En Cuba hay 1.054 presos políticos, de los cuales 794 son personas arrestadas durante las protestas del 11 de julio último, según denuncia la entidad internacional Prisoners Defenders.

Señala que tiene verificados a 932 presos políticos condenados, pero ha advertido de que esta cifra «no es más que una fracción, entre el 50 y el 60 por ciento de las cifras reales», cuya verificación total es «simplemente inalcanzable por organización alguna». Al menos 120 mujeres son presas políticas de Cuba.

794 DEBIDO A LAS PROTESTAS

De estos 932, Prisoners Defenders ha constatado que 794 son presos de las protestas del 11J. Decenas de detenidos han sido liberados en los últimos meses, pero con unas multas «de cuantías exacerbadas para Cuba», ha informado.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha exigido este jueves a las autoridades de Cuba la «inmediata» liberación de los presos políticos encarcelados de «manera arbitraria» en la isla.

El organismo ha resaltado que continúa el «permanente» seguimiento de la situación política y social en Cuba, con especial atención en la condición de los presos políticos «encarcelados por el régimen», y ha recordado que la vulneración de sus derechos fundamentales y sus detenciones «arbitrarias» constituyen una «flagrante violación» a los Derechos Humanos en Cuba, lo que también va en contra de todos los instrumentos internacionales en la materia.

Además de la liberación de los encarcelados, la OEA ha puesto el foco en que es «fundamental» permanecer «atentos» a la evolución de sus condiciones de salud y de integridad física y, en este punto, ha aludido a la situación del líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, cuya salud parece haberse deteriorado de manera «acelerada» durante las últimas semanas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha exigido a Nicaragua la puesta en libertad de los candidatos a las elecciones presidenciales del cercano 7 de noviembre, así como del resto de «presos políticos».

Hizo le exigencia en una última resolución en la que se ha criticado el caso omiso del Gobierno de Daniel Ortega a las recomendaciones del grupo regional.

Tras una última reunión de su Consejo Permanente, la OEA ha expresado su «alarma» por las conclusiones de Naciones Unidas en un informe del pasado septiembre sobre la situación en Nicaragua, en el que se denuncian «detenciones arbitrarias» de dirigentes políticos y de la sociedad civil, de periodistas, o empresarios; así como la cancelación de otros dos partido, lo que hace cada vez más difícil a la oposición presentarse a las próximas elecciones.

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