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El Ministerio Público tiene en planes presentar nuevos imputados y empresas en el caso Coral, a través del cual acusa a varios exfuncionarios y otras personas de corrupción administrativas durante sus funciones. Esto, a pesar de que el tribunal que conoce el expediente le otorgó este miércoles un plazo de 15 días para depositar la acusación contra los acusados, los cuales guardan prisión preventiva de 18 meses.

Así lo reveló este miércoles el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tiene hasta 15 días para depositar la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres y el resto de imputados en el entramado de corrupción denominado Operación Coral.

Esto luego de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional intime al Ministerio Público para que presente acusación formal en contra de los implicados.

Se recuerda que el juez Mejía, le otorgó dos meses al Ministerio Público para completar y depositar la acusación.

El Estado dominicano se ha constituido, a través del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público, en querellante y actor civil en contra de los implicados en el caso Coral.

Esto fue lo que informa­ron ayer los abogados Jo­sé Alberto Ortiz y Rafael Rivas Solano, quienes dije­ron que, más adelante, se­ñalarán el monto que será reclamado para fines de lo­grar una indemnización por concepto de daños y perjui­cios sufridos por el Estado dominicano, en su condi­ción de víctima,

El sometimiento en contra de los encartados por el en­tramado de corrupción ata­cado por el ministerio pú­blico se produjo a través de un poder otorgado por el Estado a los abogados del Equipo para la Recupe­ración del Patrimonio Pú­blico, para reclamar las in­demnizaciones civiles.

Los principales imputados en el caso Coral son el mayor general Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán Sánchez. (ARCHIVO)
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se vio imposibilitado de conocer este martes la audiencia en la que se discutiría el otorgamiento o rechazo de la prórroga solicitada por el Ministerio Público para ampliar la investigación y presentar acusación contra los implicados en el caso “Operación Coral”, que encabeza el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de seguridad el expresidente Danilo Medina.

A la sala de audiencia fueron trasladados todos los imputados del caso, sin embargo, la defensa del sargento Alejandro José Montero Cruz dijo que todavía no se le habían notificado las pruebas depositadas en su contra, lo que motivó el aplazamiento para que este pueda ejercer su derecho a una defensa efectiva, explicó un abogado.

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso mantener en prisión a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y a su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, imputados de corrupción administrativa en el Caso Coral.

El tribunal, integrado por los jueces Pedro Sánchez, Luis Tomás Jiménez y Rosalba Garib, rechazó un recurso de apelación de los imputados y confirmó la resolución impugnada que mantiene la medida de coerción consistente en prisión preventiva, como lo había solicitado el ministerio público, debido a que no han variado las circunstancias que dieron lugar a la medida.

La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el mantenimiento en prisión a los implicados en el caso Coral, que tiene como principal imputado al mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien fue escolta del expresidente Danilo Medina.

La magistrada Keila Pérez Santana, quien tiene el control de las investigaciones del caso, sostuvo que no que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva.

En la audiencia, la defensa de Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, pidió al tribunal revocar la decisión y variar la prisión preventiva por una medida menos gravosa.

En cinco ocasiones distribuidas en más de una docena de audiencias, los imputados del caso de corrupción Antipulpo han intentado recuperar su libertad sin éxito alguno. Lo mismo ha sucedido con los acusados del Caso Coral, quienes a pesar de varios intentos de revocar la medida, siguen guardando prisión preventiva.

Aunque el Código Procesal Penal dominicano presenta más de 20 mecanismos legales para recobrar su libertad antes de cumplir la condena, 15 imputados que cumplen prisión preventiva como medida de coerción en los casos mencionados han aprovechado la oportunidad de apelar la decisión o han esperado a la revisión obligatoria de las medidas, con la esperanza de retomar su libertad.

Caso Antipulpo

En Acceso Sin Límites Shesnel Alejandro Calcaño, abogado trata el tema del caso Coral

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