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El Poder Ejecutivo dispuso el ascenso de 9,765 miembros de la Policía Nacional con un mínimo de cuatro años ostentando su rango anterior. Incluye a once coroneles y retiro con pensión a 959 subalternos y oficiales.

La institución del orden cuenta ahora con 158 nuevos coroneles, de los cuales 2 son coroneles piloto, 7 coroneles abogados y 7 coroneles médicos. Otros 5 son coroneles odontólogos, un coronel psicólogo y 4 coroneles capellán.

Al rango de teniente coronel fueron ascendidos 314 oficiales. De estos hay un teniente coronel abogado, 10 tenientes coroneles médicos, 2 tenientes coroneles, un teniente coronel ingeniero y 5 tenientes coroneles odontólogos.

El presidente Luis Abinader, por intermedio del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó tres proyectos de ley, tal como lo anunció ayer en su discurso de rendición de cuentas.

Las iniciativas legislativas impulsadas por el jefe de Estado son el proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana, el proyecto de ley general de contrataciones públicas y el proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación de los fideicomisos públicos en la República Dominicana.

Las indicadas propuestas normativas son el resultado de un largo proceso de consultas y análisis con los principales actores de los sectores bajo regulación.

Al ser recibidos por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, este precisó que las piezas serán priorizaras e introducidas en las próximas sesiones de las comisiones de Hacienda y Asuntos Energéticos por ser de alto interés para la población dominicana y el Poder Ejecutivo.

Cuando falta apenas un mes y medio para concluir el 2021, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar las leyes 237-20 y 166-21 de Presupuesto General del Estado del año en curso, con el que plantea un incremento de los ingresos fiscales de RD$63,641.8 millones, con respecto a lo proyectado en el presupuesto reformulado en julio pasado. La estimación de ingresos prevista es de 830,007 millones de pesos, el total de gastos sería de 989,853.2 millones de pesos y el total de erogaciones ascendería a un billón 137 mil 959 millones de pesos.

El déficit financiero proyectado para el Gobierno central ascenderá a RD$159,846,0128,235.

La propuesta de ley busca aumentar las asignaciones presupuestarias a 11 instituciones y disminuirlas en otras 14.
Aumento asignaciones

Al menos 11 instituciones sufrirán una variación positiva en el monto de su presupuesto, incluyendo la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas, el Poder Judicial, el Ministerio de Interior y Policía, la Junta Central Electoral, entre otras.

 El Poder Ejecutivo dispuso este miércoles la constitución de un «Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN)».

El mismo tendrá por objeto la gestión, captación, administración y operación de los recursos que fueren aportados para tal fin-.

Un grupo de senadores busca que a través de un proyecto de resolución se conforme una comisión especial que investigue el gasto publicitario en que ha incurrido el Poder Ejecutivo en la última década.

La propuesta, promovida por 14 legisladores, pretende establecer a quiénes se pagó la publicidad, desde cuáles cuentas se erogaron los recursos y los montos pagados.

“Que el Poder Ejecutivo, durante más de 10 años, ha realizado una constante campaña publicitaria relativa a la salud de la población, pero, también, ha promocionado acciones insti- tucionales, servicios, metas, objetivos, sin que fehacientemente se conozcan los detalles y objetivos concretos de la misma y los gastos en que ha incurrido, sin impulsar la apertura de tales datos y la transparencia que deben acompañar a la administración pública”, refiere la iniciativa.

Con el decreto 594-21, el Poder Ejecutivo pensionó a 25 miembros de la Policía Nacional, entre ellos 7 generales de brigada y cuatro mayores

El Poder ejecutivo otorga pensiones a los miembros de la Policía “puestos en la honrosa condicione de retiro por antigüedad en el servicio y por la edad.

Las pensiones van desde 13 mil pesos a un asimilado hasta 185,133.04 para los generales de brigadas.

Con planes del oficialismo de pactar una reforma fiscal antes de la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado del 2022, el Gobierno y representantes del liderazgo nacional vuelven hoy a la mesa del diálogo para discutir la metodología del paquete de reformas planteadas por el presidente Luis Abinader.

En lo que será la tercera ronda del diálogo, los representantes de los partidos, del sector empresarial, sindical, sociedad civil y el Gobierno se reunirán a las 10 de la mañana en la sede del Consejo Económico y Social (CES).

En la víspera, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló que en el Congreso Nacional esperarán que el Poder Ejecutivo logre pactar la reforma fiscal antes de aprobar el presupuesto del año venidero. “Hay el tiempo necesario para hacer estas discusiones que el presidente de la República, (Luis Abinader), ha llamado incluso a tratar de consensuar mediante el diálogo nacional”, expresó al referirse al presupuesto para el 2022.

