Aunque mucho se habla del hacinamiento en las cárceles dominicanas, medir el tamaño de esa sobrepoblación no ha sido una tarea en la que nadie se involucra con frecuencia. Las autoridades del sistema penitenciario dominicano aportan datos estadísticos de la cantidad de privados de libertad que tienen, cifra que hasta enero de este año era de 26,396. Pero, ¿cuánto es ese número respecto a la capacidad general del sistema?
Sin un dato oficial a la mano (se solicitó, pero no se ha recibido), la respuesta se obtiene de los informes de situación carcelaria que publica la Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana, según la cual, la capacidad general para recibir internos es de 16,564, en un total de 49 cárceles.
La diferencia entre esa cifra y la población carcelaria es de 9,832 presos, por encima de los que el sistema puede admitir y que, en términos porcentuales, es un 59.36 %.
En algunas cárceles la situación puede ser peor, como el conocido caso del penal La Victoria que, conforme a los datos de enero, previo al incendio ocurrido en marzo pasado, que obligó al traslado de varios de los internos, operaba en un 224.11 % de su capacidad.
El penal, diseñado para acoger 2,103 personas, tenía a enero una población de 6,816. Tras el incendio que dejó 13 fallecidos y otros once heridos, se ordenó el traslado de más de 1,400 hombres como medida provisional, según se informó desde la Procuraduría General de la República.
Con una situación similar de hacinamiento extremo se encuentra el Centro de Privación de Libertad (CPL) El Seibo, que a enero tenía 877 internos, pese a que su capacidad es para 248. Las matemáticas dicen que opera a un 254.63 % sobre su capacidad.
Con porcentajes mayores están los centros de privación de libertad de Santiago Rodríguez y de Operaciones Especiales. El primero alberga a 146 internos, cuando su capacidad es para 23, (un 534.78 %) y el segundo a 135, con capacidad para 29, igual a un 365.52 %.
Sobre el impacto que tiene esa sobre población, la Defensa Pública resalta en su "Informe de las condiciones de detención y de prisión 2022" que de las situaciones que se dan en las cárceles, el hacinamiento es lo peor, pues acarrea graves problemas de salud y obliga a muchos a tener que dormir en el piso, sin disponer siquiera de un colchón, una situación que definen de inhumana.
"La falta de colchones es una de las mayores quejas de los privados de libertad que, en su gran mayoría, duermen en el suelo o suspendidos en el aire en una hamaca. Tal es el caso de La Victoria que, sumado a una de las tasas más alta de hacinamiento, en un 70%, no tienen donde dormir", dice el documento.
Cita situaciones similares en cárceles de Montecristi, La Vega, Cotuí, Nagua, Samaná, Departamental de San Francisco, Azua, Barahona, Neiba, entre otras, las que describe como "lugares con poca o ninguna iluminación natural, falta de energía eléctrica, celdas oscuras, lugares mal olientes, estructura con pinturas antiguas y deterioradas, techos a punto de colapsar, sistema de drenajes visibles, emitiendo olores desagradables que cubren el perímetro".
Señala que los problemas de salud son frecuentes y que quienes no pueden valerse por sí mismos, tienen que ser asistidos por los propios compañeros ante la poca efectividad del apoyo del Estado.
Durante las visitas que la Defensa Pública hizo a los centros para el levantamiento de su informe, encontró que había 415 internos psiquiátricos, 729 con diabetes, 1,489 con hipertensión, 176 con cardiopatías, 384 con VIH/SIDA y 186 con tuberculosis. También 439 con asma, 62 con hepatitis, 617 con afecciones de la piel, 595 con sífilis, 764 con otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), 18 con epilepsia, 11 con problemas renales, siete con falcemia, 107 con discapacidad de movilidad y 205 con discapacidad visual.
Rodolfo Valentín, director nacional de Defensa Pública, asegura que las condiciones descritas en el informe de 2022 se mantienen iguales a la fecha y así lo plasmarán en su reporte de 2023, del que ya hicieron el levantamiento y trabajan en revisión y redacción de los hallazgos. Advierte que esto se da, incluso, en los centros denominados del nuevo modelo, en referencia a aquellos que entraron a una nueva gestión penitenciaria que incluyó eliminar el hacinamiento, uso de personal civil entrenado, sin militares ni policías, como custodia, y programas educativos para los internos.

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