El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, declaró este jueves que el tema de la elaboración de un nuevo contrato con la empresa Aeropuertos Dominicano Siglo XXI (Aerodom), es un tema sensible para la sociedad y que los dominicanos necesitan buenas explicaciones sobre el mismo.
Pacheco manifestó que aunque el presidente de la República, Luis Abinader, dio «muy buenas explicaciones» sobre esta renegociación, destacó el encuentro que sostuvo el día de ayer el ministro de la Presidencia, Joel Santos, con la comisión especial que tiene a su cargo el estudio de la iniciativa.
El incumbente de la Cámara Baja añadió, que el ministro de la presidencia dio una «explicación bastante amplia y que nos edificó a los legisladores más ampliamente sobre los propósitos del contrato, los alcances, porque el ejecutivo lo hizo en esta fecha, porque es conveniente para el país esta renegociación».
Pacheco indicó que con el objetivo de la comisión especial, es que la sociedad en sentido general, también conozca los detalles de ese convenio entre el Estado dominicano y Aerodom.
Alfredo Pacheco declaró que el contrato fue publicado de manera íntegra en la página de la Cámara de Diputados, al indicar que muchas entidades lo han tomado del portal, pero también está disponible para todo aquel que lo solicite.
“Es un contrato con sus anexos bastante voluminoso, pero hemos estado en el interés de que la ciudadanía conozca lo que el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados va a conocer de este contrato”, subrayó.
Sobre los pronunciamientos del presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, de que con este contrato lo que se busca es comprar la reelección del mandatario Abinader pacheco expresó que esas son declaraciones políticas.
«Yo lo tomo en el contexto de lo político, porque él mismo fue que mandó el otro contrato y nosotros lo aprobamo, de manera que yo las tomo como unas declaraciones políticas».
La Cámara de Diputados recibió el contrato de parte del Poder Ejecutivo donde se reformula el acuerdo suscrito en el año 1999, además de una adenda en 2004.

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El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, calificó como "una burla a la democracia dominicana", la renovación anticipada del contrato de concesión a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), por considerar que el dinero adelantado que ha acordado recibir el gobierno de Luis Abinader, procura "comprar la reelección".
"Eso se llama utilizar los recursos del Estado inapropiadamente, para comprar la reelección", dijo Fernández, refiriéndose a los 755 millones de dólares que recibiría el gobierno como un pago inicial por la concesión.
El líder político, censuró que se pretenda renovar un contrato de esa índole, cuando faltan 7 años para el vencimiento del actual. Fernández consideró que se debió esperar a la conclusión del actual contrato para lograr mejores condiciones de negociación.
El candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo deploró que Abinader extendiera el contrato a 37 años, tomando por adelantado 755 millones. "Para gastarlos precisamente en el proceso electoral", reiteró.
Aseguró que esos ingresos se aplicarán en obras que no son para el desarrollo de los aeropuertos, sino más bien con intenciones de elevar los niveles de popularidad de cara a las elecciones del año próximo 2024.
El también expresidente indicó que mientras las actuales autoridades utilizarán 755 millones en estos seis meses de campaña, "apenas dejarán 535 millones de dólares para los 37 años, a los sucesivos nueve gobiernos que habrán de venir, porque lo que se quiere es recibir dinero rápido".
El dirigente explicó que contrario al contrato inicial que se hizo mediante una licitación pública internacional, la presente renovación fue sin licitación.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de acudir a la vía judicial, para impedir la concretización de la renovación del contrato para administración de los aeropuertos del Estado, Fernández dijo que lo van a pensar seriamente.

