El Estado dominicano ha recibido US$15,138,500 en lo que va de año en pagos de compensación por el seguro de Gas Natural contratado en 2021 por el Ministerio de Hacienda.

La adquisición oportuna del seguro ha mitigado el impacto del aumento de 43.1% del precio del Gas Natural desde inicios del año y forma parte de las medidas estratégicas que ejecuta el Ministerio de Hacienda para garantizar la estabilidad presupuestaria ante el aumento internacional del precio de los derivados del petróleo.

El resultado de la cobertura garantiza que el precio de este combustible no supere los US$3.25 MMBtu.

El precio del petróleo crudo y sus derivados  mantienen una escalada de precios que impactará de manera negativa a las economías no productoras de crudo, en momentos en los que el “commodity” registra una mayor demanda debido a la recuperación de las actividades productivas con respecto al 2020, año que hubo rezago económico en la economía global por la pandemia del coronavirus.

República Dominicana no tiene pozos petroleros y es una gran consumidora de los llamados combustibles blancos o terminados (gasolinas, gasoil, kerosene y avtur) y, ahora, independientemente de los avances alcanzados en la producción de energía no convencional como son la eólica, hídrica o de carbón, gas natural y biomasa, se enfrenta a una falta de suministros en carbón y gas natural.

Un informe del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) arroja que la conversión de la planta a carbón Punta Catalina a gas natural conllevaría un costo inicial de US$395.20 millones.

La investigación revela que este monto se dividiría en tres renglones: US$263.38 millones para suministro de gas que comprende un gasoducto de 125 kilómetros desde Boca Chica hasta Punta Catalina, US$46.25 millones para la modificación a las calderas y US$85.57 millones por energía no suplida durante la conversión.

Documentos del Instituto de Energía de la UASD, que dirige José Luis Moreno, destacan que los resultados evidencian grandes erogaciones de fondos desde el gobierno en pos de una mitigación de un pasivo ambiental sobredimensionado, por lo que “la evaluación demuestra que la conversión planteada constituye un proyecto no factible”.