Según el comité, Gallardo fue sometido a abusos y malos tratos durante más de cinco años cuando se encontraba bajo custodia por unos delitos que no cometió.

Gallardo Martínez, miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la región Mixe, había defendido la educación en comunidades indígenas de Oaxaca durante varios años y había participado en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa y lo arrestaron sin orden judicial, tal y como ha alertado el comité.

Así, permaneció detenido en régimen de incomunicación en un «centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de la Policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación».

El propio Gallardo ha denunciado que los agentes amenazaron con violar a su hija y su pareja, así como con asesinar a sus padres. Además, fue obligado a firmar una serie de documentos que luego fueron utilizados para su supuesta confesión.

Tras dicha «confesión», recoge el texto del comité, «fue acusado de formar parte del crimen organizado y de secuestrar a dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México».

Por ello fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.

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