatos presidenciales participan en actividades empresariales para presentar sus propuestas al sector.
De igual modo, los aspirantes a la presidencia de la República se mantienen activos viajando tanto al exterior como a los pueblos para estar en contacto con su militancia.
Además, tienen una presencia muy notoria en los programas radiales y televisivos, así como en las reuniones partidarias.
Con el desembolso de los recursos, esta semana, se proyecta un mayor activismo político que traería de nuevo a la palestra las caravanas de los candidatos a nivel congresual y presidencial.
En las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo se disputarán 264 cargos electivos, incluidos el presidente y vicepresidente de la República.

 

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Los Partidos que conforman la alianza Rescate RD denunciaron ante la Organización de Estados Americanos, OEA, que el partido de gobierno quiere lograr continuar en la dirección del Estado a cualquier precio, pero en un sistema diferente y un modelo sofisticado de partido hegemónico en la República Dominicana, mediante la utilización de prácticas no democráticas que le permitan al actual gobernante la toma de todas las instituciones estatales, y su concentración en un solo partido. En un documento de seis páginas entregado a la OEA Rescate RD, y firmado por Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado, señaló que está en curso en el país un peligroso proceso de restricción y limitación de los derechos ciudadanos consagrados y protegidos en el Sistema Interamericano, como lo son el derecho a elegir y ser elegido, y los principios de equidad, transparencia e igualdad, que deben ser consustancial de todo régimen democrático.
Dijo tener una basta documentación, que permite comprobar que desde antes del inicio del proceso electoral pasado, el partido oficial puso en ejecución su plan para socavar las bases de la democracia dominicana, utilizando el presupuesto nacional del gobierno para la compra masiva de dirigentes, alcaldes, regidores, diputados y senadores de los partidos de oposición, atrayéndolos a las filas del oficialismo a través de asignaciones presupuestarias extraordinarias a las alcaldías envueltas en la operación.
Indicó que otro mecanismo de conquistar dirigentes opositores es ¨el otorgamiento mediante decreto presidencial de pensiones privilegiadas a dirigentes opositores que nunca han laborado en el Estado, e incluso algunos que ni siquiera residen en el país, a sus allegados más cercanos y en otros casos, empleando instrumentos provenientes del sector financiero estatal¨
Agregó que otras acciones puestas en práctica por el Gobierno Dominicano fue la utilización de los programas sociales del gobierno más allá de lo habitual, para torcer la voluntad popular, llegando al extremo de utilizar en el mes de febrero los bonos navideños y, además, distribuir ayudas económicas para el próximo año escolar que inicia en agosto, así como la creación en varios ministerios y Direcciones Generales de bonos de ayuda social para ser distribuidos en el periodo electoral.
¨En un hecho sin precedente en la historia electoral de toda Latinoamérica, el partido oficialista ha hecho la mayor subasta pública y ejecutado la compra descarada, incluso de candidatos inscritos en lugares en donde el candidato de gobierno carecía de posibilidades para ganar el certamen electoral, haciendo uso de los recursos que dispone del Estado; en algunos casos hasta 24 horas antes de las elecciones municipales; y en otros hasta 24 horas después de vencido el plazo para inscribir candidatos, para de esa manera provocar que la oposición deje la boleta vacía o improvise una nueva candidatura¨, enfatizó
Indicó que en adición al uso y abuso de los recursos públicos, hay otro aspecto de singular importancia, y es la presencia en el certamen electoral de recursos ilícitos, tanto de origen estatal como los provenientes del narcotráfico.
¨En efecto, la semana pasada un tribunal de los Estados Unidos de América, acaba de condenar a un diputado electo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, por el delito del tráfico ilícito de drogas hacia los Estados Unidos. Dicho ciudadano, que admitió su culpa, en informaciones servidas por él mismo en redes sociales, hizo saber que en las elecciones del 2020, que resultó electo, él financió la campaña electoral del partido de gobierno en la provincia de Santiago de los Caballeros y en todo el Cibao. En este caso no se trata de una simple denuncia, sino de la admisión y la emisión de una sentencia de un tribunal de los Estados Unidos de América. En cualquier país medianamente democrático este hecho tendría consecuencias¨, puntualizó-
Señaló que hay más candidatos, incluso de funcionarios estatales, que actualmente están siendo investigados por narcotráfico. Esto coloca a la oposición en una muy difícil situación, ya que debe enfrentar no solo el uso de los recursos públicos, sino también el impacto que tiene la presencia en el oficialismo de una cantidad tan exagerada de personas condenadas, acusadas o imputadas por el propio Ministerio Público designado en esta gestión, de ser parte del mundo del narcotráfico¨
Explicó la alianza opositora que precisamente, este panorama es que ha movido a los partidos de oposición en su conjunto, a requerir de la Junta Central Electoral un papel más activo en garantizar los principios de igualdad y equidad, hasta ahora ausentes en todo el proceso electoral.

