La Cámara Penal Unipersonal del Tribunal de Primera Instancia de aquí condenó a un año de prisión suspendida al empresario Luis Manuel Brache por contaminación al río Jamao al Norte. Dispuso también la cancelación del permiso ambiental de Brache, quien además deberá pagar 15 millones de pesos e impartir charlas a los porcicultores y restaurar el daño ocasionado al importante afluente.
Conforme la acusación, durante ocho años, la empresa de Brache descargó al río Jamao al Norte los desechos de 7, 200 cerdos, afectando de manera considerable la salud, la economía de las comunidades y la biodiversidad.
Agrega que «esas afectaciones arrojaron resultados positivos a la bacteria E. Coli, de acuerdo a un análisis de microbiología realizado por el Instituto Pecuario Dominicano».
La querella contra Brache fue interpuesta por más de 20 instituciones y personas que se constituyeron en actores civiles y reclamaron justicia por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Los abogados consideran que la condena lograda no es proporcional al daño causado al río más importante de la provincia Espaillat. Aspiraban a que la justicia mantuviera el mismo valor que la medida de coerción real solicitada contra Brache y la empresa Proyecto Porcino LB SRL., ascendente a 100 millones de pesos.

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La comisión especial de diputados encargada de estudiar el proyecto del Código Penal decidió elaborar y presentar un informe de gestión en el que incluye alrededor de 16 modificaciones a la iniciativa. El informe de gestión será presentado en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados ya que el plazo venció ayer miércoles y, por tanto, la comisión está obligada a concluir con el análisis de la pieza.
De acuerdo con los reglamentos congresuales, un informe de gestión es un documento en el que las comisiones informan sobre el avance o el estado de los proyectos que están bajo su responsabilidad, pero sin recomendar la aprobación o rechazo de las iniciativas.
El método de los informes de gestión, como el que se presentará para el Código Penal, permitirá que el polémico proyecto "no se muera" en las comisiones congresuales y que un nuevo equipo de legisladores lo siga examinando a partir del 16 de agosto.
La oposición, que no firmó el informe, calificó la acción como "una irresponsabilidad" de los miembros oficialistas del equipo ya que, a su parecer, el Código Penal está listo para ser aprobado.
De acuerdo con la diputada Fior Peguero, quien es miembro de la comisión especial, los 16 cambios incluyen modificaciones a los artículos referentes a la deportación, la requisa policial de vehículos, los entes exentos de responsabilidad penal y otras modificaciones "de forma".
El proyecto original del Código Penal prohibía a los agentes policiales a hacer requisas en vehículos sin la orden de un juez, pero los diputados decidieron modificar el punto para permitir que los uniformados revisen automóviles "en casos excepcionales".
Otro cambio realizado al proyecto fue la aclaración total del artículo que versa sobre los entes de responsabilidad penal para aclarar que las entidades favorecidas no pueden ser acusadas por los delitos particulares que cometan algunos de sus miembros. Los entes sin responsabilidad penal, según el código, son las iglesias, el Estado y los ayuntamientos.
Los artículos más conflictivos referentes a la interrupción del embarazo o la discriminación a la comunidad LGBTIQ+ fueron dejados como lo aprobó el Senado.
Los diputados Fior Peguero y Luis Henríquez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresaron que el equipo ya concluyó sus trabajos dejando "un código garantista y listo para su aprobación", pero destacaron que no firmaron el informe de gestión por ser "un documento irresponsable".
Ambos manifestaron que el documento de gestión "es una excusa" para no aprobar el Código Penal en una segunda lectura.
El proyecto del Código Penal, tras ser aprobado en el Senado, fue detenido en la Cámara de Diputados tras las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien alegó que la pieza "necesita leerse y consensuarse más".
 

