La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fue apoderada ayer de las pruebas de un nuevo caso de presunta corrupción administrativa ocurrido en una institución estatal durante el gobierno de Luis Abinader.

Se trata de presuntas irregularidades cometidas por la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, y en la que también han vinculado al esposo de esta funcionaria, quien alegadamente tendría influencia en los procesos de compra de la institución.

De acuerdo con la denuncia, la ministra de la Juventud pretendía que dos compañías en específico (Inversiones Gretmon, SRL y Sketchprom, SRL) fueran seleccionadas en un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos por un valor de RD$3 millones, en franca violación a las normas de contrataciones públicas.