 

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El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró inamisible el recurso interpuesto por la defensa de José Ramón Peralta, mediante el cual se buscaba dejar al exministro administrativo de la Presidencia fuera del caso Calamar.
Mediante una instancia, los abogados defensores acusaron al Ministerio Público de abuso y deslealtad procesal, por supuestamente ocultar informaciones y suministrar incompletas algunas de las pruebas y por esas razones buscaban la nulidad de la investigación preparatoria.
De acuerdo con declaraciones de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), la jueza Franchesca Potentini tomó la decisión a solicitud del Ministerio Público y entender que los señalamientos del exfuncionario no pueden ser certificados hasta tanto no se entregue la acusación formal contra los imputados.
El procurador adjunto señaló que esa acusación será entregada "en el menor tiempo posible".
"ocular y utilizar a medias" las declaraciones del testigo Bolívar Ventura, empresario que, según el expediente, sus empresas forman parte de la red que estafó al Estado con más de 19 mil millones de pesos.
La instancia depositada ante el tribunal indica que Ventura fue interrogado el 9 de diciembre de 2022, y que posteriormente fue colocado como testigo a cargo para sustentar la solicitud de medida de coerción en contra de Peralta; indicando que el Ministerio Público "ocultó" a la defensa de Peralta que el mismo también fue interrogado el 27 de diciembre de 2021.
Peralta actualmente se encuentra bajo impedimento de salida y presentación periódica, medida de coerción que le fue impuesta en noviembre tras ser variada la prisión preventiva que le fue dictada inicialmente en abril del 2023.
El exministro administrativo de la Presidencia está acusado de utilizar al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.

 

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El Senado de la República aprobó en segunda lectura una modificación a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, con la que se extendió a dos años la vigencia de la licencia en estos artefactos. La reforma a la pieza legislativa depositada por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alexis Victoria Yeb, establece una modificación a varios artículos y algunos literales.
Sin embargo, la aprobación absoluta de esta modificación a la ley en el Congreso Nacional dependerá enteramente de la Cámara de Diputados, donde será depositada y estudiada por los congresistas.
Tal es el caso del artículo 21, en el cual indica que las licencias otorgadas al amparo de la presente ley se emitirán de forma “individualizada” y son de carácter “intransferible”.
“Las licencias tendrán vigencia de dos (2) años. La renovación de las licencias será a solicitud del titular de forma personal e intransferible y se efectuará cuando se haya vencido, por cambio de dueño, deterioro o pérdida de la misma, siempre que no existiese ninguna de las causales de inelegibilidad”, indica el primer párrafo de este artículo.
Además, específica que las licencias que no hayan sido renovadas en la fecha correspondiente pagará un recargo equivalente a un 3% mensual sobre el valor del importe de la licencia y las autoridades policiales podrán proceder a incautarla.
El tercer párrafo de esta ley destaca que al momento de expedición de las licencias, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) deberá tomar las huellas biométricas del solicitante.
Asimismo, según expresa el documento legal, el MIP podrá regular el registro y las características físicas del arma utilizando tecnologías de balística forense.
Mientras que en el artículo 14 de esta ley plantea la modificación de los literales “d”, del primer numeral, y “e”, del segundo numeral, en los cuales aborda requisitos para que los ciudadanos tengan una condición hábil de optar por un arma de fuego.
“Presentar cada dos años los resultados de la prueba antidopaje y alcohol realizadas en un laboratorio acreditado y certificado por el MIP”, ordenan ambos literales.
El total de los votos al momento de conocer la segunda lectura de este arreglo legislativo, aprobado el pasado 19 de marzo en primera lectura por el Senado, fue de 22, con 18 a favor y 4 rechazos.
Con relación a los votos emitidos para no permitir la extensión a la licencia del porte de armas, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, instruyó a los secretarios a “constar en acta” la decisión de la legisladora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, por petición.