Agregó: “Nosotros vamos a esperar el próximo paso que va a dar el Poder Ejecutivo mientras tanto vamos a ir trabajando en el trámite al presupuesto... lo que tenemos. Y lo vamos a ir trabajando en lo que el Ejecutivo termina de adecuar su situación”.

Recordó que el país está consciente de que desde el año 2012 está pendiente que se produzca un pacto fiscal, que dé como resultado una “buena reforma fiscal”.

¿Una adenda?

Una fuente del Gobierno reveló a DL que “como se está en la discusión de un pacto fiscal, si se aprobara antes del proyecto de Presupuesto General del Estado de 2022 podría implicar que se someta una adenda que incluya parte de lo que se aprueba en la reforma fiscal”.

Exoneraciones

Por otro lado, Pacheco consideró que a las exoneraciones para las importaciones de vehículos de motor que reciben los congresistas hay que buscarles una salida y planteó que ese tema debe ser incluido en los debates como parte de una posible reforma fiscal integral. Se mostró de acuerdo con que se contemplen sacrificios fiscales de diferentes sectores del país.

Posiciones diferentes

El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, favoreció que una posible reforma fiscal se discuta en paralelo con el proyecto de presupuesto. “Estamos seguros de que el Gobierno enviará una adenda del presupuesto antes de su aprobación que será casi seguro en diciembre”, precisó.

Mientras el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, señaló que la reforma fiscal actualmente no se encuentra en el renglón de las prioridades dentro de las reuniones realizadas con el liderazgo nacional para la discusión de las 13 reformas que pretende impulsar el presidente Luis Abinader.

Abreu, quien participa en calidad de representante de la unidad sindicalista, expresó que para comenzar a analizar el punto de una futura reforma fiscal ésta deber ser consensuada por Luis Abinader con los partidos políticos, debido a que éste es uno de los aspectos más complicados dentro del catálogo de reformas presentadas.

En tanto que el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, aseguró que esa organización no apoyará que en el presupuesto del año venidero sean incluidas más cargas impositivas a la población. Se refirió a la posibilidad de ejecutar medidas de políticas que quedaron pendientes de aplicar, correspondientes a la ley 253-12.

Temas del CES

Además, de debatir sobre la reforma fiscal, el CES fue convocado para consensuar en torno a una propuesta de reformar la Constitución para la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, reorganizar las Altas Cortes, garantizar la independencia del Ministerio Público y fortalecer los órganos de control interno y externo

Comisión bicameral

El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2022, enviado ayer a una comisión bicameral, que estará presidida por la Cámara de Diputados, contiene erogaciones totales ascendentes a un billón 46 mil 280 millones 72 mil pesos, un 17.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

También, prevé que los ingresos fiscales ascenderán a RD$871,485.9 millones, equivalentes al 14.9 por ciento del PIB.

 

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Nj productora

A pesar del aumento proyectado en los ingresos en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del próximo año, la Procuraduría General de la República (PGR) verá mermada su disponibilidad de recursos en el 2022, si se aprobase la pieza enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

El documento plantea una reducción de 512.9 millones de pesos en el presupuesto de la PGR para el próximo año, con respecto a lo que fue aprobado para el 2021. Así, la institución encargada de la persecución del crimen pasaría de una asignación de 8,912.2 millones de pesos en 2021, a 8,399.3 millones en el 2022, para una diferencia de -5.76%.

Los recursos asignados por el Estado a la PGR han experimentado una progresiva disminución, según el propio documento remitido por el Gobierno, ya que el monto ejecutado en el 2020 fue de 10,684.1 millones de pesos.

El presidente Luis Abinader creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que funcionará conjuntamente con el Ministerio de Interior y Policía.

Interior y Policía será responsable de gerenciar las ejecuciones de las acciones, programas, políticas y planes concebidos en el marco de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, establece el documento.

Este sistema, creado mediante el decreto 581-21, estará integrado por profesionales de diversas áreas de las ciencias sociales, del saber técnico y profesional.

El Poder Ejecutivo propuso que una nueva reforma a la Constitución incluya que los jueces de altas cortes sean elegidos para periodos únicos de nueve años y no hayan militado en partidos políticos al menos cinco años previos a su designación.

También que el Procurador General de la República no sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), lo que reduciría a siete la nómina de ese organismo.

Estas propuestas fueron hechas durante la segunda ronda del diálogo de partidos políticos y sectores sociales que se desarrolla en el centro de convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, convocado por el Consejo Económico y Social.

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