Explica que la finalidad de dicha reunión fue lo relativo a la presentación del proyecto de ley del Ministerio de Justicia, respecto al cual ya fueron hechas las observaciones correspondientes.

«En cuanto a las demás afirmaciones vertidas por el señor García, constituyen un agravio colateral a mi persona en mi condición de Procuradora General de la República; no las respondo ya que podría devenir en una discusión política de la cual no formo parte», agrega.

NIEGA POLITICACIÓN CASO CALAMAR

Mas tarde, en una rueda de prensa junto a funcionarios de su departamento, Germán Brito negó que haya sido politizado el caso anticorrupción Calamar, que involucra a varios exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina, entre ellos tres antiguos ministros.

Señaló que «constituye un despropósito querer enlodar» el trabajo que realiza el Ministerio Público «con insinuaciones que pretenden reducirlo a un instrumento de vindicta política, pues los casos de corrupción se han ido judicializando en la medida que las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido».

Expresó su confianza en que el Poder Judicial «sabrá cumplir en ese caso con las funciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con supuestos análogos, para garantizar los fines propios de las medias de coerción».

Consideró «legítimo» que la ciudadanía esté pendiente de que se respete el debido proceso y para asegurar que no haya impunidad, sin embargo, «debemos cuidar las formas de ejercer este derecho para evitar situaciones que generen perturbación al orden público y el libre tránsito».

Las autoridades encargadas del orden público «deben actuar con mesura, garantizando un uso racional de los medios coercitivos de que disponen, sin excesos ni abusos, pues no podemos poner en riesgo la democracia que tanto nos ha costado» dijo la procuradora en clara referencia a los incidentes entre agentes y militantes del PLD en las manifestaciones que estos últimos han convocado por el apresamiento de los exfuncionarios.

La Procuraduría General anunció el 18 de marzo el arresto de 20 personas por sus vínculos a una supuesta red de corrupción administrativa, entre ellos, los exministros Gonzalo Castillo (Obras Públicas y antiguo candidato presidencial), Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (administrativo de la Presidencia).

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