Asimismo, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha señalado que, solo en Casanare, los militares emplearon al menos 140 millones de pesos colombianos (unos 30.600 euros en la actualidad) provenientes de las arcas públicas para financiar sus acciones criminales.
Todo esto habría ocurrido bajo las órdenes de Torres, quien se estima que tuviera bajo su mando a unas 70 personas. La mayoría de las víctimas fueron hombres de entre 18 y 25 años, si bien es cierto que entre los civiles muertos se encuentran mujeres, alguna de ellas incluso embarazada.
Según ha explicado en rueda de prensa el juez Óscar Parra, los 22 acusados «llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar a personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate», y considera que «no se trataba de hechos aislados cometidos de manera espontánea».
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