Organizaciones sociales y transportistas haitianos anunciaron la suspensión temporal del paro contra la inseguridad y fijaron una nueva fecha para las manifestaciones, que están programadas desde el 4 hasta el 6 de febrero.
La pausa temporal en la huelga tiene como objetivo permitir que los estudiantes regresen a la escuela sin mayores interrupciones.
A pesar de la suspensión temporal, las organizaciones indicaron que la huelga no fue seguida de manera uniforme, especialmente en Puerto Príncipe, donde los primeros dos días transcurrieron en un ambiente relativamente normal.
No obstante, las mismas organizaciones anunciaron que retomarán las protestas a partir del 4 de febrero con el propósito de mantener la presión sobre el gobierno para que aborde la cuestión de la seguridad en las carreteras nacionales del país.

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Subsanadas las debilidades de los equipos de digitalización, escaneo, impresión y transmisión de datos (EDET), la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos se enfocan en el montaje de las elecciones y la capacitación del personal que trabajará en los colegios electorales. Sobre la auditoría, el presidente de la JCE explicó que tras entregarle al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) los equipos que se utilizarán en las elecciones de encontraron 24 hallazgos en la auditoría preliminar y que los mismos se les presentaron a los partidos.
Sobre la auditoría, el presidente de la JCE explicó que tras entregarle al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) los equipos que se utilizarán en las elecciones de encontraron 24 hallazgos en la auditoría preliminar y que los mismos se les presentaron a los partidos.
"La JCE, a través de su Dirección de Informática y con el consenso de los partidos, se les presentaron los 24 hallazgos, primera vez en la historia, aquí las auditorías se saben por primera vez al año o dos años después", destacó el presidente de la JCE.
Este explicó que, de esos 24 hallazgos, 19 fueron completados, dos de ellos fueron parcialmente completos, pero corregidos y tres que son relativos a las credenciales fueron compensados con los 19 que fueron resueltos.
En ese sentido, el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, indicó que esa organización siempre apostará a que la cosas sucedan correctamente y que algunas recomendaciones de Capel no pudieron aplicarse, pero que las mismas giraban en torno a robustecer la seguridad.
Explicó que los partidos apuestan a que todos los errores fueron subsanados, ya que la JCE se comprometió a solventarlo y ya se encuentran en el proceso de clonados de los equipos y que los partidos harán un acompañamiento en la instalación, pruebas, entrega de materiales y verificación de que todo esté bien.
Mientras que Javier Ubiera, delegado suplente de la Fuerza del Pueblo, explicó que en la última reunión de la mesa técnica se abordó el tema de la auditoría realizada por Capel donde se ofrecieron los pormenores de la misma.
"Sobre el particular, la Junta estableció que de los 24 hallazgos los cinco que estaban incompletos o pendientes en su totalidad de resolver, fueron abordados con medidas compensatorias", precisó Ubiera.
En tanto que el delegado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Fernando Pérez Vólquez, manifestó que hasta el momento el montaje marcha bien y que esa organización apuesta por un proceso diáfano donde se tomen las medidas necesarias.

 
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En el 2023, el Comité Nacional de Salarios (CNS) fijó, mediante la Resolución 01-2023, un aumento de un 19 % al sector privado no sectorizado, que entró en vigencia el 1 de abril de ese año con una primera parte de un 15 %, y un 4 % entrará en vigor a partir de hoy. En esa misma resolución, las autoridades señalan que el aumento aplica para los trabajadores que prestan servicios como vigilantes en las empresas de guardianes privados y para los trabajadores del campo.
A partir de este febrero los trabajadores de empresas grandes que devengan un salario de 24,150 pesos se les sumará el 4 % restante, completando así el 19 % aprobado por el CNS, para ser, entonces, de 24,990 pesos.
• Los trabajadores de empresas medianas que cobran 22,138 pesos, recibirán 22,908 pesos, al completarse el 19 %.
• Las empresas pequeñas que están pagando 14,835, en este febrero de 2024 tendrán que fijar un salario de 15,351 pesos con el 19 % aprobado.
• Los de las microempresas que reciben un salario de 13,685 pesos, pasan a cobrar 14,161 pesos.
• Los vigilantes que están devengando un salario mensual de 19,837 pesos, tras aplicarse el 15 % en abril 2023, ahora en febrero del 2024 tendrán que cobrar 20,527.50, cuando se complete el 19 %.
• En cambio, los trabajadores del campo que estaban cobrando 575 pesos por jornada de 10 horas, pasan a cobrar un salario de 595 pesos.

El aumento de un 20 % al salario mínimo de los trabajadores de las zonas francas en la República Dominicana en 2023, un sector que genera más de 192,000 puestos de trabajo de manera directa, será completado en abril del 2024.
Con la aplicación del 15 % el año pasado, los trabajadores del sector zonas francas alcanzaron un salario mínimo de 16,000 pesos, y desde abril del 2024, el salario será de 16,700 pesos cada mes.

