La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dispuso prisión preventiva como medida de coerción contra los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como a otros tres implicados en el caso de supuesta corrupción coral 5G.

Tambien fueron enviados a prisión el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, el Coronel Blandesmil Guzmán Alcántara y el mayor José Manuel Rosario Pirón.

Desde abril hasta agosto de 2020, en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), dirigido por la esposa del detenido general de la Fuerza Aérea Carlos Torres Robiou, se montó “la misma estructura delictiva” que operó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), según la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el documento de solicitud de medidas de coerción a los 13 imputados en la Operación Coral 5.

El Pepca señala que la exdirectora Greybby María Cuello Coste de Torres, quien no ha sido apresada, desde que inició en el Conani, en el mes de abril, solicitó a la Presidencia de la República el nombramiento de uno de los principales imputados en el caso Coral, Rafael Núñez de Aza, como director financiero, lo cual se aprobó, pero luego la Contraloría al hacer la auditoría para ejecutar el pago de su salario, de RD$125,000.00, lo rechazó “en razón de que el personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil”.

No obstante, De Aza, aunque no figuraba en el puesto, era quien ejecutaba las funciones del director financiero a pesar de no aparecer en los registros públicos.

El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, quien en la noche de ayer fue detenido durante una serie de allanamientos ejecutados por el Ministerio Público, habría recibido mensualmente por “concepto de inteligencia” medio millón de pesos en efectivo de parte de Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Durante un interrogatorio realizado hace meses por el magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público , el actual imputado por el Caso Coral, reveló cómo, supuestamente, entregaba la suma de RD$ 500,000 pesos cada mes a Torres Robiou.