El encargado de la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales de la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Ramón Peña Conce, informó que ese organismo ha recibido y derivado a "quien corresponda" los procesos de los cuales han sido apoderados.
"Nosotros hemos realizado muchas investigaciones y las hemos tramitado debidamente", señaló Peña Conce.
La unidad ha sido apoderada de decenas de denuncias por parte de los partidos políticos, pero hasta el momento las mismas no se han dado a conocer.
La más reciente denuncia fue hecha por los partidos de la oposición, quienes acusan al partido de Gobierno, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de supuestamente usar los recursos del Estado para favorecer a candidatos de esa organización.
Esta unidad de sanciones comenzó a funcionar en mayo de 2023, en medio de la precampaña electoral.
Stalin Alcántara Osser, sub-encargado de la Unidad de Sanciones de la JCE, explicó que las infracciones administrativas no estaban contempladas dentro de las leyes y que las mismas iniciaron a partir de la promulgación de la Ley 15-19, antigua ley de Régimen Electoral y que cuando se modificó (en la 20-23) se quedó todo igual, pero en lo referente a los delitos y crímenes electorales se hizo una reformulación.
Osser indicó que a la unidad no le corresponde sancionar delitos y crímenes, debido a que estos son de tipo penal y entre ellos está la violencia política contra la mujer.
De acuerdo a Manuel Ramón Peña Conce, las infracciones se clasifican tripartita y tomando en consideración la sanción. "Las que se sanciona con multas, es decir que afectan el bolsillo" son contravenciones.
Las que se sancionan con penas privativas de libertad de dos años o menos son delitos y las que son de tres años para adelante se clasifican en crímenes.
"Esa clasificación tripartita de las infraccione se mantiene en los delitos y crímenes electorales. Lo novedoso en esa clasificación es la sanción administrativa. Todo lo que es crímenes y delitos la ley creó una Procuraduría General Especializada en la Investigación y Persecución de Crimines y Delitos Electorales que es la entidad por la que hay que canalizar cualquier tipo de reclamos de delitos electorales", explicó Peña Conce.
Lo que le corresponde a la unidad es lo referente a las encuestadoras, el proselitismo antes de abrirse la campaña y la violación de topes, los demás hechos son crímenes o delitos.
"Aunque se piense que no es grave, hay hechos que la ley castiga severamente, por ejemplo, mostrar el voto. Mostrar por quien votaste eso está sancionado con una pena de hasta un año", dijo el encargado de la Unidad de Sanciones de la JCE.
Indicó que ese organismo no se opone a recibir ningún tipo de denuncias y que las mismas son recibidas y tramitadas a quien corresponda.
También le corresponde a la unidad el uso indebido de los símbolos patrios.
Peña Conce explicó que la atribución de quien debía conocer los crímenes y delitos electorales con la antigua ley de Régimen Electoral generó "una situación difícil", ya que se le atribuían competencias al Tribunal Superior Electoral (TSE), éste a su vez dictó una sentencia estableciendo que la parte competente eran los tribunales ordinarios y que en la Ley 20-23 se copió ese principio y se estableció que los crímenes y delitos electorales se conozcan en los tribunales del Ministerio Público.
Peña Conce y Alcántara Osser indicaron que la mayoría de las investigaciones la han realizado por "motu proprio", que se han enterado "por las redes o por cualquier va".
"Hemos realizado investigaciones y no necesariamente tiene que mediar una denuncia", indicó Peña Conce.
Sobre la compra de la cédula de identidad electoral, los representantes de la unidad señalaron que este es un delito que está tipificado en la legislación y se sanciona con de 1 a 3 años de cárcel.
Las declaraciones de los encargados de la Unidad Sancionadora de la JCE fueron dadas a conocer en el Podcast del organismo electoral.

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