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La República Dominicana redujo el hambre en un 55 por ciento en tres años, según el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), afirmó hoy el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.
El funcionario destacó que el índice de subalimentación experimentó también una notable reducción, al pasar de un 8,3 por ciento en el año 2020 a un 4,6 en el 2023.
Aseguró que este avance es el resultado de políticas públicas enfocadas en los sectores más estratégicos.
«Por ejemplo, el sector agropecuario, con el respaldo continuo del Ministerio de Agricultura, ha mantenido estable la disponibilidad de productos esenciales y aumentado la producción de alimentos clave», detalló.
Añadió que las políticas crediticias del Banco Agrícola han sido también fundamentales para mantener la producción nacional por encima del consumo.
Este logro es posible, gracias al fortalecimiento del programa de alimentación escolar, la ayuda social a través del programa Supérate, la ampliación de los comedores económicos y los mercados populares de Inespre, que han sido cruciales para mejorar la distribución de alimentos.
Todo ello permitió alcanzar a más de 1,5 millones de familias vulnerables en el país, acotó Figueroa, al tiempo que consideró que el camino correcto es continuar apostando por los apoyos focalizados.
«Hoy sabemos que trabajando unidos podemos lograr la meta de hambre cero en la República Dominicana. Es posible asegurar una dieta saludable y suficiente para todos. Juntos, podemos lograrlo», recalcó.
 

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Ejecutivos de las empresas embotelladoras de agua purificada se reunirán mañana viernes con Pro Consumidor para coordinar las acciones tendentes a proteger los botellones de agua del sol y ya comenzaron a tomar medidas. Aunque en el país se estima que operaran más de 1,200 plantas, el Ministerio de Salud Pública informó que 251 tienen registro sanitario.
La información de la reunión la confirmó a Listín Diario el presidente de la Asociación Dominicana de Procesadoras de Agua ( Adoemproagua), Henry Sánchez, quien dijo que será con Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor, a las 10:00 de la mañana.
Esto a raíz de los reportajes que ha publicado este diario donde muestra que el agua embotellada que toma gran parte de la población dominicana está expuesta a los rayos ultravioleta, lo que desprende microplástico y propaga bacterias y otros elementos dañinos a la salud.
“Los colmados que tengan espacios para poner los exhibidores dentro van a tener que entrarlos y los que no tienen espacio se les va a poner alucín plano para taparlos y que no se exponga el agua al sol. Como procesadores ya estamos trabajando en eso. Ya el viernes lo que vamos a afinar informaciones entre la institución y nosotros y hacer las cosas como deben de hacerse”, expresó Sánchez.
Cuando los vehículos llegan a la plantas, los botellones se colocan en el área de lavado y luego salen en el área de despacho, pero mayormente en las áreas de despacho están en área techadas.
A los vehículos se le hará una cama de alucín arriba para proteger el agua del sol y en los lados los cubrirán con un banner con la publicidad de las plantas.
“Nosotros reconocemos que se hizo un estudio donde dice que los rayos ultravioleta, cuando el agua es expuesta al sol dentro del botellón, una cantidad de hora, dañan el agua; yo estoy de acuerdo con eso”, agregó Sánchez.
Dijo que ellos siempre han estado envueltos en luchas de intereses, y que como micro, pequeña y medianas empresas, que como federación agrupan a 250 plantas procesadoras, se mantienen recibiendo talleres de buena prácticas para que el producto se mantenga de calidad.
La Asociación de Industrias de Purificadora de Agua de la región del Cibao (Aiparc), defendió el proceso de purificación, almacenaje y distribución del líquido que suplen las 52 empresas de 14 provincias de la zona que conforman ese gremio.
“Nuestras envasadoras se alinean a la buena práctica, desde el 2021 es una práctica en el Cibao que los lugares vulnerables, con mayor exposición solar, los anaqueles donde se colocan los botellones estén cerrados”, afirmó a Listín Diario la directora ejecutiva de Aiparc, Paloma Rodríguez.
Aseguró que en las plantas los almacenes no están abiertos y las botellas no son expuestas al sol, aunque admitió que sus camiones son abiertos, por cuestión de facilidad para desmontar los botellones.
Dijo que esas empresas están comprometidas con la calidad del producto que llega a cada uno de los consumidores y ellos, en el Cibao, son fiscalizados constantemente tanto por el Ministerio de Salud Pública como por Pro Consumidor.
“Aquí sí hay fiscalización en el Cibao en todas las provincias, tanto de Salud Pública como Pro Consumidor, incluso de una manera a veces incisiva, podríamos decir”, apuntó Rodríguez.
Agregó que todas las plantas envasadoras deben tener almacenes cerrados y que los botellones que vienen estériles y las botellitas, que son “esterilizadas nuevamente” están en lugares donde no accede todo el mundo.
“Esas son áreas que jamás son abiertas, jamás son expuestas al sol. No entiendo de donde vino esa información, pueda que haya sido el caso de una planta, pero dudo mucho porque aquí en el Cibao no”, puntualizó Rodríguez.
 

