Los Partidos que conforman la alianza Rescate RD denunciaron ante la Organización de Estados Americanos, OEA, que el partido de gobierno quiere lograr continuar en la dirección del Estado a cualquier precio, pero en un sistema diferente y un modelo sofisticado de partido hegemónico en la República Dominicana, mediante la utilización de prácticas no democráticas que le permitan al actual gobernante la toma de todas las instituciones estatales, y su concentración en un solo partido. En un documento de seis páginas entregado a la OEA Rescate RD, y firmado por Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado, señaló que está en curso en el país un peligroso proceso de restricción y limitación de los derechos ciudadanos consagrados y protegidos en el Sistema Interamericano, como lo son el derecho a elegir y ser elegido, y los principios de equidad, transparencia e igualdad, que deben ser consustancial de todo régimen democrático.
Dijo tener una basta documentación, que permite comprobar que desde antes del inicio del proceso electoral pasado, el partido oficial puso en ejecución su plan para socavar las bases de la democracia dominicana, utilizando el presupuesto nacional del gobierno para la compra masiva de dirigentes, alcaldes, regidores, diputados y senadores de los partidos de oposición, atrayéndolos a las filas del oficialismo a través de asignaciones presupuestarias extraordinarias a las alcaldías envueltas en la operación.
Indicó que otro mecanismo de conquistar dirigentes opositores es ¨el otorgamiento mediante decreto presidencial de pensiones privilegiadas a dirigentes opositores que nunca han laborado en el Estado, e incluso algunos que ni siquiera residen en el país, a sus allegados más cercanos y en otros casos, empleando instrumentos provenientes del sector financiero estatal¨
Agregó que otras acciones puestas en práctica por el Gobierno Dominicano fue la utilización de los programas sociales del gobierno más allá de lo habitual, para torcer la voluntad popular, llegando al extremo de utilizar en el mes de febrero los bonos navideños y, además, distribuir ayudas económicas para el próximo año escolar que inicia en agosto, así como la creación en varios ministerios y Direcciones Generales de bonos de ayuda social para ser distribuidos en el periodo electoral.
¨En un hecho sin precedente en la historia electoral de toda Latinoamérica, el partido oficialista ha hecho la mayor subasta pública y ejecutado la compra descarada, incluso de candidatos inscritos en lugares en donde el candidato de gobierno carecía de posibilidades para ganar el certamen electoral, haciendo uso de los recursos que dispone del Estado; en algunos casos hasta 24 horas antes de las elecciones municipales; y en otros hasta 24 horas después de vencido el plazo para inscribir candidatos, para de esa manera provocar que la oposición deje la boleta vacía o improvise una nueva candidatura¨, enfatizó
Indicó que en adición al uso y abuso de los recursos públicos, hay otro aspecto de singular importancia, y es la presencia en el certamen electoral de recursos ilícitos, tanto de origen estatal como los provenientes del narcotráfico.
¨En efecto, la semana pasada un tribunal de los Estados Unidos de América, acaba de condenar a un diputado electo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, por el delito del tráfico ilícito de drogas hacia los Estados Unidos. Dicho ciudadano, que admitió su culpa, en informaciones servidas por él mismo en redes sociales, hizo saber que en las elecciones del 2020, que resultó electo, él financió la campaña electoral del partido de gobierno en la provincia de Santiago de los Caballeros y en todo el Cibao. En este caso no se trata de una simple denuncia, sino de la admisión y la emisión de una sentencia de un tribunal de los Estados Unidos de América. En cualquier país medianamente democrático este hecho tendría consecuencias¨, puntualizó-
Señaló que hay más candidatos, incluso de funcionarios estatales, que actualmente están siendo investigados por narcotráfico. Esto coloca a la oposición en una muy difícil situación, ya que debe enfrentar no solo el uso de los recursos públicos, sino también el impacto que tiene la presencia en el oficialismo de una cantidad tan exagerada de personas condenadas, acusadas o imputadas por el propio Ministerio Público designado en esta gestión, de ser parte del mundo del narcotráfico¨
Explicó la alianza opositora que precisamente, este panorama es que ha movido a los partidos de oposición en su conjunto, a requerir de la Junta Central Electoral un papel más activo en garantizar los principios de igualdad y equidad, hasta ahora ausentes en todo el proceso electoral.

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