 
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Ayer miércoles 31 de enero se venció el plazo para adquirir el marbete 2023-2024 sin recargos, en este sentido, choferes insisten en que se debió otorgar una gracia que permita a quienes no pudieron adquirirlo, hacerlo en los próximos días. Se estima que al menos un 15 por ciento de los conductores no compraron el marbete en el tiempo establecido por la Dirección General de Impuestos Internos que comprendió más de tres meses.
Pero, aunque llueven las quejas por parte de quienes no se pusieron al día con el permiso de circulación vehicular, otros opinan diferente y dicen que el tiempo dado por la mencionada entidad, era más que suficiente.
"Tarde o temprano deben dar la prórroga para que quien no pudo resolver lo pueda comprar en ese plazo extra", manifestó un conductor.
Y es que mientras para algunos la falta de dinero fue la razón principal por la que no compraron la placa, para otros esto no fue un impedimento.
Manifiestan que si la DGII da otra oportunidad, los que faltaron por comprarlo, podrán hacerlo.
Los vehículos de fabricación hasta el 2018 pagarán hasta este 31 de enero del 2023, 1,500 pesos y del 2019 en adelante 3,000, sin embargo, los marbetes comprados a partir del primero de febrero del 2024 tendrán un costo adicional de 2,000 pesos.

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La Ley 1-24 que establece y regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) adolece de serios problemas estructurales, a juicio del expresidente de la República y candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández. Explicó que «en un país como el nuestro es importante tener distintas agencias que puedan comparar los niveles de información que van captando, la manera en que la interpretan y analizan con fines estratégicos, y no solo que un supra organismo como el DNI sea el que coordine y decida”.
Indicó que «en esa ley, la DNI solo podrá facilitar al Ministerio Público pruebas que ellos han obtenido mediante la recopilación de información, incluso, lo deja como algo a disposición del DNI, y no como obligación, cuando debe ser subordinación al Ministerio Público para cualquier investigación”.
Dijo que no le veo sentido a que un organismo que funciona, como son las Fuerzas Armadas, a quien la Constitución confiere la primacía en materia de servicios de inteligencia, sea despojado de una labor tan importante para asignársela al DNI».
“Si algo funciona en este país son las Fuerzas Armadas, siempre tienen un plan, están ahí, tienen una disciplina y ahí se cumple. Además, la seguridad nacional es un tema que le confiere solo ellos”, dijo.
Agregó que «la ley le confiere atribuciones de un poder omnipotente de alguna forma al DNI, la cual viola artículos de la Constitución, sobre todo la libertad de expresión, la protección de datos, lo relativo a la intimidad, privacidad y al honor de la persona».
“Es muy grave que una sola persona tenga tanto poder de invertir lo público, lo privado, lo individual, personas físicas, personas jurídicas. Eso no puede ser”, afirmó Fernández.