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) certificó que el contrato para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo habría sido ejecutado en un 65.54 % y que se ha comprometido un total de 863,460,504.20 pesos en equipamiento y trabajos ya realizado y entregado por la empresa Transcore Latam S.R.L. en un total de 220 intersecciones intervenidas.
En el expediente depositado en el Tribunal Superior Administrativo por el abogado de la empresa se anexa una carta fechada el dos de noviembre de 2023, del director del Centro de Control de Tránsito del Intrant, Samuel Baquero, enviada a Hugo Beras, director de la institución, dando la información y advirtiendo los riesgos de la cancelación del contrato.
Al informar sobre el "estado actual del proyecto de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo", Baquero advertía a Beras que si ocurre la cancelación del contrato "nos encontraríamos en una situación crítica donde el Estado dominicano carecería de un centro de tráfico funcional, del sistema ATMS y de control en las intersecciones del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo".
Explica que el proveedor anterior (Consorcio CMI KAPSCH ICONTROL) desde mayo desconectó, quedando inoperante todo el sistema y solicitaba tomar medidas proactivas para mitigar cualquier impacto negativo que pidiera derivarse de la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de suspender los servicios contratados y la eventual devolución de los equipos suministrados por Transcore Latam.
En ese orden, Baquero solicitaba la colaboración del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y el Centro Nacional de Ciberseguridad para proveer al Intrant de los recursos tecnológicos indispensables para la gestión de las 335 intersecciones afectadas por esta decisión.
"Dicho esto, y dado lo que representa esta situación, expreso mi más profunda preocupación, dado que actualmente el Centro de Control de Tráfico se encuentra desconectado y su edificio en remodelación, por lo que, si salen de servicio los equipos del centro de control provisional del contratista, perderíamos totalmente la habilidad de gestionar el tráfico en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo; lo que resulta crítico de cara el inicio de la temporada de mayor congestionamiento", concluye la carta.
El recurso de "medida cautelar anticipada administrativa" solicitada por la empresa Transcore Latam S.R.L. al TSA, contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anuló el procedimiento y el contrato para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, tiene muchas aristas.

Si bien en el escrito de defensa depositado en el tribunal por el abogado Jorge Abraham Morilla Holguín se alega que el procedimiento se realizó observando los preceptos contemplados en la Ley 340-06 y su reglamento y responde los señalamientos del órgano rector de las contrataciones sobre la licitación, obvia explicar los aspectos puntuales que dieron al traste con la anulación.
Aunque cita las denuncias interpuestas por las sociedades Sic Transcore Latinoamérica y Transcore LP de que Transcore Latam, S.R.L, supuestamente había utilizado informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta, o adulteradas de otras fuentes públicas disponibles, con el propósito de participar como oferentes en el procedimiento, no presenta al tribunal su versión sobre este hecho.
Con relación a este aspecto la instancia solo expresa lo siguiente: "Cabe resaltar que ambas denuncias, aunque afectan derechos contractuales adquiridos por nuestra representada, de manera aviesa o no, no fueron notificadas a la hoy accionante (Transcore Latam), sino hasta el día 24 de octubre de 2023, es decir, más de tres (3) meses desde que fueron recibidas...".
Tampoco se explica la composición accionaria difusa de la empresa ni los movimientos sospechosos de accionistas, que la DGCP cita como irregularidades graves en la Resolución RIC-156-2023 de la DGCP que suspendió, de oficio, el Contrato Núm. DJ-CSB-009-2023, suscrito entre el Intrant y Transcore Latam.
Estos son puntos fundamentales argumentados por la DGCP para anular el proceso de licitación y suspender la ejecución del contrato. Sin embargo, el escrito de defensa de 319 páginas no los aborda en la instancia sometida al TSA.
Sobre el argumento de la DGCP de los documentos en inglés que no fueron traducidos conforme exigía el pliego de condiciones, el escrito de defensa alega que dichos documentos constituían información adicional a la exigida por los pliegos de condiciones, y no requisitos no subsanables de la oferta presentada por la accionante.
En cuanto a que la experiencia presentada por la empresa Transcore Latam S.R.L. era anterior a la constitución de la empresa se arguye "que la forma como estaba configurado el procedimiento de selección de referencia permitía acreditar la experiencia del fabricante de los bienes y servicios ofertados, y no necesariamente del oferente".

