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Si bien los niveles de optimismo neto para los mercados emergentes son más bajos que para sus contrapartes de los mercados desarrollados, los inversionistas están siendo más optimistas hacia mercados emergentes como la República Dominicana, según la versión 2024 del Índice Kearney de Confianza en la Inversión Extranjera Directa (Kearney FDI Confidence Index). Basado en encuestas aplicadas en enero del presente año a ejecutivos de nivel C y líderes regionales y empresariales en 30 países, aunque descendió cuatro posiciones, la República Dominicana se mantiene dentro del top 25 del ranking de los mercados emergentes con más confianza para invertir. Dicha lista es encabezada por China, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
El 84 % de los encuestados indicó que planea mantener o buscar nuevas inversiones en los mercados emergentes, un 3 % más que el año pasado.
La República Dominicana es de los nueve países de América que integran el ranking de mercados emergentes realizado por segunda vez en los 26 años de la historia del FID Confidence Index de la consultora global Kearney. La acompañan Brasil, México, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia y Uruguay entre los más atractivos para invertir ahora y en los próximos tres años.
En la nueva edición del índice global, Estados Unidos ocupa el primer puesto por duodécimo año consecutivo, seguido por Canadá y China, que sube a la tercera posición. "La fortaleza de la economía estadounidense (la de más rápido crecimiento del G7) y la recuperación de la confianza del consumidor probablemente respaldaron esta puntuación", se señala.
A nivel general, la encuesta aplicada para elaborar el índice arrojó que los líderes empresariales muestran signos de mayor optimismo en las perspectivas de inversión y de inteligencia artificial durante los próximos tres años, aunque persisten las preocupaciones sobre los riesgos geopolíticos, la crisis climática y los altos niveles de disrupción tecnológica.
Los resultados sugieren que el optimismo de los inversionistas es alto y tiene el potencial de crecer aún más en los próximos tres años. El 88 % dijo que planeaba aumentar su inversión extranjera directa (IED) en los próximos tres años, un 6 % más que el año pasado.
Otro hallazgo notable es la falta de prioridad de los inversores a la transparencia y la falta de corrupción, y tasas impositivas y la facilidad de pago de impuestos entre los principales factores que consideran al decidir dónde invertir. Estos cayeron respectivamente de la primera y tercera posición el año pasado a la cuarta y séptima posición este año. En su lugar, las capacidades tecnológicas y de innovación, procesos legales y regulatorios eficientes, y la facilidad para mover capital dentro y fuera del país se encuentran entre los tres factores principales.
Sin embargo, los riesgos clave relacionados con las tensiones geopolíticas y un entorno regulatorio restrictivo cobran gran importancia. El 85 % cree que un aumento de las tensiones geopolíticas afectará las decisiones de inversión, y las empresas están tomando decisiones de hacer nearshore o friendshore como reacción a estas presiones persistentes.
Las empresas participantes en la encuesta tienen ingresos anuales de 500 millones de dólares o más. Las del sector de servicios representan el 46 % de los encuestados y las industriales el 45 %. El trabajo de campo arrojó una rapidez de la proliferación de la inteligencia artificial en este mundo de los negocios.
El 72 % de los inversores dice que está haciendo un uso significativo o moderado de la inteligencia artificial en sus operaciones comerciales. Anticipan que sus empresas la utilizarán para el servicio al cliente y chatbots, la automatización de procesos manuales y la mejora de la cadena de suministro.
El 63 % de los inversores dice que su organización realizará aumentos significativos o moderados en el uso de la inteligencia artificial para guiar sus decisiones de inversión. Los inversores citan el ahorro de costos o eficiencia y la precisión en la toma de decisiones como los principales beneficios que obtienen al utilizarla en su toma de decisiones.
El 64 % dice que anticipa que su organización ampliará el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones de inversión durante los próximos tres años, y el 41 % prevé un aumento "significativo" o "moderado". Sin embargo, el 82 % coincide en que las políticas y regulaciones de la inteligencia artificial influirán en el grado de su inversión en esa rama.

