Jorge Mera narró que a pesar de las denuncias, desde las primeras horas der ese día era “muy evidente” que sería un “problema sin solución” y que tras una reunión con el entonces candidato presidencial Luis Abinader y luego solicitaron la suspensión de los comicios, ya que a su entender era la “decisión correcta”.

“Aunque fue y es una mancha negra, los procesos sucesivos de marzo y julio de 2020, la democracia dominicana salió fortalecida. Nuestra responsabilidad ahora es trabajar con la reforma a las leyes electorales y de partido, 15-19 y 33-18, y apoyar el trabajo de la actual gestión de la JCE, para que nunca jamás se repita ese episodio”, añadió el también ministro de Medioambiente.

En ese sentido, el delegado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, manifestó que el 16 de febrero es “una fecha de triste recordación” y atribuyó el fallo departe del departamento de informática al “exceso de confianza” producido tras el “éxito de las primarias de octubre del 2019.

“Como dice el refrán, en la confianza es que está el peligro y entonces no tuvieron los controles de calidad, para asegurarse de que la boleta pudiera subir y desplegarse en el sistema; realmente es una lección aprendida para todo el sistema de partidos, a los fines de robustecer los controles de calidad y que podamos asegurarnos de un sistema que nos permita rapidez, que sea tecnológico y que sea confiable y seguro”, añadió Díaz.

El exfuncionario manifestó que el PLD fue el partido que se vio más afectado por la suspensión ya que “el hoy partido de gobierno (PRM) porque de manera perversa hizo creer que el PLD tuvo una especie de involucramiento, lo cual fue tardíamente desmentido por el informe de la OEA”.

Lo que de acuerdo a las encuestas iba a hacer un torneo electoral reñido, resultó en victorias aplastantes de parte de toda la oposición en las elecciones extraordinarias del 15 de marzo, encabezada por el PRM ganando la mayoría de las alcaldías, incluyendo el Gran Santo Domingo completo, a excepción de Santo Domingo Norte .

De su lado, el suplente de delegado de Fuerza del Pueblo ante la JCE, Javier Ubiera, recordó que fue ese partido que da la primera voz de alerta el día anterior y se apersonó hacia la sede del órgano electoral demandando una reunión con el pleno.
“Recuerdo como ahora mismo que el día anterior a las elecciones, en horas de la tarde, nosotros empezamos a recibir reportes de que miembros de la JCE estaban entrando a los colegios electorales y manipulando los equipos, y no fue hasta que las quejas se hicieron más y más frecuentes que nosotros nos preocupamos e inmediatamente demandamos esa noche una reunión con el pleno e informamos a los otros partidos acerca de lo que estaba sucediendo”, manifestó Ubiera.

El dirigente del partido dirigido por el expresidente Leonel Fernández, quien durante las primarias del mes de octubre reclamó que hubo un fallo en esos equipos, detalló que al momento de reunirse con las autoridades a primeras horas de ese domingo, varios miembros del pleno no sabían acerca de lo que estaba sucediendo y rápidamente se dieron cuenta que era un “problema que estaba fuera de control”.

“Era evidente que un problema de esa naturaleza no iba a poder ser resuelto, con apenas horas para realizarse las elecciones y al ser evidente de que no habían las condiciones para realizar ese torneo electoral, nosotros solicitamos que los comicios sean suspendidos porque habían problemas irremediables y los mismos casi nunca afectaban al entonces partido de gobierno (PLD)”, agregó el representante ante la JCE.

Ubiera explica que a su entender aún no se han hecho los esfuerzos necesarios para garantizar que ese “error histórico” no suceda nueva vez ya que se ha fallado en la reestructuración del departamento de informática y que a penas recién se ven los pasos de la JCE en esa dirección.

Tácito Perdomo, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), manifestó que a pesar de que una suspensión afectaría al partido de forma económica y electoral, al ver la situación que se estaba produciendo desde el día anterior, no duraron en también apoyar la posposición de los comicios.

“La tranquilidad del pueblo dominicano estaba primero, de continuar el proceso como iba y como estaban los ánimos en la calle, aquí podía pasar cualquier cosa…los resultados de que no se produjera una crisis nacional, que corriera sangre, los resultados fueron muy positivos”, puntualizó Perdomo, quien al contrario de Ubiera sí entiende que la JCE ha tomado las medidas correctas para que ese suceso no vuelva a ocurrir.

El estallido social

La suspensión de ese torneo electoral trajo consigo una serie de acusaciones de sabotaje y fraude entre el oficialismo y la oposición, mientras que la sociedad civil exigía al órgano electoral una explicación sobre lo ocurrido, mediante masivas protestas en la Plaza de la Bandera, justo al frente de la sede principal de la JCE.

La primera de las protestas se realizó la noche siguiente y las multitudes se hacían cada vez más grandes y ruidosas con el pasar de las semanas, a lo que se agregaron cacerolazos. Dos días después, la Policía confirmó el arresto de dos personas por su supuesta vinculación con los problemas registrados en los equipos de voto automatizado, lo que agravó la crisis.

La investigación de OEA

El 21 de febrero, el Gobierno dominicano instruyó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar el fallo en el sistema de voto automatizado y dejando suspendidas en efecto la investigación del Ministerio Público. La semana siguiente, la JCE y la OEA firmarían las bases del acuerdo que daba apertura a la auditoría que realiza el organismo Internacional.

La auditoría, según lo dicho en la rueda de prensa de ese día, consistía en la toma de manera aleatoria 80 equipos del voto automatizado de las suspendidas elecciones.

De esos 80 equipos serían elegidos veinte aparatos que nunca presentaron inconvenientes, veinte que presentaron fallas y nunca se arreglaron, veinte máquinas que estuvieron defectuosas, pero finalmente funcionaron y veinte que pertenecían a la parte de respaldo.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó en ese momento que la misión principal de esta auditoría técnica es identificar las causas que provocaron el fallo en los equipos que se utilizarían en 18 demarcaciones. En el informe, de 45 páginas, dado a conocer por la OEA en la noche del 14 de abril de ese año, la entidad determinó que las fallas en el sistema se produjeron por errores cometidos por los técnicos de la dirección de Informática de la JCE y no por ataques externos al software, lo que resultó en la cancelación del entonces director de Informática de la entidad, Miguel Ángel García, quien estaba suspendido desde el 19 de febrero anterior y sustituido por Johnny Rivera antes de las elecciones presidenciales del 5 de julio.

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