El presidente Luis Abinader, por intermedio del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó tres proyectos de ley, tal como lo anunció ayer en su discurso de rendición de cuentas.

Las iniciativas legislativas impulsadas por el jefe de Estado son el proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana, el proyecto de ley general de contrataciones públicas y el proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación de los fideicomisos públicos en la República Dominicana.

Las indicadas propuestas normativas son el resultado de un largo proceso de consultas y análisis con los principales actores de los sectores bajo regulación.

Al ser recibidos por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, este precisó que las piezas serán priorizaras e introducidas en las próximas sesiones de las comisiones de Hacienda y Asuntos Energéticos por ser de alto interés para la población dominicana y el Poder Ejecutivo.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este martes que las empresas Dronena, S.A. y Victoria Yeb S.A., del senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, resultaron beneficiadas con 14 contratos por un valor superior a RD$ 1,720,375.08, luego de su toma de posesión como legislador de la República.

Mediante un comunicado la institución precisó que profundizará en las adjudicaciones realizadas a favor de la razón social Cristalia Dominicana, S.R.L., de la que el senador fue accionista y representante hasta mayo de 2020, la cual desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha ha sido beneficiaria de un total 118 adjudicaciones a través de Portal Transaccional, 22 unidades de compras diferentes, por un valor total adjudicado de RD$ 472,877,736.60.

El documento también señala que como consecuencia de sus esfuerzos, ha examinado el caso del senador Alexis Victoria Yeb quien figura inscrito como persona física y como accionista de las razones sociales Victoria Yeb S.A., Farmacia Santa Cruz, S.R.L. y Grupo Farmacéutico Ama, E.I.R.L.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de República recomendaron al presidente Luis Abinader la destitución del director de Inposdom, Adán Alberto Peguero de León, por las irregularidades que encontraron en la contratación de la empresa extranjera Mía Cargo Group, anomalías que datan de varios años y a las que el funcionario sumó “nuevas violaciones”.

Después de los resultados de la investigación en la que también participó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en el informe se sugiere al mandatario destituir igualmente al consultor jurídico de Inposdom, Joaquín Félix Santana, “por haber incurrido en faltas graves”.

Asimismo, recomendaron que sea suspendido en todos sus efectos el acuerdo suscrito entre el Inposdom y la empresa Mía Cargo Group, “por estar manifiestamente contrario al ordenamiento legal y en ese mismo orden, se le ordene a la institución contratante a efectuar el procedimiento de contratación de servicio conforme el ordenamiento jurídico vigente”.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Anti- Fraude de la Contraloría General de la República, inició este lunes una investigación de oficio para conocer y profundizar la modalidad de contratación utilizada por el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) con la empresa Mía Cargo.

La institución informó que la acción surge a raíz de la publicación de un reportaje el pasado sábado en el programa de investigación de la periodista Nuria Piera, con el objetivo de aclarar los hechos y determinar si existen violaciones a la ley 340-06, de compras y contrataciones públicas, establecer sus consecuencias respecto al contrato y recomendar sanciones en caso de que correspondan.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sometió ante la Fiscalía del Distrito Nacional a tres empresas por posible alteración de los certificados de Registro Mercantil durante el proceso de obtención y actualización de sus respectivos Registros de Proveedores del Estado (RPE).

Hasta el 11 de mayo pasado la actual gestión había inhabilitado a 33 proveedores del Estado por causas que van desde falsificación documental hasta incumplimiento contractual y con los casos descritos suman 36, indica un comunicado de la entidad.