“Las acciones delictivas de sustracción de fondos de la organización criminal afectaron el sistema de salud pública, la educación, la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, el sistema de energía eléctrica (a través de EDEESTE y la UERS), la seguridad vial, el orden socio económico, las elecciones nacionales del año 2016 y 2020, a través del financiamiento ilícito de las campañas electorales con los fondos de las empresas reformadas del Estado”, precisa la acusación presenta por el Ministerio Público.
Juan Alexis Medina y sus empresas tenían un tentáculo en cada una de las instituciones mencionadas y en otras más, establece la acusación. Su nivel de influencia en las organizaciones estatales fue tal que llegó a tener más poder que los titulares, como en el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Por estas razones los investigadores de la Pepca decidieron apodar a Alexis Medina como “El Pulpo”, y por vía de consecuencia la Operación Antipulpo se ejecutó para cortar o sacar de las instituciones los tentáculos de Alexis y a los miembros de la red).
Todas estas imputaciones en contra de Juan Alexis Medina deben ser sustentadas en pruebas contundentes ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional encargado de conocer la etapa preliminar o juicio a las pruebas.
El juez apoderado del caso, Deiby Timoteo Peguero Jiménez, tendrá la responsabilidad de estudiar el volumen de pruebas presentadas por el Ministerio Público y las pruebas a descargo de las partes, y determinar si el caso pasa al juicio de fondo, donde se determinará la culpabilidad o inocencia de estos sometidos.
Pero no solo se conocerán las pruebas que sustentan las imputaciones contra Alexis Medina Sánchez, debido a que son 27 las personas a las que la Pepca acusó de corrupción en el expediente Operación Antipulpo.
En la acusación figura como acusada Carmen Magaly Medina Sánchez, quien supuestamente también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) “para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Alexis Medina Sánchez”.
Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago, entra otros más.
Maniobras de la red
La acusación aporta evidencias de cómo el entramado societario vinculado a Alexis Medina Sánchez se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo.
El expediente dice que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.
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Nj productora