“Con este cierre el Consejo del Poder Judicial lo que pretende es de sabotear los servicios presenciales para justificar la aprobación de una virtualidad totalmente inconstitucional, contraria a la reciente decisión del Tribunal Constitucional, TC 0286-21, que declaró inconstitucionales las audiencias virtuales”, manifestó.
Denunció que no sólo se encuentra paralizada la construcción de ese Palacio de Justicia, sino también otras 8 edificaciones, entre ellos el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria de Azua y Sánchez Ramírez, lo que representa una verdadera tragedia para el Estado de Derecho de nuestro país.
“En el caso de Azua la construcción está a nivel de terreno, aún no han iniciado la estructura y alrededor de 20 contratistas están sin recibir su pago, según informes que poseemos”, afirmó.
Advirtió que no se quedarán de brazos cruzados y que recurrirán a las medidas que sean necesarias para lograr que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales la justicia virtual y dispone la apertura de todos los tribunales y servicios judiciales, para que la Justicia sea igual para todos y que se ejerza en espacios adecuados.
El presidente del CARD ofreció estas declaraciones durante una protesta-vigilia junto a decenas de miembros para exigir la apertura de tribunales y mejoría de los servicios presenciales.
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