Las Oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral trabajaban bajo un régimen similar al que actualmente operan los consulados dominicanos, con claros márgenes de discrecionalidad que terminaban beneficiando a quienes dirigían esas entidades.

Esto consistía en que el oficial del Estado Civil era el que establecía el precio de las tasas, las cuales se cobraban por los servicios del Registro Civil. Además de cuánto se cobraba por documentos como actas de nacimiento, de matrimonio, y cuánto cobraba un oficial del Estado Civil por celebrar un matrimonio tanto dentro como fuera de la oficialía.

Cada oficialía, según explica Roberto Rosario, pasado presidente de la Junta Central Electoral, establecía un costo distinto sin tener interés en de qué manera esto perjudicaba al ciudadano.