El magistrado, en sus motivaciones, dijo que “si no hubiese estado Henry Molina en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, no se hubiera presentado un descargo a los implicados del caso, porque se estaría llamando y presionando para que acogiera lo contrario”.
En el caso fueron exonerados de toda responsabilidad penal y los acusados Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo, ex registradora de títulos del Distrito Nacional.
También figuran Juana Gómez Williams, representante de Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Lebrón, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa, Carlos Gómez Williams y Julio Gómez Williams.
Igualmente, José de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Ozuna y Hadonis Ruiz, así como Lisetel González.
El Ministerio Público había solicitado al juez que envíe a los imputados a juicio para que sean juzgados por desfalco y estafa contra el Estado dominicano.
La acusación indica que los citados exfuncionarios se coludieron entre sí para desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo el sector Los Tres Brazos, el cual estaba habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
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Nj productora