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En República Dominicana se estima que 84,000 personas viven con el VIH o virus del Sida, de los cuales 81,000 son adultos y 2,800 son niños y niñas. El 62% de las personas que viven con el VIH reciben tratamiento con antirretrovirales, de los cuales, el 78% ha logrado la supresión del virus en su cuerpo.
Mientras, en 2023, se registraron 4,048 nuevas infecciones de VIH en adultos, para una disminución de siete por ciento entre 2010 y 2023 y se reportaron 1,400 muertes
Los datos están contenidos fueron resaltados por Bethania Betances, directora País de ONU-SIDA, al dar a conocer los detalles del reciente Informe Mundial sobre Sida publicado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para VIH/SIDA (ONU-SIDA), titulado “la urgencia del ahora: El sida frente a una encrucijada”.
El informe destaca la importancia de fortalecer los derechos humanos y aumentar los recursos para alcanzar la meta de eliminar la pandemia de sida como amenaza a la salud pública para 2030.
Betances expresó que el informe sustenta que el acceso a medicamentos antirretrovirales ha alcanzado un hito histórico en la salud pública al reducir a la mitad las muertes por sida desde 2010, pero que de los 39.9 millones de personas que viven con el VIH en el mundo, más de 9.3 millones necesitan acceder al tratamiento.
“Este Informe plantea la urgencia de duplicar los esfuerzos para eliminar barreras de acceso a servicios de prevención y tratamiento de VIH, especialmente para poblaciones que se están quedando atrás, producto de las desigualdades y exclusión social, quienes representan el 55 por ciento de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial”, indicó Betances.
Para Betances un aspecto clave del informe está referido a que, aunque globalmente se han reducido las infecciones entre niños, persisten brechas importantes que obstaculizan los esfuerzos para eliminar el sida infantil para 2030, dado que solo el 57% de los niños de 0 a 14 años reciben tratamiento a nivel mundial.
Explicó que, acorde a la actualización de la situación mundial del sida, 120,000 adolescentes y 36,000 mujeres jóvenes contrajeron el VIH en 2023, subrayando la necesidad urgente de abordar la violencia, la discriminación de género y la eliminación de barreras legales y estructurales que afectan la salud de estas poblaciones.
La funcionaria de las Naciones Unidas, resaltó que la publicación, indica que el progreso más significativo reportado contra el VIH, se ha observado en los países que han invertido adecuadamente en respuestas al VIH y que han reformado políticas para mejorar el acceso a servicios esenciales.
Dijo que para poner fin a la pandemia del sida se requieren recursos adecuados y sostenibles, así como un entorno legal que facilite el acceso a servicios de VIH efectivos, equitativos y centrados en las personas, ya que la creciente brecha de financiación está frenando la respuesta al VIH en países de ingresos bajos y medianos.
La financiación nacional en países de ingresos bajos y medios, que representan el 59 por ciento de los recursos totales para el VIH, han sido restringidos en los últimos años.
"El Informe “La urgencia del ahora: El sida frente a una encrucijada”, hace un llamado en este momento de grandes retos para encaminar la respuesta al VIH por senderos de éxitos, debido a que las acciones sobre derechos y recursos, definirán el triunfo en el cumplimiento de los compromisos para salvar millones de vidas", apuntó Betances.
 

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El presidente Luis Abinader recibió este miércoles en el Palacio Nacional una amplia comisión de asambleístas que le entregó la resolución acreditándolo a él y a la vicepresidenta Raquel Peña como mandatario y vicemandataria electos para el período 2024-2028. El acto, encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y una alta comisión de asambleístas, se realizó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.
Una nota de prensa de la Presidencia destaca que, al recibir la resolución, el presidente Abinader agradeció el gesto de los congresistas y afirmó que siempre defenderá la Constitución de la República Dominicana y las leyes del país cada día y en cada momento para mantener la institucionalidad y para que la nación sea más democrática.
"Gracias por cumplir con esta formalidad, que tiene mucha significación y es el resultado de una sociedad madura y democrática. Me siento muy orgulloso de ser el presidente de todos los dominicanos, también de la oposición y del partido de gobierno", manifestó el mandatario.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sostuvo que en el día de hoy se da cumplimiento al artículo 120 de la Constitución y al reglamento del Senado para el período del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña para el período 2024-2028.
Informó que en la asamblea se aprobó la resolución para que la juramentación del presidente y la vicepresidenta se realice en el Teatro Nacional y no en el Congreso Nacional.
 

