Pienso que de manera directa o indirecta todas las personas en el país, sin importar su estatus socioeconómico, al igual que los médicos, han vivido y padecido las dificultades para obtener de manera oportuna sangre o sus derivados, en una situación de emergencia que amenaza la existencia de un familiar, amigo o paciente.

Es un sentimiento de impotencia que embarga a los necesitados cuando el facultativo prescribe la necesidad urgente de sangre, y se limita a entregarle la receta, especificando la cantidad y tipo de sangre. ¿Dónde la va a buscar? Es una expresión fehaciente de la incapacidad del sistema nacional de salud de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población.

Esto abre la oportunidad de entrar en operación un entramado de mercantilización de un Bien Público, que salva vidas, como lo es la sangre. Y, desde luego, a que aparezcan operadores del negocio que propongan la legalización de “una realidad” en la práctica, pero que debe corregirse, como lo es el Donante

Remunerado de sangre, algo proscrito en nuestra legislación, con sobrada justificación e instado por la Organización Mundial de la Salud. Es algo cultural en nosotros, recurrir a la legalización de lo nocivo ante la imposibilidad, indiferencia, complicidad, omisión, falta de interés, de aplicar los correctivos.