Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado de asesinar a balazos al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, busca obtener su libertad mediante una revisión obligatoria de la medida de coerción.

El imputado acudió al Sexto Juzgado de la Instrucción Distrito Nacional, que preside la magistrada Yanibet Rivas, pero en el tribunal informó que decidió cambiar de abogado, mencionando a Juan Amador González, como su nuevo defensor.

Ante esa situación, la magistrada fijó para el 22 de septiembre el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción, luego de que el imputado, desistiera de los servicios de los abogados Manuel Sierra e Ybo Rene Sánchez.

El ministro de Hacienda y el director general de Presupuesto, Jochi Vicente y José Rijo Presbot, respectivamente, se reunieron esta mañana con el bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Antes del inicio de la sesión de trabajo de este martes, los funcionarios se reunieron con el bloque de diputados oficialista ante el casi seguro conocimiento del proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado del año 2022.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que se trató de una visita para orientar a los diputados sobre el proyecto, previo a su conocimiento.

Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional y la Policía de Turismo intervinieron las instalaciones de la playa en el municipio de Sosúa, luego de que el gobierno y los vendedores no llegaran a un acuerdo sobre la dimensión de las tres plazas que se construirán en el lugar.

Los vendedores temen que como se ha hecho desde “Casa Marina hasta Cabarete, donde están privatizadas todas las playas”, se haga en esa costa.

Aseguran que quieren 150 metros por cada una de las tres plazas que se construirán en la playa y el gobierno les está ofreciendo 100 metros, por lo que no cederán en ese pedido.

La madrugada de este martes un joven murió calcinado tras accidentarse el carro que conducía en la avenida Anacaona esquina Pedro A. Bobea del Distrito Nacional.

El joven fue identificado como Andrés Abraham Gómez Mateo, quien era nieto del empresario y dueño del Grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz.

El sector turístico es el que más ha contribuido al crecimiento de la economía del país durante este año y se ha convertido en espina dorsal de la recuperación tras la pandemia y en plena guerra en Ucrania, afirmó este lunes el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu.

En una reunión con una delegación de la junta directiva de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), encabezada por su presidente Rafael Blanco, Valdez Albizu precisó que este sector aportó 1.8 puntos porcentuales en la expansión media del 5.5 % de la economía entre enero y julio 2022, lo que supone una tercera parte del crecimiento en ese período, con un incremento en su valor agregado real del 32.9 %.

El movimiento Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó este martes su preocupación por el destino final de los casos de corrupción en el país.

En un comunicado, PC señaló que «a pesar del esfuerzo colectivo» para combatir la corrupción «todas las sentencias dadas a conocer en los últimos meses han sembrado un profundo desconcierto y el temor de que la impunidad siga imponiéndose en el país».

Puso de ejemplo el juicio por los sobornos admitidos por la constructora Odebrecht, que se zanjó con solo dos condenados de un total de siete imputados, así como el de los Súper Tucano, cuyos tres acusados fueron absueltos.

También el de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) o el de la venta de terrenos en el sector Los Tres Brazos.

Los casos mencionados «tienen en común haber sido investigados y preparados los expedientes durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, caracterizada por el reinado de la impunidad», subrayó PC en un comunicado.

Para el organismo, «las penas tan benignas y las declaraciones de inocencia que han sorprendido al país en los últimos meses evidencian lo difícil que es sancionar la corrupción en la República Dominicana».

Además, muestran «que hay mucho trabajo por hacer y mucha voluntad que aportar si se desea poner fin a la impunidad que sentó sus bases durante décadas en todas las instituciones llamadas a prevenir y sancionar la corrupción».

En el comunicado, Participación Ciudadana alertó de que se pretenden «frustrar» los esfuerzos anticorrupción «que se desarrollan con amplio apoyo popular».

Por último, reclamó, que «el rigor de la ley caiga sobre todos por igual, sin consideraciones especiales para quienes, prevaliéndose del poder o influencias, hayan sustraído el dinero público».

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