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La Cámara de Cuentas aún no tiene establecida la fecha en que iniciará una auditoría financiera a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la cual fue solicitada por el Poder Ejecutivo.

Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la entidad fiscalizadora, indicó que el órgano debe hacer los levantamientos de lugar para empezar las indagatorias.

El presidente de la Cámara de Cuenta (CC) Janel Andrés Ramírez Sánchez, aseguró que esa entidad no está para perseguir a nadie, sino para ejercer el rol fiscalizador y “hacer público lo público”.

Respondió así al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el cual acusó a ese órgano fiscalizador de perseguir y desacreditar la gestión de gobierno de Danilo Medina y realizar un juicio mediático con la publicación de informes preliminares de auditorías e investigaciones especiales “sin agotar los procedimientos que establece la ley”.

Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, denunció una campaña de descredito en contra de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y el Poder Judicial por parte de la barra de la defensa de los imputados y de personas que “estaban acostumbradas a la impunidad histórica, que ya no existe”.

"Esas personas han desatado una campaña en contra de instituciones y órganos como Cámara de Cuentas, la judicatura, el ministerio público", enfatizó la directora de Persecución y procuradora adjunta.

Las recientes auditorías de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) muestran las supuestas aberraciones de los ex servidores públicos en las instituciones que administraron, como el Ministerio de Obras Públicas, que fue administrada por Gonzalo Castillo y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), a cargo de Fernando Rosa.

El órgano supervisor de los recursos públicos colgó en su página web las anomalías en los contratos para la adquisición del material asfáltico AC-30 con la empresa General Supply Corporation.

La Cámara de Cuentas publicó la noche del jueves un informe donde detallan irregularidades detectadas en contratos del Ministerio de Obras Públicas (Mopc) con la empresa General Supply, que les servía asfalto caliente, durante la gestión de Gonzalo Castillo.

El Estado Dominicano, según la Cámara de Cuentas, dejó de percibir los impuestos y recargos que se deben presentar ascendentes a RD $171,999,103. También una diferencia en AC-30 importado versus el facturado por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalente a RD $359,712,488.

"Diferencia en AC-30 facturado versus importado, por la cantidad de 29,265 galones, equivalente a RD $4,787,024, excedentes de cantidades sin evidencia de ajustes de precio, por la suma de RD $3,767,329, pagos en exceso al monto contratado, sin justificación, por un monto de RD $484,117,400, pagos realizados sin evidencia de certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ascendentes a RD $422,992,993", señala un breve comunicado de la Cámara de Cuentas.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, dijo que el nuevo pleno de esa institución encontró unas 156 auditorías en proceso, que se habían iniciado desde el 2010.

Expresó que esa situación es la que encontraron, “un organismo que actualmente tiene la capacidad de sacar solo unas 30 auditorías anuales”.

El titular de la Cámara de Cuentas enfatizó que si se enfocan en sacar las auditorías del pasado no estarían auditando de manera oportuna la gestión presente.

EL Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción en Conflicto de Competencia en contra de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), con el objetivo de que el máximo tribunal determine qué organismo tiene competencia para auditar el gremio.

La acción fue interpuesta mediante una instancia sometida el 11 de noviembre del 2021 en el TC y notificada a la CC, ante el conflicto suscitado entre ambas instituciones.

La Cámara de Cuentas (CC) declaró lesiva para el interés público la decisión DEC-X-2021-001, mediante la cual los anteriores titulares de esa institución aprobaron la contratación de los servicios legales de la firma de abogados de Julio Cury, Inteligencia Legal, y de Francisco Franco Soto para defenderlos ante las investigaciones del Ministerio Público en su contra en el denominado caso Caracol.

La institución pagó a Francisco Franco Soto y a Inteligencia Legal S. R. L. RD$6,435,000 por la representación legal de titulares y empleados de la CC.

El actual Pleno aprobó en la Resolución ADM-2021-X-008 del 1 de noviembre del 2021 suspender los efectos jurídicos de la referida decisión, los efectos de las contrataciones y las actuaciones administrativas realizadas en consecuencia. Asimismo, acordó impugnar la disposición el antiguo pleno ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a los fines de que declare la nulidad del documento y de las actuaciones y contrataciones que fueron suscritas.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) implementará un módulo de prerregistro de declaración jurada de patrimonio que le otorgará un levantamiento real, por primera vez en República Dominicana, del universo que tiene la obligación de hacer Declaración Juradas de Patrimonio.

Este sistema es la automatización del artículo 7 de la Ley 311-14 que establece la “Obligación de informar. Es obligación de los titulares de los poderes públicos y órganos responsables de la designación o elección de los funcionarios públicos obligados, informar a la entidad responsable de la aplicación y ejecución de la presente ley cada designación, elección o cese en sus funciones de los funcionarios públicos”.

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