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El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, anunció que los agentes de la Policía que patrullan las calles, contarán con un seguro de vida con cobertura de un millón de pesos en caso de fallecimiento, inhabilitación parcial o total. Durante el acto de presentación de memorias institucionales del período 2020-2024 del Ministerio de Interior y Policía, encabezado por el presidente Luis Abinader, Vásquez Martínez argumentó que la disposición salda una deuda histórica del Estado con los miembros de la uniformada.
Agregó que la primera etapa del proceso de transformación y profesionalización de la Policía Nacional inició con el aumento de los salarios, mejoras en la infraestructura y reestructuración del sistema educativo.
Explicó que el proceso de dignificación de la labor policial se está llevando a cabo a través de la mejora salarial y el otorgamiento de diversos beneficios y facilidades para cada uno de sus miembros, que pasaron de ganar, en agosto del año 2020, RD$10,150 pesos mensuales, a ganar tres años más tarde, en octubre del año 2023, RD$29,026 pesos, un monto superior incluso a los US$500 dólares prometidos al inicio de la gestión.
Además, el funcionario destacó los resultados de la acción coordinada de todas las organizaciones anticrimen del Estado, que lograron reducir la tasa de homicidios de 13.16 en el 2022 a 11.48 en el 2023; y a 9.87 homicidios por cada 100 mil habitantes hasta el mes de julio de este año, a través de los operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta a nivel nacional, desarrollados dentro del “Plan de Seguridad Ciudadana.
“En la actualidad los policías de la República Dominicana cuentan con diversos beneficios, entre ellos: de tener un seguro subsidiado, ahora tienen un seguro médico del Servicio Nacional de Salud (Senasa) Máximo, al mismo nivel de los altos cargos del Ministerio de Interior y Policía; transporte gratis; acceso a becas estudiantiles para los policías y sus hijos y créditos familiares”, resaltó.
Así mismo, llamó a todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, iglesias, empresariado y la sociedad civil, para hacer un gran pacto nacional por la paz, la educación y por una mejor convivencia.
El ministro Jesús Vásquez Martínez resaltó la recuperación de 19,131 armas a través del “Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones”, que tuvo una vigencia inicial de 180 días.
 

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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura un proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar que, entre otros aspectos, prohíbe que en las cafeterías de los centros educativos vendan refrescos y alimentos procesados. El proyecto es autoría de la diputada Nelsa Soraya Suárez y establece que las cafeterías tendrán prohibida la promoción, expendio o venta de productos ultraprocesados, con alto contenido de azúcares o sodio, así como las bebidas azucaradas "que no sean saludables para la niñez".
"Los alimentos que se consuman en las escuelas deben cumplir su papel de proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo físico e intelectual de los niños", argumenta el proyecto en su artículo 31.
La pieza congresual también establece que los alimentos que consuman los niños en las escuelas deben ser preparados en los mismos centros educativos, por lo que las autoridades educativas deberán proveer las instalaciones físicas necesarias.
En caso de que las escuelas no cuenten con los espacios adecuados, las cocinas escolares no deben sobrepasar los mil metros de distancia del centro educativo.
Con la medida, el proyecto "busca garantizar un mejor control, suministro y de calidad, así como prevenir cualquier riesgo de contaminación por alimentos".
Hasta que todas las cocinas estén instaladas en las escuelas, los proveedores externos de comida seguirán ofreciendo sus servicios con normalidad, de acuerdo con la pieza.
El artículo 57 de la iniciativa expresa que los centros educativos darán preferencia a la adquisición de alimentos agropecuarios dentro de las propias localidades en que se encuentren las escuelas.
Esa orden permitirá que, según el proyecto, se garantice la agricultura familiar y el respeto a la cultura alimentaria a través de los productores locales.
La iniciativa que aprobaron los diputados también enumera una serie de infracciones contra los directores de escuelas que den "mal uso" de los recursos destinados para la alimentación escolar.
Además, se sancionaría a los proveedores que hayan ganado alguna licitación de alimentos mediante actos fraudulentos y a aquellos que ocasionen daños en la salud de los niños por falta de calidad en sus productos.
El proyecto ahora pasa al Senado para su evaluación y posterior sometimiento al Pleno.
 

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