El programa gubernamental de protección social Supérate informó ayer que fueron sancionados de manera temporal los 57 beneficiarios y beneficiarias de subsidios que el pasado mes de agosto cedieron sus tarjetas. Explicó que las tarjetas fueron cedidas a Brayan Eduardo Lorenzo, imputado por el delito de violación a las disposiciones contenidas en los artículos 5 y 6, párrafos I, 7, 10 de la Ley 53-07 Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 405 sobre estafa contra el Estado del Código Penal Dominicano, en perjuicio del Estado dominicano y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).
En un comunicado de prensa, Supérate precisa que esta penalidad, con duración de cuatro meses, está contenida en la tabla 14 de su Manual Operativo, el cual establece las suspensiones que pueden determinarse en los procesos operativos que realiza de manera exclusiva la institución, como el caso en cuestión en que titulares de la tarjeta cedan o vendan el medio de pago.
Refiere que, según el Manual Operativo, los hogares participantes que incumplan las acciones de corresponsabilidad a los servicios de salud y educación, serán sancionados con la suspensión del pago de las transferencias monetarias condicionadas del programa “Aliméntate” cuando se presente incumplimiento a los servicios de salud por cuatro meses.
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La Dirección General de Pasaportes anunció la apertura de más de 70 mil nuevas citas presenciales en sus oficinas a nivel nacional, para la solicitud o renovación del documento de viaje durante el mes de septiembre. Las citas están disponibles a través de la plataforma en línea www.citas.pasaportes.gob.do, permitiendo a los usuarios seleccionar la fecha, hora y oficina de su preferencia en un tiempo estimado de 24 horas.
“La disponibilidad de citas inmediatas era una necesidad de la población que atendimos a nuestra llegada a la institución, porque sabemos lo importante que es para los ciudadanos contar con espacios disponibles que faciliten la obtención del pasaporte”, expresó Lorenzo Ramírez, director de la entidad.
Ramírez explicó que el proceso se ha simplificado para garantizar mayor rapidez y comodidad a los usuarios, a través de un Botón de Pago enlazado con la Tesorería Nacional, que permite realizar el procedimiento tanto con tarjeta de crédito o débito, como con el recibo bancario del Banco de Reservas.
El funcionario exhortó a la ciudadanía a aprovechar estas nuevas plazas y a realizar su cita con anticipación para evitar contratiempos que puedan afectar su itinerario de viajes.
Reiteró a los ciudadanos que deben presentarse a su cita con solo 15 minutos de antelación, ya que el sistema está “parametrizado” para brindar asistencia de acuerdo con el horario de la cita escogido por el usuario, a fin de evitar retrasos en el servicio.
Asimismo, recordó que el proceso para la obtención del pasaporte es personal, con excepción de los menores de edad que deben acudir acompañados del padre, madre o tutor legal que realizó la solicitud.
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Después de más de ocho meses de conversaciones, la comisión conformada por distintos sectores del periodismo, la sociedad civil, empresarios, el Gobierno y juristas, alcanzó un acuerdo en torno a los puntos a reformar de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a la que se señaló que violaba la libertad de expresión. En una plenaria realizada en la sede del periódico Listín Diario, en el sector Miraflores del Distrito Nacional, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado Sánchez, expresó que se logró construir una versión que permite corregir las ambigüedades de la normativa.
"Esta tarde hemos estado reunidos aquí después de una jornada larga de trabajo con la comisión de abogados, para comunicarles que finalmente hemos llegado a un acuerdo para someterle al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio a la ley que crea el DNI", fueron las palabras introductorias de Maldonado Sánchez.
Las modificaciones a la ley vigente serán sobre los artículos 1, 2, 9, 11 y 26.
La pieza, que entró en vigencia en enero pasado, ha sido cuestionada por alegadamente violar los artículos 44, 49, y 69 de la carta magna, que consagra los derechos a la intimidad y el honor y la libertad de expresión e información, entre otros puntos.
El presidente de la SDD indicó que los ajustes realizados van a satisfacer las inquietudes que se despertaron en cada uno de los sectores representados en la comisión, por lo que estas reformas buscan construir una versión de la pieza mucho más cercana a la Constitución de la República.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, afirmó que el presidente de la República está cumpliendo con su palabra de acogerse a las sugerencias de esta comisión para buscar una salida constitucional a la ley que crea la DNI.
"Como dije el primer día, nosotros impulsamos esta ley bajo la convicción de que la misma es acorde con el marco constitucional, pero si hay una insinuación de que esto puede ser mejorado y precisado, nosotros estamos dispuestos acogernos a eso y eso estamos haciendo aquí esta tarde", declaró Peralta.
