Las fiscales deberán calificar de acto de tortura y barbarie las agresiones con el denominado «ácido del diablo» y pedir para los involucrados la pena máxima, según instrucciones de la procuradora general, Miriam Germán Brito.

El Código Penal Dominicano establece penas desde los 10 años de prisión hasta 30 años en los casos de tortura o barbarie contra niños o adolescentes, contra personas vulnerables debido a su edad, a una enfermedad, invalidez, deficiencia o discapacidad física o psíquica, o a un estado de gravidez conocido por el autor del delito, recordó la Procuraduría General en un comunicado.