 

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En NJ PRODUCTORA, Eddy Flores miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Justicia Social estuvo en Acceso Sin Límites donde nos comentó sobre la organización y los preparativos que están realizando para las próximas elecciones del diezynueve de mayo.
También nos habló sobre el crecimiento que ha tenido este partido (Justicia Social) en la gran alianza y nos decía que estarán en la casilla número 34 apoyando a Luis Abinadér.
Si quieres ver la entrevista completa, búscala en nuestras redes: (En YOUTUBE, Facebook, y nuestro portal N J PRODUCTORA.com
Y no te pierdas cada día de lunes a viernes 12 a 2, eL programa “ACCESO SIN LIMITES”.
NJ Productora (Nicolás Grullón y Judith Valdez), MARCANDO LA PAUTA A SEGUIR

 

El encargado de la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales de la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Ramón Peña Conce, informó que ese organismo ha recibido y derivado a "quien corresponda" los procesos de los cuales han sido apoderados.
"Nosotros hemos realizado muchas investigaciones y las hemos tramitado debidamente", señaló Peña Conce.
La unidad ha sido apoderada de decenas de denuncias por parte de los partidos políticos, pero hasta el momento las mismas no se han dado a conocer.
La más reciente denuncia fue hecha por los partidos de la oposición, quienes acusan al partido de Gobierno, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de supuestamente usar los recursos del Estado para favorecer a candidatos de esa organización.
Esta unidad de sanciones comenzó a funcionar en mayo de 2023, en medio de la precampaña electoral.
Stalin Alcántara Osser, sub-encargado de la Unidad de Sanciones de la JCE, explicó que las infracciones administrativas no estaban contempladas dentro de las leyes y que las mismas iniciaron a partir de la promulgación de la Ley 15-19, antigua ley de Régimen Electoral y que cuando se modificó (en la 20-23) se quedó todo igual, pero en lo referente a los delitos y crímenes electorales se hizo una reformulación.
Osser indicó que a la unidad no le corresponde sancionar delitos y crímenes, debido a que estos son de tipo penal y entre ellos está la violencia política contra la mujer.
De acuerdo a Manuel Ramón Peña Conce, las infracciones se clasifican tripartita y tomando en consideración la sanción. "Las que se sanciona con multas, es decir que afectan el bolsillo" son contravenciones.
Las que se sancionan con penas privativas de libertad de dos años o menos son delitos y las que son de tres años para adelante se clasifican en crímenes.
"Esa clasificación tripartita de las infraccione se mantiene en los delitos y crímenes electorales. Lo novedoso en esa clasificación es la sanción administrativa. Todo lo que es crímenes y delitos la ley creó una Procuraduría General Especializada en la Investigación y Persecución de Crimines y Delitos Electorales que es la entidad por la que hay que canalizar cualquier tipo de reclamos de delitos electorales", explicó Peña Conce.
Lo que le corresponde a la unidad es lo referente a las encuestadoras, el proselitismo antes de abrirse la campaña y la violación de topes, los demás hechos son crímenes o delitos.
"Aunque se piense que no es grave, hay hechos que la ley castiga severamente, por ejemplo, mostrar el voto. Mostrar por quien votaste eso está sancionado con una pena de hasta un año", dijo el encargado de la Unidad de Sanciones de la JCE.
Indicó que ese organismo no se opone a recibir ningún tipo de denuncias y que las mismas son recibidas y tramitadas a quien corresponda.
También le corresponde a la unidad el uso indebido de los símbolos patrios.
Peña Conce explicó que la atribución de quien debía conocer los crímenes y delitos electorales con la antigua ley de Régimen Electoral generó "una situación difícil", ya que se le atribuían competencias al Tribunal Superior Electoral (TSE), éste a su vez dictó una sentencia estableciendo que la parte competente eran los tribunales ordinarios y que en la Ley 20-23 se copió ese principio y se estableció que los crímenes y delitos electorales se conozcan en los tribunales del Ministerio Público.
Peña Conce y Alcántara Osser indicaron que la mayoría de las investigaciones la han realizado por "motu proprio", que se han enterado "por las redes o por cualquier va".
"Hemos realizado investigaciones y no necesariamente tiene que mediar una denuncia", indicó Peña Conce.
Sobre la compra de la cédula de identidad electoral, los representantes de la unidad señalaron que este es un delito que está tipificado en la legislación y se sanciona con de 1 a 3 años de cárcel.
Las declaraciones de los encargados de la Unidad Sancionadora de la JCE fueron dadas a conocer en el Podcast del organismo electoral.


