El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) informaron hoy que para 2022, el 32.5 % de los cigarrillos comercializados en el país fueron ilegales. A través de una nota de prensa, las instituciones compartieron un informe con datos estadísticos sobre el comercio ilícito de este tipo de producto, en el que destacan que la comercialización de cigarrillos de manera irregular tuvo una reducción de 2.8 puntos porcentuales, si se compara con incidencias del 2021, cuando circularon en el país unos 372 millones de unidades de cigarrillos ilegales.
Entre enero y diciembre del pasado 2022, fueron decomisados en territorio dominicano unas 34,717,869 unidades de cigarrillos que eran comercializadas de forma ilegal. Dajabón fue la localidad con el mayor índice de operativos realizados, se indica en el documento.
De acuerdo con el informe de decomisos, el mayor volumen de cigarrillos ilegales confiscados corresponde a las marcas:
• Capital
• Jaisalmer
• Point
Según datos recopilados por la industria, de las anteriores marcas, la de mayor incidencia en República Dominicana es Capital, la cual es manufacturada en Emiratos Árabes (Dubai) y llega al país a través del cruce terrestre y/o marítimo en la frontera domínico-haitiana.
Durante el período 2016 a 2022, se calcula que el fisco dejó de percibir un estimado de 11,300 millones de pesos. En cantidad de cigarrillos, se estima que este volumen de contrabando equivale a la circulación de unos 2,100 millones de unidades de la marca Capital, dice la nota.
El comunicado indica que el impacto del comercio ilegal en la economía le resta beneficios, empleos y capacidad de contratación de más servicios a las empresas y negocios formales.
En ese sentido, la cantidad de ingresos a los grupos informales que se lucran de este contrabando no compensan lo de la economía formal de dicho sector.
Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, reiteró el compromiso de dicha institución de "continuar trabajando para propiciar condiciones regulatorias que incentiven el desarrollo, el cumplimiento de la ley y la erradicación de distorsiones de profundo calado como es el comercio ilícito".

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