El Estado dominicano se ha constituido, a través del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público, en querellante y actor civil en contra de los implicados en el caso Coral.
Esto fue lo que informaron ayer los abogados José Alberto Ortiz y Rafael Rivas Solano, quienes dijeron que, más adelante, señalarán el monto que será reclamado para fines de lograr una indemnización por concepto de daños y perjuicios sufridos por el Estado dominicano, en su condición de víctima,
El sometimiento en contra de los encartados por el entramado de corrupción atacado por el ministerio público se produjo a través de un poder otorgado por el Estado a los abogados del Equipo para la Recuperación del Patrimonio Público, para reclamar las indemnizaciones civiles.