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Los partidos y movimientos políticos se enfrentan en una intensa campaña electoral con mira a las elecciones del 19 de mayo, lo cual implica gastos económicos en movilización de personas, equipos, publicidad y otros consumos de campaña que, por lo general, exceden los recursos asignados por la Junta Central Electoral (JCE). Sin embargo, la Ley 33-18 Orgánica de Partidos, Organizaciones y Movimientos Políticos especifica que dichas entidades no pueden aceptar ni utilizar fondos de fuentes no debidamente identificadas.
El artículo 78 de la normativa establece que el financiamiento ilegal conlleva una multa equivalente al doble de la contribución recibida por un partido o persona física (candidato), además de las penalidades previstas en otras leyes.
En ese orden, la legislación también prohíbe las contribuciones a entidades políticas que puedan proceder de actividades ilícitas (como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, la trata de personas y otros delitos penales).
La Junta Central Electoral entregará 2,520 millones a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que participarán en las próximas elecciones del 19 de mayo, establecido en la resolución número 6-24 del órgano electoral.
Las principales entidades políticas, que recibieron más del 5 % de los votos válidos emitidos en los comicios presidenciales de 2020, como el PRM, el PLD, la FP y el PRD, obtendrán cada una RD$ 504,160,000, para financiar sus campañas como lo estipula la ley 33-18.
En cambio, los partidos que recibieron más del 1 % de los votos en las elecciones de 2020 será beneficiados con el reparto de RD$ 302,496,000, y para aquellos que lograron menos del 1 % se repartirán RD$ 201,664,00o.
No obstante, estas organizaciones reciben apoyo financiero de entidades y personas; pero deben seguir las regulaciones establecidas y estar bajo la supervisión de la Junta Central Electoral con el fin de evitar la entrada de dinero de origen ilegal.
• Cualquier persona moral de derecho público, salvo la contribución estatal señalada por ley.
• Las contribuciones de gobiernos e instituciones extranjeras que no estén establecidas con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional, a excepción de los aportes de organizaciones extranjeras de carácter académico, recibidas para la formación política debidamente documentadas y aprobadas por el organismo de máxima autoridad del partido, agrupación o movimiento político que corresponda.
• Los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.
• Los aportes que no se puedan determinar su procedencia u origen.
• Los préstamos y otras concesiones de entidades crediticias o no crediticias, que no sean para un proyecto en específico previamente aprobado por el organismo de máxima autoridad del partido, así como de toda otra actividad que comprometa la independencia del partido.
• Las contribuciones en bienes y servicios, y las franquicias provenientes de alguna de las personas físicas o morales señaladas en los numerales 1), 2), 3), y 4) del presente artículo.
• Las contribuciones de personas físicas subordinadas, cuando les hayan sido impuestas por sus superiores jerárquicos.