 

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Este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reanudó los trabajos de sesiones que estaban paralizados tras la muerte de su hijo, Luis Alfredo Pacheco, quien falleció en medio de un tiroteo en Texas, Estados Unidos. Al agradecer los mensajes de apoyo y solidaridad que ha recibido tras su pérdida, Pacheco expresó que sin importar la circunstancias, el compromiso de los padres va dirigido hacia sus hijos.
"Y como dice una famosa canción: familia es familia y cariño es cariño", manifestó el presidente de los diputados al citar la famosa salsa "Amor y Control", de Rubén Blades.
Antes de dejar iniciada la sesión, agradeció "infinitamente" a todos los diputados y diputadas que se han solidarizado con su causa tras la muerte de su hijo Luis Alfredo.
También, expresó que aunque el momento personal que vive actualmente es difícil, reanudó sus trabajos en el Congreso porque "el servicio público no puede paralizarse sin importar las circunstancias".
"No podemos parar el compromiso con el pueblo por una situación personal", manifestó visiblemente cabizbajo el legislador al citar casos de artistas que han seguido sus espectáculos a pesar de atravesar un duelo.
Asimismo, dijo que no tiene otra alternativa que continuar trabajando en el Congreso y a nivel político porque así cumple con el deber por el que fue elegido.
En su breve discurso durante la sesión, Pacheco siguió agradeciendo a los empleados de la Cámara de Diputados, políticos, legisladores, funcionarios y empresarios que le expresaron el pésame y anunció que les responderá a todos oportunamente.
Al final, sostuvo que se ha mantenido en contacto con las autoridades del Senado para que los proyectos ni las agendas se retrasen por sus situaciones personales.

 

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En julio del año 2023 el presidente Luis Abinader ordenó la realización del Primer Censo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado Dominicano, del que diez meses después no se han obtenido datos de resultados finales. Los anuncios que le han seguido, hasta septiembre del 2023, informaron que el proceso avanzaba en un 96 por ciento, lo que dejó entredicho que se encontraba casi listo; sin embargo, a la fecha no han sido publicados los datos finales ni ha habido anuncio oficial de su proximidad.
Según informó el director de Bienes Nacionales, y ejecutivo honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y CORDE, Rafael Burgos Gómez, con lo que se había contabilizado hasta ese momento, el Estado dominicano contaba con 43,207 bienes inmuebles con un valor en el mercado de RD$450,000 millones.
Según Burgos, el censo arrojó datos que antes no habían sido conocidos sobre la cantidad y valor de las propiedades de República Dominicana en el área gubernamental. De acuerdo con sus declaraciones, las instituciones del Estado son 740, de las que 332 son del gobierno central, y a ese momento restaban cinco por entregar las informaciones.
Además, dijo que, de los 393 cabildos, restaban por proporcionar lo pedido 268, pero se aspiraba a completarlos en el mismo mes de septiembre.
En general, todo lo que restaba eran trabajos de la parte intangible, como concesiones, franquicias, licencias, permisos, valores, que cuentan con un patrimonio extraordinario para el Estado dominicano.
Asimismo, Burgos explicó que las propiedades del Estado también incluyen todas las del gobierno central y entidades descentralizadas, como ayuntamientos, Banco Central, Poder Judicial, Legislativo, entre otras que fueron de los primeros en presentar sus informaciones.
Para este proyecto se diseñó un plan de ejecución en el que se incluye la implementación de una tecnología especializada para el ‘almacenamiento, seguimiento y control de la información obtenida, lo que permitiría un sistema de gestión con un manejo eficiente y continuo de los datos.
De tres fases claves para el desarrollo, la primera se concentrará en el levantamiento de información de todas las propiedades estatales; la segunda fase en la contabilidad física de los bienes, lo que se supone permitió confirmar y complementar la obtenida la primera parte; y una tercera, que fue señalada como la única que resta, en la que se presentaría lo obtenido.
“En una visión a futuro, se espera que este censo facilite la creación de normativas que aseguren la automatización del sistema. De este modo, todos los bienes adquiridos por el Estado dominicano se registrarán mensualmente en tiempo real, al igual que los bienes que salgan del sistema estatal”, se había informado.


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