En la instancia, los defensores de Rodríguez alegaron que las juezas de la Primera Corte de la Sala de Apelaciones del Distrito Nacional habían admitido que cometieron vulneración y violaciones a las leyes y derechos fundamentales.
Rodríguez se encuentra detenido desde el pasado 29 de junio, acusado junto a otros antiguos empleados del Ministerio Público de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
En este caso, denominado Operación Medusa, cumplen prisión preventiva por 18 meses: Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
También figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, así como Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa al grupo de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y desfalco.
Asimismo, de violación de la ley de sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, incurrir en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos, sabotaje, soborno, lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado.
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