El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chu), aseguró que la Ley de Migración será empleada en el país sin excepciones respetando los derechos humanos, tal y como está establecido.

A través de su cuenta de twitter el funcionario aseguró que "la patria está primero".

El ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez, fue categórico al reiterar que el gobierno está dispuesto a sacar las armas ilegales de las calles y que quienes no la entreguen de manera voluntaria, entonces la autoridad saldrá a su caza. El decomiso de armas ilegales es uno de los componentes esenciales del plan de seguridad ciudadana “Mi País Seguro” que implementa el gobierno del presidente Luis Abinader.

“Cada semana nos reunimos, evaluamos. El plan de desarme es complicado y nosotros sabemos que no vamos a tener resultados grandiosos en poco tiempo, pero tenemos que comenzar porque incluye también el muro fronterizo y la frontera que es uno de los dolores de cabeza, y el trasiego de armas de fuego y otros ilícitos en la República Dominicana”, sostuvo en el almuerzo elCaribe-CDN.

El proyecto arrancó con la fe en la entrega voluntaria de armas en Cristo Rey, donde se inició el plan piloto. Hasta la fecha, 276 armas han sido entregadas. La razón fundamental para la apuesta del desarme como componente esencial del plan de seguridad ciudadana es que el 85% de las armas de fuego que se

usan para cometer delitos son ilegales.

El presidente del Consejo Nacional de Migración y ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez Martínez, informó que hoy el presidente Luis Abinader encabezará una reunión de ese organismo en el Palacio Nacional y entre los temas que tratará figura el caso de 280 mil haitianos que tienen vencido su permiso de estadía en el país para definir qué decisión tomará el Estado ante esa situación.

Los nacionales haitianos recibieron el permiso en el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que inició en junio del 2014 y producto del mismo, a unos 280 mil haitianos que viven en el país de manera irregular se les otorgó un permiso temporal de trabajo. En al menos tres ocasiones el Gobierno dominicano ha extendido por un año la vigencia de los carnés de esas personas.