Ante este y otros puntos, el Gobierno se ha mostrado de acuerdo, por lo que en los próximos días estará depositando las modificaciones a la ley ante las cámaras legislativas del Congreso Nacional para que se sometan las reformas sugeridas, confirmó Peralta. En la reunión, la comisión de cuatro abogados rindió su informe con los ajustes de lugar en los artículos donde no quedaba claro que la actuación de la Dirección Nacional de inteligencia debería estar precedida de una autorización judicial.
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El proyecto de ley que busca modificar el Código Tributario para evitar que las microempresas sigan pagando el anticipo anual a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) fue reintroducido este miércoles por el senador Omar Fernández. Fernández es senador del Distrito Nacional por el opositor partido Fuerza del Pueblo (FP).
La propuesta de ley tiene como objetivo reducir la carga fiscal de los emprendedores facilitando su formalización y crecimiento, es un paso clave en la agenda del Senador Fernández, quien está enfocado en promover el crecimiento económico inclusivo y el bienestar social.
El proyecto fue remitido de inmediato a la comisión de Hacienda, donde se espera que su impacto sea ampliamente discutido en las próximas sesiones legislativas, refiere una nota de prensa del departamento de comunicaciones del legislador.
El proyecto plantea, además, que el pago del anticipo que hacen las pequeñas y medianas empresas sea readecuado para estimular la economía con la creación y sostenibilidad de nuevas empresas.
En una nota de prensa, señala que el anticipo es un pago obligatorio al Impuesto sobre la Renta (ISR) que se debe realizar conforme a las proyecciones de ganancias que tenga una empresa.
El legislador explicó que ese impuesto descapitaliza permanentemente a las empresas, colocándolas en riesgo constante de quiebra.
“Las microempresas, que son unidades económicas con menos de diez empleados, estarían exentas de pagar este anticipo, mientras que las pequeñas y medianas empresas, que alcanzan hasta los 250 trabajadores, pagarían el anticipo tras un cálculo de impuestos liquidados en un 50 % en sus operaciones del año anterior”, detalla el documento.
Al depositar el proyecto, Fernández expresó que el Estado recauda alrededor de 9,000 millones de pesos mensualmente por concepto de pago de anticipos. De esta cantidad, algunos 900 millones de pesos son pagados por las micro y pequeñas empresas.
Durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado, celebrada el este miércoles 11 de septiembre, Fernández motivó el proyecto de ley estableciendo que más del 90 % de los ingresos que recibe el Estado por concepto de anticipo proviene de las grandes empresas, las cuales representan el 5 % del núcleo empresarial nacional.
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Sin ningún debate de la oposición y en un corto tiempo, el Senado de la República aprobó este miércoles en únicas discusiones tres préstamos sometidos por el Poder Ejecutivo por 125 millones de dólares. Todos los empréstitos tuvieron el favor de los 24 senadores presentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que solo dos -Omar Fernández y Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo (FP)- mostraron rechazo.
Uno fue de 60 millones de dólares entre el Estado dominicano y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), el cual será usado con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa del sector eléctrico a través de la reducción de las pérdidas y la mejora del suministro de las distribuidoras.
Específicamente, el dinero será ejecutado por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).
De igual manera, se aprobó el préstamo de 40 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el financiamiento del Plan Reforma y Modernización del Estado.
El presupuesto será ejecutado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para mejorar la eficiencia, accesibilidad y capacidad de respuesta de los servicios administrativos para los ciudadanos y las empresas.
Según el documento de motivación, también pretende modernizar las operaciones básicas del Estado y asegurar la transparencia y coordinación entre las entidades públicas, con el fin de ofrecer servicios administrativos modernos y eficientes.
De igual manera, el Pleno aprobó la modificación a varios préstamos entre el Estado y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mediante los cuales se hace una enmienda a varios contratos, a fin de hacer pagos anticipados a fin de bajar los intereses.
Entre los préstamos en este acuerdo están: uno de 130 millones de dólares suscrito en 2019 para la termoeléctrica de Palomino; uno del 2011 de 70 millones de dólares para la Autovía del Coral; otro del 2013 por 80 millones de dólares por los tramos carreteros del Corredor Vial del Este.
Este proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora vuelve al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo solicitó en la sesión de este miércoles la aprobación de la resolución de interpelación al ministro de educación Ángel Hernández depositada por la diputada de la bancada Selinée Méndez, la cual recibió el rechazo de los diputados del Partido Revolucionario Moderno.
