Con un tono más crítico que en años anteriores, el Departamento de Estado de los Estados Unidos criticó nuevamente las supuestas violaciones a los derechos humanos que se cometen en la República Dominicana, centrándose esta vez en la población migrante o de ascendencia haitiana. Comparado el Informe de Derechos Humanos de República Dominicana 2023 con el anterior, del 2022, se mantienen las valoraciones que hacen grupos de la sociedad civil relacionadas al respeto a integridad de las personas, a la intimidad o las detenciones arbitrarias. Pero en la descripción de hechos, esta vez se destacan menos los esfuerzos gubernamentales por atender las denuncias.
Por ejemplo, en el informe de 2022 el Departamento de Estado concluye: "En algunos casos, el gobierno tomó medidas para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos corruptos, pero la aplicación inconsistente e ineficaz de la ley a veces condujo a la impunidad".
En su visión de un año más tarde, plantea: "El gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos".
El documento refiere "informes creíbles" de homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.
También arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución; grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la doméstica y los feminicidios; trata de personas; delitos que involucran violencia o amenazas contra personas del colectivo LGBTQIA+ y trabajo infantil.
Muchos de los ejemplos utilizados para demostrar los alegados abusos se refieren a la población inmigrante.
En aspecto como la integridad física, el Departamento de Estado dice que recibió informes de que la Policía y otras fuerzas de seguridad del gobierno cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos.
Además, habla de muertes inexplicables bajo custodia policial durante la detención y deportación de inmigrantes.
Cita de manera particular informaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que refieren el asesinato de 75 personas entre enero y septiembre de 2023.
Como ejemplo de las ejecuciones, cita el asesinato de Dieumil Charles, a quien define como un residente legal documentado y al que la Policía Nacional habría matado después de intentar extorsionarlo durante un control de tráfico rutinario.
También registran un caso en el que, durante un operativo migratorio en el este del país, la Policía y agentes de Migración supuestamente dispararon contra un grupo de trabajadores de la construcción, matando a Jean Modes Fontas e hiriendo a otras personas.
El Departamento de Estado señala las preocupaciones de organizaciones internacionales y locales por el trato "duro y a menudo degradante" hacia migrantes haitianos indocumentados y apátridas de ascendencia haitiana durante las operaciones de detención y deportación y en los centros de detención de la Dirección General de Migración en Haina y Santiago. Nuevamente trae a colación la supuesta apatridia de personas de ascendencia haitianas, lo que ha sido negado en múltiples oportunidades por las autoridades dominicanas. La Constitución del vecino país le reconoce la nacionalidad a todo descendiente directo de haitianos no importa donde haya nacido.
Específicamente, el reporte menciona abuso físico de los detenidos; entradas a domicilio sin orden judicial, revocación o destrucción de documentos de identidad, robo de pertenencias personales, extorsión, violencia sexual, deportación ilegal de niños, madres embarazadas o lactantes y ancianos.
También el acceso insuficiente a alimentos, agua y atención médica en los centros de detención y durante todo el proceso de deportación.
"La impunidad siguió siendo un problema dentro de las fuerzas del orden, particularmente la Policía Nacional y la DGM", indica el informe.

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