Tavárez, del tribunal de Atención Permanente de Santiago, impuso una garantía económica de RD100 mil y presentación periódica, como medida de coerción, en contra de un exempleado del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) acusado del robo de más de RD$2 millones 900 mil, mediante el consumo de combustibles de la institución.
Según la acusación del Ministerio Público, el imputado Fredely Rafael Almonte Abreu realizó dicho gasto al hacer uso de una tarjeta electrónica que se le suministraba para realizar labores de la institución.
Rafaelina Torres, abogada del encargado, entiende que el órgano acusador no puede justificar los cargos que le imputan.
Alega que en los siete meses de servicio que duró su cliente en la entidad gubernamental no es posible realizar un consumo millonario con la cantidad de dinero que tenía disponible la tarjeta.
Según dijo, la misma solo tenía un balance mensual de $3,600 pesos.
"No hay forma de que una persona pueda gastar más de dos millones de pesos en siente meses cuando el balance disponible no llegaba a cuatro mil pesos", estableció la jurista.
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Nj productora
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