El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está en disposición de acompañar al Gobierno dominicano en el proceso de elaboración de una reforma fiscal integral, afirmó Inka Mattila, representante local de ese organismo internacional en el país. La funcionaria apuntó que una eventual reforma debe centrarse en promover el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza extrema y asegurar un reparto equitativo de los recursos, lo cual considera requiere un enfoque progresivo en el que se dé un equilibrio entre ingresos y gastos, y la participación activa de todos los sectores de la sociedad.
Mattila habló en esos términos al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde estuvo acompañada de Xavier Hernández, representante residente adjunto; Melissa Bretón , oficial de desarrollo Humano; Sócrates Barinas, economista Senior, y Miguel Cereceda, asesor de Gobernabilidad.
La representante del PNUD enfatizó que una eventual reforma debe de responder a la cuestionante de, ¿para qué se destinarán los ingresos?, al resaltar que es esencial que los ingresos obtenidos, especialmente aquellos generados a través de procesos de reformas fiscales, se destinen de manera que no perjudiquen a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Apuntó que la idea es que los países adopten sistemas fiscales progresivos y no regresivos que agraven las desigualdades existentes.
Los ingresos deben enfocarse en áreas que promuevan el bienestar de la población, como la educación, la salud y la infraestructura social, asegurando que se aborden las necesidades básicas y se fomente el desarrollo equitativo, argumentó .
De su lado, el economista Barinas entiende que de cara a una reforma lo primero es evaluar las figuras tributarias y la estructura actual. «Uno de los aspectos más importantes debe ser el impuesto sobre la renta, ya que es menos regresivo que el ITBIS.
Actualmente, el 65 % de la estructura impositiva se basa en impuestos al consumo, lo cual afecta más a los pobres que a los ricos», destacó.
Agregó que se debe trabajar en el sistema de seguridad social, ya que la informalidad es uno de los obstáculos estructurales tradicionales.
Además, fomentar el crecimiento de los emprendedores y facilitar que las pymes comiencen a tributar también tiene un costo. Las investigaciones han mostrado que existen trampas que dificultan la transición de la informalidad a la formalidad.
Por lo tanto, es necesario pensar en un diseño integrado, no solo enfocado en generar más ingresos, sino también en apoyar a aquellos que inician un proceso de incubación empresarial y tienen el potencial de crecer a gran escala, resaltó al precisar que de lo contrario no tendrán la capacidad de contribuir significativamente al sistema.
“Esto es un problema más complejo que simplemente implementar una reforma tributaria», dijo.
En tanto, Miguel Cereceda considera que es necesario priorizar el desarrollo humano y fortalecer los servicios institucionales, en lugar de centrarse únicamente en la recaudación fiscal, para lograr un impacto positivo y sostenible en la sociedad.
Los ejecutivos reiteraron la disposición de acompañar a República Dominicana en este proceso de transformación, como lo han hecho en los últimos 50 años en reformas anteriores, como las de los 90’s, igual con el Código Tributario y Laboral y en el 2003 con la Seguridad Social.
Aunque el país está avanzando en la región con alto crecimiento económico, es necesario enfocarse en llegar a aquellos que se están quedando atrás para asegurar un desarrollo más equitativo.
La República Dominicana se encuentra en la posición número 83 de los 193 países, una buena posición, y desde 1990 el país ha aumentado su índice de desarrollo humano en un 33-34 %.
No obstante, existen brechas en los territorios, especialmente en las regiones cercanas a la frontera, y la región de planificación de Yuna, donde está la provincia La Altagracia, lo que evidencia que el desarrollo no está llegando a todos y deben elaborarse políticas públicas en favor a los más desfavorecidos.
18,500 millones dólares.
Monto que perdió República Dominicana por la pandemia del Covid-19.
600 millones de dólares.
Monto de aporte en cuatro proyectos de transformación y acompañamiento a cuatro instituciones locales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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