 

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El presidente Luis Abinader nombró al sustituto de Ulises Rodríguez en la dirección ejecutiva del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), quien fue electo como alcalde de Santiago el pasado 18 de febrero. Rodríguez había tomado licencia del cargo en noviembre del 2023 para dedicarse a su campaña política. Tomará posesión como alcalde de Santiago el próximo 24 de abril. En su lugar, Abinader colocó a Rafael Ulises Cruz Rodríguez, quien viene del Partido Reformista Social Cristiano, y para ello derogó el decreto 438-20, que había designado al anterior incumbente el 2 de septiembre de 2020.
El Poder Ejecutivo lo eligió a partir de una terna que envió el Consejo Directivo de Proindustria el 20 de marzo del 2024, como manda la Ley 392-07, sobre Competitividad e Innovación Industrial.
El Consejo hizo la selección el mismo día en una reunión.

 

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Cuando más de veinte imputados relacionados a la presunta red de corrupción que supuestamente lideró el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se han declarado culpables, el exfuncionario subirá a estrado este próximo viernes para defenderse en la fase preliminar del sonado caso Medusa.
El exfuncionario tenía pautado presentarse hoy junto a su equipo de abogados frente al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, pero debido a una petición de aplazamiento del encartado Javier Alejandro Forteza Ibarra, por alegados problemas de salud, la audiencia continuará el viernes 05 de abril a las 9:00 de la mañana en la antigua Suprema Corte del Centro de los Héroes, Distrito Nacional.
El Ministerio Público dice estar preparado para este día y precisa que cuenta con una acusación "blindada" que ha obligado a muchos de los señalados a admitir los hechos.
El más reciente en declararse culpable fue el empresario Ismael Elías de Jesús Peña Tactuk, al llegar a un acuerdo "pleno" con el Ministerio Público, que involucra a la empresa Espacio & Arquitectura S.R.L., y consiste en pagar una multa de 4 millones, doscientos mil seiscientos (RD$4,200,600) y una pena de un año de reclusión suspendida.
Carlos Balcácer, representante legal de Rodríguez, afirmó que muy pocos imputados han señalado a Jean Alain Rodríguez y que quienes lo han hecho, solo han leído un guión preparado por la Procuraduría General de la República (PGR).

 

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El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yván Lorenzo, sometió este martes un proyecto de resolución para que la Cámara Alta ordene a la Junta Central Electoral (JCE) que extienda el plazo para restituir las cédulas "que se compraron" en las elecciones de febrero y así evitar una alta abstención en los comicios de mayo. Lorenzo dijo que se hace necesario que la JCE "garantice el ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho a obtener la cédula de identidad y electoral, documento indispensable para el ejercicio del sufragio".
El senador de Elías Piña también señaló que, en el último proceso electoral, realizado el pasado 18 de febrero, se reportaron numerosas irregularidades, como la compra de miles de cédulas a los ciudadanos, lo que consideró como privación de su derecho al voto, lo que entorpeció el proceso electoral y provocó críticas por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Eladio Loizaga, excanciller paraguayo y principal observador internacional de la OEA expuso en un informe que como forma de combatir la situación para futuras elecciones se instó a que se tomen las medidas necesarias para incentivar una mayor presencia electoral en las urnas. La misión destacó la relevancia de que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan su derecho al voto, y entre estas medidas el que los ciudadanos puedan tener este plazo hasta el 18 de mayo para sustituir su documento de ejercer el voto", destacó el vocero del PLD.
El senador Lorenzo solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) extender el plazo para la entrega del duplicado de la cédula sin retribución económica hasta el 18 de mayo de 2024 en aras de facilitar la participación de los dominicanos en los referidos comicios.

