Sin conocer previamente el contenido del proyecto, porque fue liberado de lectura por medio de una votación, senadores aprobaron en primera discusión este martes el Código Penal y decidieron enviarlo a una comisión especial.
Restando tan solo 30 días para que finalice esta legislatura del cuatrienio 2020-2024, la cámara alta conoció la reintroducción del Código Penal realizada por el senador Rogelio Genao.
Pese al conflicto que generó entre los legisladores que no estaban de acuerdo con la premura en el conocimiento del controversial proyecto, el Código Penal fue favorecido, sin la inclusión de artículos que aborden las tres causales para la interrupción de un embarazo, durante esta primera discusión con 20 votos a favor y tres en contra.
La senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, quien calificó como innecesaria la aprobación de este proyecto legislativo a tan solo días de la culminación de las labores congresuales.
Sin embargo, Genao aclaró que los artículos que contempla el documento legal de su autoría no presentan ninguna variación a los conocidos a inicios de 2023, momento en que fue aprobada por los senadores en segunda lectura con 23 votos a favor y posteriormente enviada a la Cámara de Diputados, donde perimió.
De acuerdo con las explicaciones de Genao, el proyecto tiene el objetivo de solucionar unos 100 años de retraso que afectan a República Dominicana, agregando más de 400 artículos garantizaran la tipificación de los delitos y actos criminales.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, designó una comisión especial para estudiar sin plazo fijo el proyecto, dejando abierta la extensión del conocimiento de las posibles modificaciones a realizarse con miras a la próxima legislatura programada para el 16 de agosto.
La normativa indica, según lo establecían los considerandos del documento presentado el año pasado, que el Estado podrá cumplir con su función esencial, consistente en la protección efectiva de los derechos de las personas y la protección de los bienes jurídicos.
Además, permitirá un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
 

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