El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, informó que el Gobierno aplicará una política de racionalización del gasto público lo más que se pueda para el próximo año y seleccionará las prioridades para mejorar la calidad de vida de la gente.

Entrevistado en el programa El Despertador del Grupo SIN, explicó que a partir de ahora las autoridades se centran en mejorar la calidad del gasto, que no significa gastar menos, sino que hay que gastar mejor.

Con una subida menos intensa del gasto público y mayores ingresos fiscales, el Ejecutivo intentará por segundo año consecutivo llevar el déficit fiscal en torno a un 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero con un nivel tope de endeudamiento menor al autorizado para este año.

De acuerdo con los datos que se conocen del Proyecto de Ley General de Presupuesto 2022, el gasto total subirá de los 977,793.19 millones de pesos actuales (según el presupuesto complementario 2021) hasta 1 billón 46,280.72 millones de pesos que el Ejecutivo calcula para el próximo año, un aumento interanual de 7 %.

Mientras tanto, para el próximo año se estima que los ingresos fiscales crezcan con un mayor impulso, un 13.7 % con respecto a 2021. Así, pasarían de los 766,365.42 millones de pesos este año hasta 871,485.92 millones de pesos que se calculan para el año 2022, según el proyecto presupuestario aprobado este lunes en Consejo de Ministros.

El presidente Luis Abinader reiteró que en República Dominicana no hay condiciones económicas y sociales para una reforma fiscal.

«Indiscutiblemente, ahora mismo el país no puede avocarse a una reforma fiscal, ya que las condiciones lo dirán, y en ese momento, el pacto fiscal se discutiría con las organizaciones sociales y empresariales», expresó.

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció nuevas medidas para intentar reducir el gasto público, estableciendo por decreto restricciones operativas en las instituciones públicas y de sus funcionarios.

Con el decreto 396-21, el mandatario limitó gastos relacionados con viajes al exterior, compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones.

La orden restringe las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones.