La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tiene hasta 15 días para depositar la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres y el resto de imputados en el entramado de corrupción denominado Operación Coral.

Esto luego de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional intime al Ministerio Público para que presente acusación formal en contra de los implicados.

Se recuerda que el juez Mejía, le otorgó dos meses al Ministerio Público para completar y depositar la acusación.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) depositó este miércoles ante la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) un informe que recoge los resultados de las indagatorias en torno al proceso de licitación y adjudicación realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para la contratación del almuerzo escolar del periodo 2021-2022.
De acuerdo a una nota de prensa, el Inabie incurrió en una serie de irregularidades que van desde inobservancias a la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas durante la coordinación y montaje del proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2021-0009, “hasta la selección de proveedores y asignación de raciones bajo criterios no transparentados, tráfico de influencias en el proceso de selección de proveedores y adjudicaciones provisionales ilegales”.

La DGCP asegura que se cometieron faltas e incumplimientos procedimentales en todas las etapas del proceso, las cuales “denotan maniobras fraudulentas como son la utilización de un pliego de condiciones carente de criterios de evaluación precisos y con ambigüedades; la ausencia de un estudio de mercado para la estandarización de precios y la habilitación de oferentes que carecían de idoneidad para ser seleccionados”.

Wilson Manuel Camacho Peralta, mocano, de 46 años de edad, y Yeni Berenice Reynoso Gómez, 38 años, oriunda de Luperón, Puerto Plata, combinan elementos clave para el desempeño de sus funciones de complejidad mayor en el tope del Ministerio Público.

Sus credenciales son sólidas y su valentía ya ha sido demostrada en la conducción de casos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico. Y casi al margen de todo esto sale a resaltar ahora su fortaleza física y su consistencia espiritual para estar de pie con cinco megacasos en los tribunales, en los que están implicadas personalidades y ex funcionarios públicos, lo que. en conjunto. Implica estar al frente de una “montaña” de expedientes acusatorios, sobre cuyas páginas tienen que centrarse y pasar cientos de horas, día tras día, para cumplir su papel al frente de las acusaciones.

“Dando continuidad al proceso”, fueron las palabras expresadas por Cecilio Rodríguez Montás, exdirector del Instituto de Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), a su llegada la tarde de este miércoles a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca).

Acompañado de su abogado, Rodríguez indicó que daría más detalles de las investigaciones a su salida del Ministerio Público.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), opina sobre dinero sustraído por la corrupción administrativa.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), señaló hoy que el dinero sustraído por la corrupción debe regresar a la gente.

“El dinero sustraído como consecuencia de la comisión de actos de corrupción debe regresar a sus legítimos propietarios, la gente”, dijo Camacho en su cuenta de Twitter.

Un grupo de exfuncionarios del anterior gobierno y funcionarios actuales figuran en la lista de testigos que tiene previsto presentar el Ministerio Público para demostrar la contundencia de su acusación y llevar a juicio a Juan Alexis Medina y los demás acusados por la red de corrupción desarmada en la Operación Antipulpo.

Los funcionarios actuales que van a testificar tuvieron un papel activo y colaboraron con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para desarrollar la investigación en la que están implicados los hermanos del expresidente Danilo Medina.

El vicepresidente Ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y Secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio Polanco.

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) mostró satisfacción con las medidas de coerción impuestas a los implicados en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral 5G.

Su titular , Wilson Camacho, sostuvo que la decisión es una muestra más de que la lucha contra la corrupción avanza en República Dominicana.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) denunció este martes ante la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) al destituido director ejecutivo del Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie), Cecilio Rodríguez, por presunta corrupción.

De acuerdo con la denuncia, el proceso de licitación para el almuerzo escolar, que involucró unos 12,000 millones de pesos, «estuvo plagado de irregularidades, provocando el reclamo de grupos de suplidores».

El Estado dominicano se querelló este martes como actor civil contra los miembros de la supuesta red de corrupción desmantelada por la operación Antipulpo, a quienes solicita una indemnización de 23 mil 903 millones 465 mil 542 pesos por presuntos daños y perjuicios en su condición de supuesta víctima.

La querella fue presentada ante la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por tres letrados del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) conformado mediante decreto en enero pasado por el presidente Luis Abinader.

El recurso fue presentado contra Juan Alexis Medina Sánchez, en prisión preventiva, y Carmen Magalys Medina Sánchez, en arresto domiciliario, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina.

El procurador adjunto Wilson Camacho dijo que el Ministerio Público está preparado para conocer la solicitud de coerción a los arrestados durante la Operación Coral 5G y que, en la medida de que se recaben más evidencias, presentará ante los tribunales a cualquier persona que esté involucrada en el caso.

“El Ministerio Público, repito, en la medida de que recabe las evidencias, presentará a los tribunales a cualquier persona que tenga evidencia de que ha cometido un ilícito penal en esta operación Coral 5G “, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Recordó que algunas personas que se mencionaron en la primera versión del Caso Coral ahora están siendo procesadas en esta segunda parte que es el Caso Coral 5G.

CONTINUARIAN LOS ALLANAMIENTOS