El Tribunal Constitucional declaró inadmisible una acción de inconstitucionalidad en contra del Fondo de Gestión Provincial Senatorial, conocido como “El Barrilito”.

La alta corte argumentó que ese fondo no es susceptible de ser atacado mediante una acción directa de inconstitucionalidad, porque no forma parte de los actos consignados por el legislador en el artículo 185.1 de la Constitución y artículo 36 de la Ley 137-11 para ser impugnados ante el Tribunal Constitucional, en el ejercicio del control concentrado.

“En efecto, se advierte que el Fondo de Gestión Provincial Senatorial, conocido como “El Barrilito”, no es una ley ni un decreto ni un reglamento, resolución u ordenanza, sino que se trata de un fondo público del que dispone el Senado de la República, creado con cargo al presupuesto general del Estado, auditado y fiscalizado mensualmente por los órganos controladores correspondientes.”, indicó en la sentencia TC-00076-22, publicada ayer.