La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) detectó serias irregularidades que implican sanciones penales en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), en el período comprendido entre los meses de abril y agosto de 2020.

Una investigación especial muestra que la entidad inició procesos de compras previo a la resolución de urgencia del Poder Ejecutivo por RD$44,245,930 y RD$10,119,217.

También se evidenciaron contrataciones de urgencias sin informe pericial previo y sin remitir los informes a la Contraloría General de la República y a la CCRD por RD$54,365,147.

Desde abril hasta agosto de 2020, en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), dirigido por la esposa del detenido general de la Fuerza Aérea Carlos Torres Robiou, se montó “la misma estructura delictiva” que operó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), según la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el documento de solicitud de medidas de coerción a los 13 imputados en la Operación Coral 5.

El Pepca señala que la exdirectora Greybby María Cuello Coste de Torres, quien no ha sido apresada, desde que inició en el Conani, en el mes de abril, solicitó a la Presidencia de la República el nombramiento de uno de los principales imputados en el caso Coral, Rafael Núñez de Aza, como director financiero, lo cual se aprobó, pero luego la Contraloría al hacer la auditoría para ejecutar el pago de su salario, de RD$125,000.00, lo rechazó “en razón de que el personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil”.

No obstante, De Aza, aunque no figuraba en el puesto, era quien ejecutaba las funciones del director financiero a pesar de no aparecer en los registros públicos.