 

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Poco a poco, las actividades en la Penitenciaría Nacional de La Victoria van tomando su curso habitual, después de los bruscos cambios a raíz del incendio ocurrido el pasado 18 de marzo, de acuerdo a las vistas y testimonios obtenidos desde las afueras del recinto. Desde el siniestro, donde fallecieron al menos 13 presos, las visitas habían estado restringidas, mientras que la entrada de alimentos y otro tipo de pertenencias de parte de allegados eran limitadas.
Desde el pasado lunes, según informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), es que las actividades cotidianas avanzan con regularidad, información que fue corroborada por distintos familiares de reclusos.
“No están dejando visitar aún, desde el incendio, pero nosotros podemos venir de lunes a viernes y le traemos su comidita, su dinero y sus cosas para que se defiendan”, indicó María Cedeño, quien visitaba a su hijo.
Además, de acuerdo con los propios familiares, y con detalles recogidos de algunos custodios, los traslados de reclusos hacia otras penitenciarias ya concluyeron, y solo fueron movidos los que se encontraban en las áreas afectadas.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios afirmó que aún se supervisan los trabajos en el área de Asistencia Legal para el proceso de identificación y ubicación de los privados de libertad que fueron movilizados a otros centros, para su efectiva asistencia a los tribunales como garantía del conocimiento de sus casos en justicia de manera oportuna.
En el inicio de esta semana, la DGSPC aseguró que coordinan los trabajos en La Victoria, se reunieron con privados de libertad de las distintas áreas del centro, quienes se comprometieron a continuar colaborando en todos los procesos que se ejecuten para el bien del centro penitenciario, a través de los equipos que conforman las brigadas de privados de libertad pertenecientes a la Dirección de Medio Libre, bajo la dirección y coordinación de Yenni Olga Hernández.
También, la DGSPC indicó que una comisión de funcionarios de la Procuraduría General de la República y la DGSPC hicieron una visita socio familiar a dos de las familias de privados de libertad identificados como fallecidos en el incendio.
Por disposición de la procuradora se mantiene de manera permanente el campamento del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en La Victoria, como parte de las medidas del plan de gestión.
Mientras que personal de Salud Mental indica que asistieron a cinco presos que requirieron atención debido al efecto postraumático luego del incendio y le impartieron una charla con el tema “Buena convivencia”, impactando a 130 personas.

 

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La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó ayer martes que la producción de agua potable en la última semana de marzo se situó en 413.24 millones de galones diarios.
La institución indicó que producto de las últimas lluvias, las presas de Valdesia y Jigüey se mantuvieron operando en niveles normales, mientras que el caudal del río Nizao se ubica en 4.12 m3 por segundo, que es bastante bajo considerando que la demanda para agua potable y riego agrícola es de aproximadamente 16 m3 por segundo.
La Caasd recordó que la producción de agua para estas fechas tiende a mermar, por el período de sequía, afectando de manera parcial a sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Este, Pantoja, Los Girasoles, Los Alcarrizos y Pedro Brand.
Asimismo, explicó que la presa de Valdesia, cuyo nivel máximo es de 150 metros sobre el nivel medio del mar (MSNM), se encuentra en 147.36, mientras que Jigüey, cuyo tope máximo es de 541.50 MSNM, se encuentra en 535.10 MSNM.
La entidad estatal puso, a mediados del mes pasado, su plan de contingencia que comprende la disponibilidad de 95 unidades de camiones cisterna alquilados para que, junto su flotilla, se incremente la distribución de agua potable en los sectores con problemas de abastecimiento.
Por otro lado, la Corporación informó que solo del 20 al 26 de marzo se corrigieron 215 averías reportadas en las redes de distribución de diferentes sectores del Gran Santo Domingo, optimizando así el servicio.
La institución informó que el personal técnico se mantiene operando las 24 horas del día, y recordó que las solicitudes deben hacerse llamando al centro de atención o a través de las redes sociales.
Hizo el acostumbrado llamado a la población de hacer un uso racional del agua, utilizándola sólo en labores esenciales domésticas, de manera tal que se evite el lavado de vehículos y riego de plantas innecesarios.

