Acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta el 10 de abril de 2018 por la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Privada, Inc., (ADESINC) contra el artículo 14, numeral 1, literal b y numeral 2, literal f, de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de

Armas, Municiones y Materiales Relacionados, del 2 de agosto de 2016. Esa entidad alegó que las disposiciones impugnadas violan los artículos 39, numeral 3; 40, numeral 15; 62, numerales 1, 2 y 5 y 110 de la Constitución, que consagran el derecho a la igualdad, el principio de razonabilidad, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad jurídica, respectivamente.

La instancia fue conocida por el TC en audiencia pública celebrada el 10 de agosto de 2018, en la cual quedó en estado de fallo.

El dispositivo de la decisión fue publicada en el comunicado 43/21, del 13 de septiembre del 2021. Está pendiente la sentencia íntegra con las motivaciones que dieron lugar al fallo.

Según consta en el comunicado, la sentencia contiene votos particulares, por lo que no fue adoptada a unanimidad.

Control armas de fuego

El 10 de agosto Listín Diario registró que durante los primeros dos meses de operación del plan de acción concebido en la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, puesto en marcha en el sector Cristo Rey, al menos 300 armas de fuego ilegales fueron entregadas, de manera voluntaria, en los puestos de recolección en Cristo Rey, mientras 1,451 llegaron a través de otras dependencias del Estado y organizamos descentralizados. En esa ocasión, los detalles fueron ofrecidos por el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez Martínez.

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