Una sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó una acción directa de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) contra los artículos 109 y 115 de la Ley 66-97, General de Educación, y la Ordenanza 24-2017, deja en la ilegalidad a los 18 directores de las Regionales y los 121 de Distritos de Educación nombrados por el exministro Roberto Fulcar, que mediante una orden departamental sustituyó a los anteriores en 2020.

Con esta acción, el gremio que agrupa a los maestros quería que se derogaran los artículos 109 y 115 de la Ley General de Educación que establecen que el ministro seleccionará las personas que ocuparán las Direcciones Regionales y Distritales y la Ordenanza 24-17 que dispone la convocatoria del proceso competitivo de selección de candidatos para conformar ternas a ser presentadas al ministro para ocupar las posiciones en esos cargos.

El cargo de Director de Regional y Distrito de Educación es por cuatro años y la designación se realiza en base a un concurso.

El Gobierno dominicano y distintas asociaciones de detallistas y comerciantes firmaron el denominado "Pacto por los Precios Justos", que busca eliminar eslabones en la cadena de distribución y de esa manera se puedan abaratar los costos de diferentes productos de la canasta básica.

De acuerdo con el director ejecutivo de Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Eddy Alcántara, el Gobierno se encuentra buscando mecanismos, junto a los comerciantes, para que el consumidor final reciba los productos de primera necesidad a precios asequibles.

"Nos vamos a sentar en una mesa, que estará participando el ministro de Agricultura, Inespre, estaremos ahí todos creando esos mecanismos para que el detallista pueda comercializar los puestos justos, reales que no les genere ningún tipo de perdida pero que tampoco afecte al consumidor final", reiteró Alcántara.

El acto de firma fue encabezado por el presidente Luis Abinader, quien manifestó que este pacto es de "carácter social" que busca seguir mitigando los efectos de la inflación producida por el impacto de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Cerca de 500 funcionarios no habían entregado su declaración jurada en abril ante la Cámara de Cuentas de República Dominicana, según los archivos de la institución cortados a abril del año en curso.

No obstante, la institución presenta en un registro posterior la entrega de 90 declaraciones juradas extemporáneas entregadas por funcionarios ante la Procuraduría General de la República en fecha del febrero y abril de este mismo año.

La mayoría de los casos de incumplimiento, más de 400, son de funcionarios que figuran en “cese de funciones”, es decir, que ejercían funciones públicas antes o hasta del 2020.