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La violenta situación que vive Haití sigue afectando las exportaciones que se realizan desde la República Dominicana hacia ese mercado. En esta ocasión, el régimen de zonas francas registra una variación relativa de -14.99 % en el valor de los envíos entre enero y febrero de 2024 en comparación con igual periodo del 2023. La data de la Dirección General de Aduanas (DGA) indica que los productos enviados por las zonas francas en los dos primeros meses del 2024 alcanzaron los 48.17 millones de dólares, quedando por debajo de los 56.66 millones de dólares del 2023.
En lo general, las exportaciones totales (régimen de zonas francas, exportaciones nacionales, admisión temporal y reexportación) hacia Haití entre enero y febrero del presente año ascienden a 132.2 millones de dólares, un -22.3 % que en igual periodo de 2023.
El 2020 fue un año mejor para las exportaciones hacia Haití entre enero y febrero del régimen de zonas francas. Estas alcanzaron un valor ascendente a 59.36 millones de dólares en esos dos meses. Pero en el mismo periodo del año siguiente bajaron un 6.33 %, al ubicarse en 55.61 millones de dólares.
En cambio, durante los dos primeros meses del 2022 repuntaron y alcanzaron un pico de 71.22 millones de dólares, para desplomarse un 20.44 % en el 2023, al registrar 56.66 millones de dólares.
Haití es un mercado que cada año representa más de 850 millones de dólares en las exportaciones totales para la República Dominicana. Solo el año pasado representó 857.2 millones de dólares, de acuerdo con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).
Además, fue el segundo destino de los productos exportados desde la República Dominicana en el 2023.
Pero Haití está inmerso en una crisis económica, política y social desde hace varios años, tomando mayor preponderancia desde que las bandas comenzaron a apoderarse de zonas claves del país. En la vecina nación no se celebran elecciones desde noviembre de 2017, cuando fue electo Jovenel Moise (presidente asesinado).
El intercambio comercial ha continuado entre la República Dominicana y Haití, a pesar de los conflictos internos de esa nación y del cierre fronterizo por parte de los dominicanos desde septiembre del 2023 por la construcción de un canal en el lado haitiano para desviar agua desde el río Masacre. El canal ya fue concluido.
La construcción del canal llevó al Gobierno dominicano a cerrar la frontera por Dajabón y, posteriormente, el 14 de septiembre de 2023, el presidente Luis Abinader informó que, a partir de las 6:00 de la mañana del día siguiente (15 de septiembre), toda la frontera de República Dominicana con Haití, tanto terrestre como marítima y aérea, estaría cerrada.
De acuerdo con un cable de la agencia EFE, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió ayer, en un debate sobre la situación en Haití, que las autoridades del Estado caribeño alcancen un acuerdo para formar "sin demora" un gobierno de transición que frene los crecientes niveles de violencia de bandas en el país.
En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, el alto comisionado Volker Türk presentó un nuevo informe de su oficina en el que denuncia que desde principios de año se ha registrado una intensificación de los ataques perpetrados por bandas criminales contra comisarías de policía, prisiones y otras instalaciones, con el objetivo de "derrocar a las autoridades en el poder".
En términos generales, la Revista Comercio que publica la Dirección General de Aduanas detalla que las exportaciones del régimen de zonas francas para el periodo enero-febrero 2024, ascienden a 1,229.36 millones de dólares, presentando un aumento de 8.75 %, en relación al mismo periodo del año 2023.
El 52.72 % de estas exportaciones pertenecen a bienes de consumo, el 34.92 % a bienes de capital, mientras que el 12.35 % restante a materias primas.
El 90.48 % de las exportaciones de zonas francas se concentra en 10 países destino, destacándose Estados Unidos con una participación del 74.40 %, seguido por Puerto Rico (4.73 %), Haití (3.92 %), Países Bajos (2.53 %), Alemania (1.40 %), China (1.03 %), Colombia (0.79 %), Bélgica (0.61 %), Canadá (0.59 %) y Nicaragua (0.47 %). El resto de los países representa el 9.52 %.

 

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