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El canciller Roberto Álvarez compareció este jueves ante tres comisiones de diputados que le citaron para que explique la situación de la crisis generada con Haití por la construcción de un canal en el río Masacre, el cual el gobierno dominicano considera ilegal.
"Tanto antes como ahora, nuestra posición ha sido clara y constante: para que un diálogo sea propicio, es indispensable parar la construcción del canal sobre el río Dajabón, por las falencias técnicas y amenazas de daños ambientales y naturales que esta puede causar, dados nuestros análisis basados en la exigua documentación disponible", sostuvo el funcionario.
Álvarez habló en una reunión conjunta de las comisiones permanentes de Fuerzas Armadas, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la Cámara Baja, que contó con la presencia del presidente de ese hemiciclo, Alfredo Pacheco.
Puntualizó que desde que el gobierno de Luis Abinader se enteró de la construcción de este canal en la zona de Juana Méndez, en la frontera con Dajabón, solicitó que se detuviera la obra "para propiciar un diálogo sobre el interés de los haitianos".
Dijo que ante la "indiferencia del Gobierno haitiano" a los reiterados llamados a que se detenga la obra, el país buscó, el 24 de septiembre, la colaboración internacional de terceros imparciales, reuniéndose, en la ciudad de Washington, DC, con el secretario general de la OEA para detallarle todo lo relacionado al canal.
"Así las cosas, el 16 y 17 de octubre estuvieron en el país el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA, Jean Michel Arrighi y otro funcionario de la OEA para hacer el levantamiento de nuestra posición. Posteriormente hicieron una visita similar a Haití", afirmó.
El diplomático aseguró a los congresistas que aún existen alternativas por explorar para solucionar el diferendo. Citó como ejemplo la experiencia del manejo conjunto de las aguas en el Sur; y la posibilidad de cooperaciones para implementar soluciones alternativas que sean factibles a nivel técnico y medioambiental.
Señaló que, en la actualidad, el tema se ha politizado en Haití, "convirtiendo el canal en un baluarte del nacionalismo haitiano, involucrando a diversos sectores nacionales, incluyendo bandoleros armados".
La información compartida a los medios indica que aprovechó para recordar que, con la reciente resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU, se abre la oportunidad para restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití.

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El Ministerio de Defensa y la iglesia Católica, representada por los obispos monseñor José Dolores Estrella de San Juan de la Maguana y Diómedes Espinal de Valverde, develaron una imagen de la Virgen de La Altagracia colocada en la provincia Dajabón. En la escultura también se aprecia a San José y a Jesús.
La intención de colocar la obra por los alrededores de la zona en donde Haití construye un canal de trasvase para desviar agua del río Masacre, es que la “virgen interceda por la paz de ambos países”.
El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, destacó que la virgen ha protegido a las fuerzas Armadas en la construcción de la paz y la defensa.
En cuanto a la seguridad fronteriza, Díaz Morfa, dio gracias a Dios que todo está tranquilo y que continuarán trabajando para garantizar la seguridad del lado dominicano.
El obispo José Dolores, quien tuvo la palabra de bendición, pidió a la virgen que bendiga a los pueblos de Haití y República Dominicana para que haya paz.

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República Dominicana cuenta con alrededor de 80 servicios integrales de salud para personas que viven con el virus del Sida, en los cuales reciben atención médica alrededor de 75,000 de las 79,000 personas que se estima viven con el VIH en el país.
De ese total estimado, alrededor de 53,000 personas se encuentran activas en tratamiento antirretroviral, logrando una carga viral del 85%, mientras el país cumple con el compromiso de que el 95% de las personas conozcan su estatus de serológico frente al virus.
Esos son parte de los datos que exhibe el país al conmemorarse hoy el Día Mundial del Sida, que este año el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) ha puesto como lema “Que lideren las comunidades”, con el objetivo de hacer un llamado a la acción para apoyar e impulsar a las comunidades a desarrollar su liderazgo a favor de la eliminación del VIH en todos los países.
En el país, las acciones de esa campaña serán desarrolladas de manera articulada entre múltiples instituciones y organizaciones, con un acto central que se llevará a cabo hoy primero de diciembre, en el Hotel Catalonia, coordinado por el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA) y ONUSIDA, en el que se espera se den cita autoridades y líderes comunitarios.
Los organismos entienden que para poner fin al Sida, el mundo necesita que las comunidades vayan en cabeza, y destacan que las organizaciones de comunidades que viven con el VIH, que corren el riesgo de contraerlo o que se han visto de alguna manera afectadas por el virus están en la primera línea de la lucha para progresar en la respuesta al VIH.
La directora País de ONUSIDA en República Dominicana, Bethania Betances, destacó que las respuestas al Sida, lideradas por las comunidades, son las piedras angulares y esenciales para garantizar respuestas eficaces que permitan alcanzar la meta de eliminación del Sida para el 2030.
De acuerdo al CONAVIHSIDA la inversión del gobierno dominicano en la respuesta nacional supera los RD$1,664 millones este año y se ha logrado afiliar al 61% de las personas que viven con VIH en el régimen subsidiado de salud y un 31% se benefician del programa Supérate.
Asimismo, el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” destacó los esfuerzos intensificados que desarrolla en la prevención y destacó que a través de su Unidad Coordinadora de Proyectos, reafirma su compromiso en la lucha contra esta enfermedad.
Recuerda que desde 2009, con el apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, ha desplegado esfuerzos significativos a nivel nacional para prevenir la transmisión del VIH.