Los legisladores de la Fuerza del Pueblo argumentaron que este país merece una explicación ante el desastre que vive el sistema educativo nacional y las familias dominicanas donde sus hijos quedaron sin cupos en las aulas y en algunos casos los estudiantes reciben clases en lugares inadecuados, como ocurre en la improvisada “Escuela Padres de la Patria”, del municipio de Guerra en Santo Domingo Este y otras localidades más.
Rafael Castillo, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo se retiró de la sesión junto a la bancada opositora, declaró que para el inicio del año escolar 2024-2025, el Ministerio de Educación arrastra un déficit de más de 7,000 aulas, sumado a las múltiples situaciones que afectan el funcionamiento normal de los planteles educativos, así como el desarrollo de los alumnos y sus maestros.
“En este momento estamos invitando al ministro de educación, a venir a esta Cámara de Diputados a explicarle al país, las razones que han generado todo este desastre en el sistema educativo nacional, eso es inconcebible la falta de aulas en el país, y las consecuencias negativas que eso genera para nuestros hijos e hijas en todo el territorio nacional”, señaló el legislador.
Castillo, sostuvo que se hace urgente buscar soluciones efectivas que vayan encaminadas en sacar al país de este abismo por el que atraviesa la educación, pero solo se logra con la implementación de políticas y estrategias bien definidas.
“ Solo para citar algunos casos, es penoso ver que el 43% de las escuelas supera los 30 estudiantes por aula y de estas, el 23% de los centros educativos se maneja con más de 35 estudiantes por salón; a nivel urbano, el 59% de las escuelas supera los 30 estudiantes por salón, sumémosle a eso la falta de personal en muchos centros educativos, las condiciones de las infraestructuras, ausencia de bebederos en los planteles, falta de quipos informáticos para estudiantes y docentes y la mala opinión que tienen los docentes del manejo que reciben las escuelas públicas”, reseñó el legislador del partido que lidera Leonel Fernández.
Cabe resaltar, que la diputada Selinée Méndez, se había referido a la situación por la que atraviesa la educación en el país y de igual forma pidió una explicación al ministro de educación, a lo que este respondió airado, restando importancia a tal solicitud.
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La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este miércoles que República Dominicana adeuda 350 millones de dólares por compra de petróleo, al tiempo que le exigió al presidente de la nación caribeña, Luis Abinader, que pague "sin dilación alguna". "No voy a perder una sola coma en el monto de la deuda que tiene su país con Venezuela: 350,212,925.48 millones de dólares. Su vergonzoso entreguismo al Gobierno de Estados Unidos en lo absoluto borra esa deuda. Póngase a derecho y pague a Venezuela sin dilación alguna", señaló Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.
La también ministra de Petróleo dijo que las "pataletas" de Abinader "desdibujan la identidad del pueblo dominicano, gran hermano" de Venezuela.
El lunes, Abinader aseguró que no ha importado "ni medio galón" de petróleo desde Venezuela, en respuesta a las afirmaciones del ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, de que la nación caribeña adeuda a su país 350 millones de dólares por ese concepto.
"Nosotros no hemos comprado ni medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente", dijo Abinader en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes desde el Palacio Nacional.
Las aseveraciones del gobernante fueron ampliadas por el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Leonardo Aguilera, quien aseguró que la última importación "de importancia" por parte del país desde Venezuela se produjo el 12 de diciembre de 2015.
Después de eso, según Aguilera, hubo una importación de diésel desde Venezuela el 20 de febrero de 2017, "tres años antes de nosotros asumir el Gobierno", en 2020.
Reveló que "hace dos años" el entonces presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Asdrúbal Chávez, encabezó una delegación oficial de su país que se reunió con él y otros funcionarios dominicanos, pero que en estos encuentros no se llegó a ningún acuerdo, sin especificar de qué trataron las discusiones.
Las relaciones entre ambos países se han deteriorado desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el 29 de julio el retiro "inmediato" de sus representantes diplomáticos en República Dominicana, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, y Uruguay, a raíz de las críticas de estas naciones al proceso electoral venezolano celebrado un día antes.
La crispación entre República Dominicana y Venezuela se ahondó aún más cuando la semana pasada el Gobierno de Estados Unidos confiscó en territorio dominicano un avión que, afirma, fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de Estados Unidos para su utilización por parte de Maduro.
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Transparencia Internacional y Trasparencia Venezuela denunciaron que tienen reportes oficiales de que actores de alto nivel en Venezuela están vinculados con el narcotráfico traiciona, utilizando como puente a la República Dominicana para traficar droga a Europa. En su informe "Corrupción Transnacional Venezolana: Cooperación Global contra la Impunidad", las organizaciones citaron que el 18 de mayo de 2018 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estableció que el actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, organizó envíos de drogas que se trasladaban desde Venezuela a través de la República Dominicana y de allí a Europa.
