«El coste (de fallar) es alto», ha dicho, al anunciar la reserva de 40.000 millones de dólares canadienses, de la que irán saliendo las indemnizaciones. El Gobierno, no obstante, ha aclarado que la cifra no es definitiva, ya que siguen abiertas las conversaciones con las asociaciones indígenas y el montante final podría varias en las próximas semanas, según la cadena CBC.

La directora ejecutiva de la Sociedad de Atención a Niños y Familias de las Naciones Originarias, Cindy Blackstock, promotora de las demandas judiciales contra el Estado, ha considerado que es un «anuncio positivo», pero esperará a ver cómo se efectúan los pagos.

La Asamblea de las Naciones Originarias (AFN) también ha señalado a través de su principal responsable, RoseAnne Archibald, que «el dinero no significa justicia», pero al menos puede servir para sentar las bases de una reforma más profunda en favor de la integración definitiva.

«La magnitud del paquete propuesto demuestra cuántos niños fueron arrebatados de sus familias y comunidades», ha dicho, al recordar unas prácticas que buscaban que esos menores abandonasen sus lenguas nativas y se convirtiesen al cristianismo.

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