“El uso de los mecanismos de participación social contemplados en los artículos 22, 203 y siguientes de la Carta Magna está limitado por la ausencia de regulación. Es impostergable aunar esfuerzos con todos los sectores de la sociedad para apoyar los trabajos que se realizan desde este Congreso. A fin de aprobar una legislación que permita la consagración de los derechos derivados de la democracia directa”. Agregó.
El Defensor del Pueblo también destacó la necesidad de revisar y socializar los presupuestos para el ejercicio de la figura del referendo en cualquiera de sus modalidades.
Así como de pensar en perspectiva con relación a aspectos que inciden en su materialización. A su juicio. Se debe analizar la frecuencia en que podrán ser utilizados estos mecanismos de participación, pues. “Si se realizan muy fácil y frecuentemente, pueden volverse desacreditados”.
“Esta ley requiere deslindar su alcance, su carácter vinculante o no, a partir de los tipos de referendo contemplados”. Prosiguió.
Asimismo, Ulloa observó que el Estado tiene la obligación de jugar un papel de formación hacia una cultura participativa de la ciudadanía y detalló el compromiso de la institución que dirige en apoyar el incentivo a una verdadera construcción de ciudadanía.
“Desde el Defensor del Pueblo apostamos a la educación como elemento sustancial dentro del proceso de empoderar a nuestros ciudadanos como sujetos políticos. Sin una ciudadanía dinámica, responsable, activa y consciente estos presupuestos constitucionales se relegarían a letra muerta”. Puntualizó.
En la actividad participaron, además, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano legislativo, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo. Así como el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, entre otros.
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