Estados Unidos, que acusa a Cabello de lavado de activos, corrupción, narcotráfico y narcoterrorismo, ofrece desde el 2020 una recompensa de 10 millones de dólares para capturarlo. Además, por los mismos delitos varios países le han impuesto sanciones y por ser una de las figuras clave en el deterioro de la democracia de Venezuela y en las violaciones de los derechos humanos.
Para las organizaciones, la República Dominicana es un país clave en la criminalidad y corrupción con origen en Venezuela, por lo que deplora que, a pesar de las grandes inversiones por parte de venezolanos señalados y acusados por casos de corrupción en otros países, así como del decomiso de oro, drogas y redes de trata, solo se han registrado tres investigaciones en la justicia dominicana.
Transparencia recordó que uno de estos casos fue el iniciado contra el Banco Peravia en 2015. La justicia dominicana llegó a emitir orden de arresto contra los banqueros venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray (condenado en Estados Unidos) y Daniel Morales Santoro. Mientras, otros cinco ejecutivos recibieron sentencia condenatoria por fraude monetario.
"Los otros dos procesos llevados por el sistema de justicia de República Dominicana están vinculados a la comercialización ilegal de oro y a presuntas actividades de lavado de dinero por parte del venezolano Samark López Bello, investigado por narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos y por otros casos de gran corrupción y lavado en Venezuela y Portugal", refiere el informe.
La entidad adujo que desconoce el estatus de estas dos últimas investigaciones.
Transparencia Internacional y Trasparencia Venezuela socializaron este informe el miércoles durante el seminario "República Dominicana y Venezuela: Desafíos de la justicia y los ciudadanos contra la corrupción" auspiciado por el movimiento no partidista Participación Ciudadana y que contó con la colaboración de la Fundación para el Debido Proceso (DPFL) y el Proyecto de denuncia de la corrupción del crimen organizado (Occrp, por sus siglas en inglés).
En este evento hicieron un llamado a la justicia dominicana para que le preste más atención y destine recursos para investigar las redes de corrupción venezolana en República Dominicana.
"En República Dominicana hay muchos indicios de irregularidades que tienen que ver con recursos venezolanos", comentó Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela. "Nosotros lo que queremos es que les presten atención a estos casos. Porque la impunidad no puede salir, no puede expandirse de Venezuela".
El objetivo de este seminario fue visibilizar las conexiones entre las redes criminales venezolanas y su influencia en la República Dominicana, abordando temas como el tráfico de drogas, personas, lavado de dinero, corrupción y la colusión entre funcionarios locales y grupos criminales.
"Los casos que hemos encontrado muestran que los facilitadores venden anonimato, eso es una actuación importante para el actor corrupto", explicó Juan Pablo Cadena de Transparencia Internacional durante su intervención. "Ellos aprovechan los vacíos en la regulación con respecto a la transparencia en la titularidad de los beneficiarios o titularidad última de las sociedades mercantiles y de los fidecomisos para poder ocultar la identidad, porque son personas políticamente expuestas y por lo tanto están sujetas a normas reforzadas de control contra el lavado de activos", dijo.
Transparencia Venezuela dijo que hasta agosto de este año ha registrado 258 investigaciones de corrupción u otros delitos con participación de funcionarios venezolanos, 168 casos de estos son procesado por los sistemas de justicia y control de 29 países, entre estos se destacan 60 en Estados Unidos, 25 en Argentina, 15 en España y 13 en Colombia.
De los datos obtenidos por Transparencia Venezuela se ha determinado que las economías ilícitas (narcotráfico, explotación ilegal del oro y minerales, contrabando de combustibles, extorsión, trata de personas) generaron 9,402 millones de dólares en el 2022 y se registró que el aumento de las rentas generadas por esta actividad alcanza el 30 %, lo que equivale a 13,703 millones de dólares en el 2023. Según los datos disponibles para cada fecha, se estimó que esos montos equivalen a 15.67 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela, estimado en 60,000 millones de dólares, para 2022 y 90,000 millones de dólares para 2023.
"Creo que hay mucha impunidad en el mundo de los facilitadores, por lo tanto, hay que revisar la legislación. No puede ser que estos señores bancos, que son los más grandes del mundo, han lavado miles de millones y su sanción máxima es una multa, que además la pagan los clientes. Eso es absurdo, ninguno está preso. Entonces hay que mejorar la legislación y la responsabilidad penal por estos actos de corrupción", expresó José Ugaz, de Taskforce Venezuela.
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