Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenciaron a Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, 15 años de prisión. Mientras que Allyson de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) fue sentenciado a 30 años de cárcel y Luis Alberto “Luisito” Brito 20 años.
Estas condenas fueron emitidas por las juezas Claribel Nivar, Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo.
Joshua falleció el pasado 16 de abril de 2023, a causa de un disparo en la cabeza mientras subía a un vehículo cuando salía de una discoteca ubicada en el ensanche Naco del Distrito Nacional, a la edad de 19 años.
Por el crimen, el Ministerio Público solicitaba condenar a 30 años de prisión a El Dotolcito, mientras que para Chiquito y Brito Troncoso pidió que fueran sentenciados a 40 años de prisión.
El Ministerio Público acusaba a El Dotolcito de violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.
Mientras que, Chiquito fue acusado de violar 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.
En tanto, al imputado Luisito le señalaba por violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano. 

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El Ministerio Público desmintió ayer las declaraciones de la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, en el sentido de que el Consejo Superior del órgano persecutor libró a su cliente de una posible condena por el manejo irregular de los recursos de la institución durante 2016-2020. El órgano persecutor recordó que el exprocurador Rodríguez Sánchez, es el principal acusado en el expediente instrumentado a raíz de la Operación Medusa, donde se le atribuye dirigir supuestamente un entramado de corrupción administrativa que desfalcó al Estado con más de 6,000 millones de pesos.
“Es penoso que la defensa de Jean Alain Rodríguez trate de confundir a la opinión pública, olvidando que toda la población sabe que lo único que hizo el Consejo Superior del Ministerio Público, que el propio acusado presidía, fue recibir su rendición de cuentas”, sostuvo.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público indicó que los abogados saben que el Consejo es un órgano de gobierno corresponsable de una determinada administración, “jamás un órgano de investigación o un tribunal que juzgue delitos cometidos por un determinado gerente y por los que el o los responsables tendrían que responder ante los tribunales”.
“Ellos saben que es totalmente natural que, al recibir informes de carácter administrativo, un consejo certifique que recibió esos informes, que es una forma de certificar que el que hizo las ejecutorias tenía facultades legales para encaminar esas gestiones”, indicó.
“Los abogados del acusado podrían ser un poco más creativos, porque solo están erigiendo argumentos que, además de inválidos, solo podrían verse como un intento temprano de ‘auto descargo’ de un funcionario que planificó los actos de corrupción que cometía y que, por su condición de titular y por la forma de ejercer esa titularidad, siempre tuvo conocimiento de las consecuencias legales que esos actos le traerían”, resaltó.

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La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron acusación formal en contra de miembros de una red criminal de testaferros y prestanombres, que lideraba Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y su esposa Rosa Amalia Pilarte López. La acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.
Los acusados, quienes son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, (diputada que enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, por lavado de activos provenientes del narcotráfico), hicieron aparentar ser los socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de veinte (20) inmuebles, entre los que se destaca la mansión actual donde reside Miguel Arturo López Florencio y su familia.
La acusación presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, los cuales están valorados en Ciento Ochenta y Tres Millones, Trescientos Ochenta y Seis pesos dominicanos RD$183,386,000.00 y cuyo oficio de Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa, respectivamente.
De igual manera, la información financiera arrojó movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a 2019, tuvo entradas de dinero ascendentes a Doscientos Cincuenta Millones Setecientos Doce Mil Seiscientos Cuatro pesos con Sesenta y Cinco centavos RD$250,712,602.65, para un total de Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro pesos dominicanos con Sesenta y Cinco centavos RD$434,098,604.65.
El Ministerio Público identificó las conductas de los acusados en la violación a las disposiciones de los artículos 2, numeral 11, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6; 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, así como la Ley 83-02 que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.
El equipo de fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García Martínez, procuradora fiscal titular de La Vega, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación, así como la relación entre cada uno de ellos.
Por su parte, el fiscal investigador, licenciado Claudio Cordero Jiménez, estableció que se realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecidos.
El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, mediante el cual informó que se encuentran incautados todos los inmuebles identificados en la investigación y son solicitados en decomiso, para un eventual juicio.

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El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto que modifica la Ley 42-01 General de Salud, para que el Estado disponga la creación de unidades de atención mental y centros de rehabilitación psicosocial en las principales provincias del país. La iniciativa, del senador Franklin Peña por San Pedro de Macorís, modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 42-01 para establecer la provisión de redes de atención comunitaria, como viviendas, tutelas, hogares de paso, hospital de días y para el seguimiento ambulatorio a través de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC).
Dice la normativa en el párrafo del artículo 18, que "es un deber del Estado propiciar hospitales de salud mental, centro de rehabilitación psicosocial en las principales provincias. La propuesta pasa a la Cámara de Diputados para su ponderación.
El artículo 36 expresa que el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención.
Agrega el numeral 3, que se debe proporcionar a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona; en tanto, el numeral 6 precisa que "la atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
"El Estado proveerá atención en salud mental a personas vulnerables, en conflicto o no con la ley, sin distinción de edad, nacionalidad, patrimonio, sexo o religión", precisa la iniciativa.

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El Ministerio dominicano de Educación deploró que la paralización de docencia a nivel nacional convocada para este martes por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) haya afectado a cientos de escuelas y liceos públicos. El Minerd sostuvo que se reportó una asistencia estudiantil de hasta un 85% y mostró su preocupación por el impacto negativo que los paros de clases de la ADP tienen en las escuelas.
Sostuvo que de esta manera el gremio magisterial incumple al “Acuerdo Minerd-ADP 2023 por la Defensa y Derecho a la Educación”, firmado entre ambas partes el 24 de julio de 2023.
De acuerdo con el Informe de Asistencia Diario correspondiente a este martes, cientos de centros contaron con la asistencia de hasta el 85.42% de los estudiantes; 55.86% de los docentes; 87.40% del personal administrativo; y hasta el 84.92% de monitores.
El órgano rector del sistema educativo preuniversitario reiteró que está abierto al diálogo con el gremio magisterial a fin de llegar a un acuerdo sobre el monto del incremento de salario que ambos acordaron poner en vigencia este año.
Sin embargo, la institución rechazó que se vulnere el derecho a la educación de más de 2.6 millones de estudiantes de los niveles Inicial, Primaria, Secundaria y en la Modalidad de Adultos debido a la paralización de docencia.

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