La Fiscalía de Perú ha solicitado que se prohíba salir del país al expresidente Alberto Fujimori durante un plazo de 18 meses en el marco del proceso judicial por el ‘caso Pativilca’.
El requerimiento, solicitado por el fiscal superior Pedro Orihuela, fue presentado ante el Poder Judicial en la noche del martes y se da ante la inminente excarcelación de Fujimori en base al indulto que le otorgó la pasada semana el Tribunal Constitucional.
La prohibición de salida del país será evaluada este jueves por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado presidido por la jueza Miluska Cano, según detalla el diario peruano ‘El Comercio’.
En febrero de 2018, la Justicia peruana falló en contra del indulto concedido a Fujimori a finales de 2017 por el que entonces fuera presidente del país, Pedro Pablo Kucynski, y, por tanto, se dio ‘luz verde’ a que el exmandatario fuera procesado por el ‘caso Pativilca’.
En el marco de este caso, la Justicia investiga a Fujimori, junto a otras 22 personas, entre ellas miembros de las Fuerzas Armadas por el secuestro y asesinato de seis personas en la localidad de Barranca, en 1992.
En la actualidad, el expresidente cumple una condena de 25 años de cárcel en la prisión de Barbadillo por crímenes de lesa humanidad por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.
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Fiscalía sostiene policías “se asociaron para matar”
“Resultando Elisa Muñoz Marte y Joel Díaz Ferrer muertos por múltiples disparos de armas de fuego (…) como consecuencia de la asociación de los agentes policiales que están para proteger a los ciudadanos, pero que se asociaron para matar”, expone el Ministerio Público en sus investigaciones del caso que a finales de marzo pasado consternó a la sociedad dominicana.
Una pareja de jóvenes que salían de predicar en una actividad evangélica fueron acribillados por agentes del cuerpo del orden la noche del 30 de marzo de 2021, en Villa Altagracia.
A casi un año de este hecho, Listín Diario tuvo acceso a la acusación contra los policías involucrados y todo apunta a que el intercambio de disparos con el que se defendían los policías fue una farsa para ocultar su accionar.
Las empresas del ex presidente estadounidense Donald Trump inflaron el valor de sus propiedades o distorsionaron a su conveniencia su valor ante financieras, inversores, aseguradoras y otros actores económicos y del sector inmobiliario, según un informe de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, publicado hoy por la prensa local.
El informe, de 160 páginas y del que se hicieron eco los diarios The New York Times y The Washington Post, entre otros medios, asegura haber hallado una cantidad notable de supuestas discrepancias entre la situación real de las propiedades del ex presidente y lo declarado a entidades financieras, aseguradoras y al mismo Servicio de Rentas Internas (IRS, encargado de la recaudación de impuestos), para conseguir ventajas y millones de dólares en ahorros fiscales.
Con este informe, James pretende apoyar su petición para que tanto Donald Trump como sus hijos tengan que testificar en el caso que tienen abierto en los tribunales de Nueva York, y en el que son objeto de una intensa investigación por la posibilidad de que la OrganizaciónTrump, que aglutina a las empresas del expresidente, haya cometido fraude en sus actividades entre 2004 y 2020.
Donald Trump, por su lado, trata de evitar que la Fiscalía lo interrogué a él o a sus hijos por la contabilidad de sus empresas, y ha acusado a James de estar llevando a cabo una “caza de brujas” impulsada por motivaciones partidistas, ya que la fiscal demócrata se postula para la reelección este mismo año.
Según palabras de James, recogidas por The New York Times, las declaraciones erróneas del ex presidente republicano inflando el valor de sus propiedades formarían parte de un patrón para sugerir que su patrimonio neto era mucho más alto de lo que hubiera parecido.
Pese a todos los informes y documentos incriminatorios presentados, la fiscal general insiste en la necesidad de hacer declarar tanto al ex presidente como a sus hijos Ivanka y Donald Junior, para aclarar quién es el responsable de estos errores y omisiones, y si se cometieron de forma intencionada, con el fin de determinar si esto fuera constitutivo de un delito por fraude.
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El activista Guanchi Comprés pide a la policía trabajar más en conjunto con la fiscalía para darle más peso a los casos
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El cantante urbano El Crok, quien estaba detenido por investigación de la muerte de una adolescente de 17 años, fue dejado en libertad la tarde del martes por la Fiscalía. Sin embargo, la investigación del caso continúa en espera de los resultados de los análisis forenses para determinar las causas de la muerte de la menor.
El exintegrante del dúo Los Pepes salió del destacamento Felicidad de Los Mina tras ser relacionado a la muerte de la joven.
La Fiscalía de la provincia Duarte citó para el próximo lunes a DJ Adoni luego de que éste protagonizara la noche del martes "la caravana del teteo" por calles de San Francisco de Macorís, Tenares y otros pueblos.
La acción de DJ Adoni se dio en horas de la noche y en medio de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 y las prohibiciones de aglomeraciones de personas emanadas por las autoridades del país.
La fiscal Smaylin Rodriguez aseguró que ya el joven fue citado y ellos preparan de manera preliminar toda la información sobre el caso y posibles sanciones.
El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para el caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico, en el que es investigada la diputada Rosa Amalia Pilarte López.
La solicitud a la Suprema se debe al privilegio de jurisdicción del que goza Pilarte, diputada por La Vega, en calidad de legisladora.
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