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El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 14 involucrados en la supuesta red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la denominada Operación Larva.

Los detenidos son Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano).

También Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).

El empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa rechazaron la sentencia que los condena en el caso Odebrecht y anunciaron que apelarán el veredicto, mientras que el Ministerio Público también recurrirá la decisión que absolvió a los otros cuatro acusados.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 8 años de prisión a Rondón y a 5 años a Díaz Rúa, en tanto descargó a los imputados Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez Hernández.

«Yo sigo con mi frente en alto, porque el Ministerio Público sencillamente no pudo probar los sobornos, porque si hubo sobornos dónde están los sobornados, que era lo que la sociedad dominicana quería conocer», dijo Rondón a los medios de prensa tras la lectura de la sentencia.

El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público ha presentado pruebas suficientes para que se mantengan las medidas de coerción impuestas al exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados por corrupción del Caso Medusa.

“Hemos depositado ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional presupuestos que son la consecuencia de la propia evolución de la investigación, que serán más que suficientes para mantener todas las medidas que se han impuesto hasta ahora”, dijo el titular de la

Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El Ministerio Público acogió el pedimento de variación de solicitud de 18 meses de prisión por arresto domiciliario, contra seis de los 23 implicados en el caso Falcón.

Así lo informó el abogado Francisco Hernández, quien representa a Amadeo Garibaldi Read Ruíz, uno de los seis a los que, si el tribunal acoge, cumpliría arresto domiciliario. También está Andrés Guzmán.

El jurista dijo que el Ministerio Público acogió la solicitud de la defensa para que solicite arresto domiciliario para los seis, por entender que los arraigos presentados son suficientes para acoger esta variación.

A pesar del aumento proyectado en los ingresos en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del próximo año, la Procuraduría General de la República (PGR) verá mermada su disponibilidad de recursos en el 2022, si se aprobase la pieza enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

El documento plantea una reducción de 512.9 millones de pesos en el presupuesto de la PGR para el próximo año, con respecto a lo que fue aprobado para el 2021. Así, la institución encargada de la persecución del crimen pasaría de una asignación de 8,912.2 millones de pesos en 2021, a 8,399.3 millones en el 2022, para una diferencia de -5.76%.

Los recursos asignados por el Estado a la PGR han experimentado una progresiva disminución, según el propio documento remitido por el Gobierno, ya que el monto ejecutado en el 2020 fue de 10,684.1 millones de pesos.

El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público está preparado para aportar más de 350 pruebas durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados de la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón que se conoce en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción.

“A pesar de que la defensa hizo varios intentos fallidos para impedir que el Ministerio Público presentara su solicitud, hoy hemos logrado iniciar con la presentación de los hechos. Estos hechos están vinculados a imputación de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas”, explicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El Consejo Superior del Ministerio Público destituyó este martes al titular de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Luis González.

En su lugar designó a Ramona Nova, quien se desempeñaba como Procuradora de Corte de San Pedro de Macorís.

La estructura criminal desmantelada a través de la “Operación Falcón” trató de lavar más de 3 mil millones de pesos en áreas económicas de la República Dominicana, dice el Ministerio Público.

El voluminoso expediente acusatorio contra 21 personas está ya en poder de un tribunal de Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad del país y en donde se sospecha estaba el centro de control de la estructura criminal.

El escándalo desatado por el caso de la Operación Falcón traspasará la jurisdicción ordinaria cuando el Ministerio Público solicite hoy, lunes, a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez instructor especial para que investigue los nexos de legisladores con el caso de narcotráfico y lavado de activos que ha estremecido a la sociedad dominicana.

La solicitud de la designación de un juez de instrucción especial será solicitada por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, para el control de las investigaciones de los legisladores, entre los que figuran los diputados Héctor Darío Feliz y Nelson Marmolejos Gil.

Berenice Reynoso informó que la solicitud se hará en virtud de la jurisdicción privilegiada de que gozan los congresistas, y esto no impida que sean judicializados, y tan pronto ocurra se dará a conocer a la sociedad el nombres de los legisladores involucrados.

La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, se reservó para el próximo jueves, el fallo de solicitud de variación de medida de coerción a los implicados en el caso AntiPulpo.

En la audiencia de ayer el Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción solo para tres de los implicados en el caso, debido a que los mismos han colaborado en las investigaciones.

Se trata de Francisco Pagán, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Christopher, quienes han favorecido en las investigaciones al Ministerio Público.

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