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La Policía continúa los arrestos de parientes y presuntos vinculados al fugitivo José Antonio Figuereo Bautista, alias “Kiko la Quema”, entre ellos una hija de éste, de 14 años, según denunciaron ante Listín Diario residentes en Cambita Garabito.
Ayer había 11 detenidos confirmados. Nueve en el destacamento de Cambita Garabitos, mientras en San Cristóbal estaban el teniente coronel retirado Elvis de la Rosa de León, apodado “El Gringo” o “El Diablo Rojo”; Jonathan Emeterio Lorenzo, “El Mecánico”, y Ángel Miguel Santana Figuereo, alias “El Güero” o “Capito”, este último hijo del fugitivo.
Estos tres fueron llevados al Tribunal de Atención Permanente para conocerles medidas de coerción, pero el juez José Carlos Arias Nín reenvió la vista para el próximo lunes, para que la defensa prepare sus presupuestos, y el caso del hijo de “Kiko la Quema”, para someterlo a una evaluación médica requerida por sus abogados.
Aunque el ministerio público señala a Ángel Miguel Santana Figuereo como microtraficante, en Cambita afirman que es de condiciones especiales, sufre de epilepsia y nada tiene que ver con el problema.
El Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el grupo y que el caso sea declarado complejo.
Cesarina Figuero Bautista, hermana mayor de “Kiko la Quema”, que había manifestado disposición a enterrarlo en caso fuera ultimado por la policía, fue detenida horas después de hablar con los medios, el pasado martes, y despachada el jueves, próximo a las 2:00 de la tarde.
En medio del hermetismo sobre este caso, una mujer dijo que Cesarina estaba presa. Una hora más tarde, un familiar llegó con la noticia de que había sido despachada, junto a otra hermana, y que permanecieron casi 48 horas en San Cristóbal.
En el Destacamento de la Policía de Cambita Garabitos confirmaron que hay nueve detenidos, pero negaron que entre estos figure una hija de 14 años del prófugo.
No obstante, una fuente de la fiscalía de San Cristóbal dijo que les había llegado la información.
La fiscal Laura Segura, Ángel Feliz y Daryl Montes de Oca, son los magistrados investigadores y litigantes en el proceso.
La magistrada Segura dijo le requieren de manera formal a la Policía Nacional para que las personas que estén retenidas de manera irregular “le den salida inmediatamente”

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El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Juan Antonio Villar González, consideró que es difícil que en el país se repita una situacion como el colapso del paso a desnivel de la 27 de Febrero, ya que se iniciará “una buena inspección” de las obras a través de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, creada por el presidente Luis Abinader.
Villar González dijo que los trabajos se realizaran priorizando las infraestructuras construidas en los últimos 25 años, comenzando con los túneles, elevados, paso a desniveles, puentes y demás obras públicas que deban garantizar la protección del ciudadano.
Aclaró que a pesar de que la comisión tiene la misión de evaluar todas las obras y sus riesgos en un plazo de 6 meses, es muy probable que se extienda el tiempo, ya que se deben evaluar más de 3,500 obras.
“Se dijo que es un trabajo de seis meses, pero se tiene que entender que no. Nosotros vamos a comenzar con estos seis, pero el tiempo que duraremos dependerá de cómo evolucionen los procesos. En República Dominicana se han construido más de 3,500 obras que deben ser supervisadas y ver cuál de ellas necesita rehabilitación”, explicó.
Sostuvo que más adelante se detallarán las obras con las que iniciará a trabajar, así como el presupuesto y fecha de inicio.
Villar González expuso que la vida útil de un muro se determinará de acuerdo a los factores que tenga patológicamente de deterioro y detalló que una rehabilitación por mantenimiento se hace cada 25 o 30 años, en todos los países.
Con relación a las inspecciones, dijo que estas se hacen cada 10 o 15 años, dependido de la necesidad que tenga en ese momento y la vida útil para la que haya sido construida.

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