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A partir del 27 de febrero inicia un nuevo y último período legislativo del actual mandato congresual que inició en 2020 y que estará dominado por dos aspectos: el retraso de cientos de proyectos que morirán si no son aprobados en 150 días y la campaña política en la que están inmersos los congresistas que aspiran a cargos de elección popular. En el primer aspecto, los sistemas de información de ambas cámaras congresuales registran 142 proyectos de ley que perimirán si no se aprueban en el período que inicia el 27 de febrero y que culmina el 26 de julio. Los reglamentos del Congreso y la Constitución dominicana ordenan que las propuestas sean estudiadas y aprobadas en dos legislaturas, de lo contrario, caducarían.
Las legislaturas son períodos de trabajo de 150 días, que se utilizan para estudiar proyectos en comisiones internas, someterlos en sesiones de trabajo y aprobarlos o rechazarlos.
Proyectos como la Ley para regular los Alquileres y Desahucios, el del Referendo Consultivo, el que crea la Dirección de Crédito Educativo y el que prohíbe la comercialización de cigarrillos electrónicos son solo algunos de los que caducarían en la Cámara de Diputados porque se depositaron después del 16 de agosto del 2023. Su plazo para aprobación culmina el 26 de julio de este año.
Otras piezas que están a punto de perimir en la cámara baja, si no se aprueban en esta legislatura, son los proyectos de ley del Distrito Nacional y los Municipios, de Desafectación de Inmuebles en Santiago y la que prohíbe las carreras de motocicletas en la vía pública.
En el Senado están las iniciativas que crearía la Dirección General de los Bomberos, la que regularía las expropiaciones de bienes del Estado, la que suprime el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la de mantenimiento de las infraestructuras viales del país y la Orgánica para reestructurar el Banco de Reservas, entre otras piezas del paquete que engrosa la carpeta de asuntos pendientes en el Congreso.
El avance en los estudios de los 142 proyectos está en la cuerda floja porque la mayoría de legisladores este año tiene puesto su enfoque en otro tema: la campaña política para las elecciones municipales del 18 de febrero y presidenciales y congresuales que se efectuarán el domingo 19 de mayo.
Más de 100 diputados y 28 senadores buscan repetir en sus cargos, moverse a otra cámara legislativa o aspiran a dirigir alcaldías, lo que implica la combinación de sus labores congresuales con sus postulaciones políticas. Esto podría poner en peligro la aprobación de cientos de proyectos de leyes que están retrasados.
Desde septiembre del 2023, la Cámara de Diputados redujo casi a la mitad su producción en aprobación de proyectos. Los legisladores decidieron disminuir la cantidad de sesiones por semana debido a la precampaña, lo que resultó en una baja en los proyectos aprobados y los trabajos de las cámaras en general.
Los reglamentos de la Cámara de Diputados ordenan a los legisladores sesionar hasta tres veces por semana. Sin embargo, la campaña política y otras responsabilidades partidarias provocaron que los encuentros se redujeran a uno por semana.
En consecuencia, un repaso a las actas de las sesiones celebradas en el 2023, evidenció que los diputados sancionaban un promedio de cuatro iniciativas por día, sumando doce piezas por semana.
Con el descenso de las labores, los proyectos aprobados bajaron de doce a cuatro cada semana.
a baja en los trabajos del año pasado fue por la campaña política de las elecciones municipales, por lo que se prevé que el proselitismo para las elecciones congresuales desencadene una reducción laboral más intensa en el Congreso.
De hecho, al ser cuestionados sobre la conjugación de los trabajos entre las sesiones y la preparación de las campañas, los propios legisladores han admitido que en la legislatura donde suceden las elecciones, los trabajos siempre se reducen.
"Es algo normal en todos los parlamentos porque se trata de una combinación entre la labor política y la legislativa", han reconocido los diputados Máximo Castro y Víctor Suárez, en declaraciones a la prensa.
La campaña, aparte de reducir los trabajos, también limita la evolución de los proyectos.
Del total de 142 piezas que podrían perimir en julio, un paquete caducaría por los delicados temas que abordan y, en consecuencia, por el costo político que representan.
Con el escenario así, el grupo de proyectos queda "en la cuerda floja" y opacado por el proselitismo al que se encara durante este complicado año legislativo 2024.

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El Director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la resolución interpuesta por la empresa Transcore Latam, asegurando que no fueron probados los méritos para adoptar una medida cautelar contra la resolución de la entidad. “El pasado 14 de diciembre fue conocida la audiencia relativa a la solicitud de medida cautelar de la empresa, pretendiendo la suspensión de nuestra resolución y, por tanto, la continuación del contrato, a lo cual la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo respondió con el rechazo de todas sus pretensiones, de acuerdo con la Sentencia 0030-01-2023-SSMC-00127 que hemos recibido recientemente”, estableció Carlos Pimentel.
La DGCP suspendió el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la entidad “Transcore LATAM, S.R.L” para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997.
La decisión se tomó mediante la resolución RIC-156-2023 por supuestas irregularidades halladas en el proceso de licitación pública llevado a cabo por el Intrant.
La institución estableció que tras analizar los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001 que consta en el Portal Transaccional y verificar los documentos recopilados con ocasión de los reclamos y denuncias presentados ante el órgano rector, se comprobó la existencia de los tres elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.
En la licitación para la modernización, ampliación supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, se encontraron graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, como indicios de falsificación de documentos y composición accionaria difusa.

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Con una cápsula de fosfuro de aluminio se puede fumigar una cosecha de 2,205 libras de habichuelas. El francés Georges Antoine Thevenet presuntamente utilizó 480 veces esa cantidad en un apartamento de 340 metros cuadrados en Piantini, una cantidad considerada exorbitante por el experto en fumigación Alexander Mata.
Mata reiteró que este pesticida es altamente tóxico para los humanos y solo debe utilizarse para la fumigación controlada de granos. Tras enterarse de la cantidad que alejadamente utilizó Thevenet en el trabajo de fumigación asentada en el expediente del Ministerio Público, el experto se alarmó.
Analizando la magnitud del químico utilizado, Mata concluyó que con 480 tabletas de fosfuro de aluminio se fumiga aproximadamente 480 toneladas de granos en 10 contenedores de 76 metros cúbicos.
Con 480 pastillas se fumiga en un silo 480 toneladas de grano, se aplica una pastilla por tonelada de granos, ya puedes ver la cantidad exorbitante de fosfuro de aluminio en esa área, que incluso estaba vacía, porque se aplica esa cantidad porque hay un volumen de granos y el gas tiene que penetrar sobre los granos
El organismo judicial imputa a Thevenet de homicidio involuntario, que de ser hallado culpable enfrentaría una prisión correccional por un máximo de tres años.
Este miércoles, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en la que pide la imposición de prisión preventiva bajo alegato de que el imputado no posee arraigo en el país por tener doble nacionalidad.

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