El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 38 de los supuestos integrantes de la red internacional de ciberdelito que operaba desde República Dominicana, y mantiene bajo investigación a otros de los arrestados durante la Operación Discovery.
En una instancia depositada ayer ante la oficina de servicios de atención permanente de Santiago, el Ministerio Público además solicita que el caso sea declarado complejo dada la pluralidad de víctimas, los tipos penales atribuidos y la cantidad de imputados.
Además porque la investigación continúa abierta y se siguen levantando evidencias del caso.
El Ministerio Público inició este miércoles en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata la Operación Discovery, que busca desmantelar una amplia red criminal transnacional.
La misma habría estafado a cientos de personas en Estados Unidos, de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y el robo de identidad.
El Ministerio Público informó que la operación, que surge de una investigación desarrollada durante meses contra los delitos de alta tecnología, incluye la participación de una fuerza de tarea conjunta con 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes policiales.
El Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez, sometió una formal recusación contra parte de los miembros del Ministerio Público (MP), por violación a la Ley 133-11, entre los que se encuentran Yeni Berenice, Wilson Camacho, Mirna Ortiz, Luisa Liranzo y Juan Medina, entre otros. Los destacados juristas denunciaron que estos debieron inhabilitarse desde el inicio por los vínculos laborales que existían y la incapacidad para llevar el caso de manera objetiva, tal y como lo indica la ley.
A estas disposiciones se añaden que a su vez la Ley 133-11 establece un claro referente sobre las inhabilitaciones y requerimientos de objetividad plena del Ministerio Público, principio que debe orientar cada actuación y paso de este, ejercicio que desde el inicio ha estado en franca violación al citado art. 80 de la Ley 133-11, que los inhabilita por su relación laboral con el investigado, violando la ley y dando como resultado la privación de libertad de nuestro cliente.
Wilson Manuel Camacho Peralta, mocano, de 46 años de edad, y Yeni Berenice Reynoso Gómez, 38 años, oriunda de Luperón, Puerto Plata, combinan elementos clave para el desempeño de sus funciones de complejidad mayor en el tope del Ministerio Público.
Sus credenciales son sólidas y su valentía ya ha sido demostrada en la conducción de casos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico. Y casi al margen de todo esto sale a resaltar ahora su fortaleza física y su consistencia espiritual para estar de pie con cinco megacasos en los tribunales, en los que están implicadas personalidades y ex funcionarios públicos, lo que. en conjunto. Implica estar al frente de una “montaña” de expedientes acusatorios, sobre cuyas páginas tienen que centrarse y pasar cientos de horas, día tras día, para cumplir su papel al frente de las acusaciones.
La directora general de persecución del Ministerio Publico, Yeni Berenice Reynoso, calificó de “absurdo” el recurso de amparo impuesto por el ex procurador, Jean Alain Rodríguez, con el cual busca una disculpa y un retiro de su nombre de todo lo vinculado al caso Medusa.
“Jean Alain Rodríguez está acusado de lavado de activo, de corrupción y de otros delitos graves con Operación Medusa. Pretender un disculpa sobre ese fundamento es absurdo”, expresó la fiscal a su salida de los tribunales.
La empresa constructora Odebrecht ha dejado de pagar 64 millones de dólares al Ministerio Público, como parte del acuerdo de pago que había hecho para evitar que ejecutivos de la empresa fueran sometidos a la justicia.
República Dominicana fue el tercer país que mayor cantidad de dinero recibió en sobornos, específicamente 94 millones de dólares, que habrían dejado como beneficio a la empresa más de 163 millones de dólares.
El acuerdo entre la Procuraduría y la empresa Odebrecht permitiría al Estado dominicano recibir el doble del monto que se habrían dado en sobornos, 184 millones de dólares en un plazo de nueve años.
El presidente Luis Abinader expresó este jueves que al país le conviene un Ministerio Público independiente para tener una justicia alejada de “toda intención política”, por lo que espera que todos los sectores lleguen a un acuerdo sobre la reforma a la Constitución.
El Mandatario dijo que el tema es discutido en el Consejo Económico y Social (CES). “Ojalá que toda República Dominicana se pueda poner de acuerdo en tener ese ministerio público lejos de la política», dijo.
PROHIBIR POLITICOS ENTREN A ALTAS CORTES, JCE Y CC
El Ministerio Público informó que presentó acusación ante la Suprema Corte de Justicia en contra del diputado del oficialista PRM por la provincia Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, a quien imputa por presunta violación de propiedad privada.
El órgano acusador solicitó a la magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, que dicte apertura a juicio contra Domínguez Domínguez y que le imponga medida de coerción consistente en presentación periódica.
En un comunicado, el organismo también solicitó a la jueza que fije la audiencia preliminar a los fines de conocer la solicitud de auto de apertura a juicio.
Tan pronto Danilo Medina alcanzó la Presidencia de la República el 16 de agosto del 2012, Juan Alexis Medina Sánchez vio al alcance la oportunidad de su vida y la aprovechó para lucrarse irregularmente a cuesta de los fondos del Estado dominicano, según el Ministerio Público.
Dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que Juan Alexis Medina utilizó su condición de hermano del primer mandatario para crear una red de empresas con el único objetivo de participar de licitaciones estatales.
En su estrategia, tuvo mucha suerte. Supuestamente, utilizó testaferros y prestanombres para que fungieran como los titulares o socios de las más de 21 empresas que utilizaron para participar en las licitaciones en las que, casi siempre, salían ganadoras, establecen las autoridades.
Algunos partidos políticos mantienen sus reservas respecto a la propuesta del Gobierno de modificar la Constitución para independizar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo, que ayer fue la cuestión más discutida tras ser instalada la mesa de Transparencia e Institucionalidad en el marco del Consejo Económico y Social (CES).
En la apertura del espacio de concertación, en un acto en el Palacio Nacional, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo explicó que el Gobierno aspira a fortalecer la independencia de “los órganos estatales especializados en el control, en el sentido amplio de la palabra”.
Antoliano Peralta precisó que estos órganos serían el Consejo Nacional de la Magistratura, Altas Cortes, Ministerio Público, jurisdicción contencioso administrativo:
Así como la Procuraduría General Administrativa, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
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