La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fue apoderada ayer de las pruebas de un nuevo caso de presunta corrupción administrativa ocurrido en una institución estatal durante el gobierno de Luis Abinader.

Se trata de presuntas irregularidades cometidas por la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, y en la que también han vinculado al esposo de esta funcionaria, quien alegadamente tendría influencia en los procesos de compra de la institución.

De acuerdo con la denuncia, la ministra de la Juventud pretendía que dos compañías en específico (Inversiones Gretmon, SRL y Sketchprom, SRL) fueran seleccionadas en un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos por un valor de RD$3 millones, en franca violación a las normas de contrataciones públicas.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) cuenta con 419 pruebas para demostrar que los implicados en el caso Medusa utilizaron la Procuraduría como pantalla para malversar más de RD$6 mil millones de los fondos de la institución.

Entre las pruebas que poseen el Ministerio Público están: 366 testimoniales que incluye la declaración de la testigo estrella del órgano acusado la exempleada de la institución Rainery Elizabeth Medina Sánchez, quien guarda prisión por sustraer electrodomésticos destinados para la Nueva Penitenciaria Las Parras, y las declaraciones de los colaboradores en funciones en la Procuraduría.