“Nosotros buscamos restaurar la institucionalidad en el sector eléctrico de cara a que los más desposeídos, que es la población más carenciada, ha sido la más altamente afectada por este incremento que es ilícito e ilegal”, dijo.
Adames explicó que el recurso contencioso administrativo lo motivan basándose en que, a consideración de la Fundación Justicia y Transparencia, las tres resoluciones, que dijo, ha emitido la Superintendencia de Electricidad para el aumento del costo del servicio eléctrico que brindan las empresas distribuidoras (EDE), fueron realizadas de manera ilícita en franca violación a la ley.
Dijo que las resoluciones son contrarios a los mandatos de varias leyes, ente ellas la General de Electricidad, la de Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo y también la de Libre Acceso a la Información Pública.
El jurista indicó que las referidas normas legales exigen que para la confección y aplicación de este tipo de resoluciones previamente deben ser consensuadas con toda la ciudadanía. “Es decir, que haya vista públicas, audiencias públicas, y nada de eso se hizo”, agregó.
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Nj productora