Un total de 1,524,566 multas se han aplicado en la República Dominicana, desde el 2017 hasta el pasado mes de junio del 2022, solo para sancionar a conductores que omitieron el uso del casco de protección, una obligación contemplada en la Ley 241-67, la 63-17, y las regulaciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), este tipo de infracción es la más repetitiva y desde hace cinco años presenta una tendencia de casos hacia arriba, solo interrumpida en 2020, período que coincide con la implementación del toque de queda y otras restricciones de movilidad declaradas a raíz de la pandemia del Covid-19.

En 2017 se impusieron 141,353 sanciones, el siguiente año se aplicaron 228,561, en 2019 unas 262,557 para posteriormente bajar a 187,784 en 2020.

El Ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, lamentó el incidente ocurrido la mañana de ayer durante la marcha organizada por el Colegio Médico Dominicano (CMD), la cual tenía el objetivo de llegar a las instalaciones del Palacio Nacional.

Rivera dijo que en la casa de gobierno, junto a él, se encontraban varios funcionarios de alto nivel, entre ellos el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), con la finalidad de recibir a los galenos y escuchar sus planteamientos.

Abiertos al diálogo

El gobierno de la República Dominicana tiene activos por dos billones 13 mil millones de pesos, informó el director general de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), Félix Santana García.

El funcionario ofreció el dato en una misa de acción de gracias en la Catedral Primada, con motivo del 19 aniversario de la DIGECOG. Asistieron a los mismos altos funcionarios del gobierno.

Reveló que en dos años esa institución ha registrado 22 centros educativos e iniciado el proceso de incorporación en el patrimonio público de 134 edificios y terrenos que no estaban en la contabilidad del Estado.

El Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó el calendario escolar 2022-2023, que iniciará el primero de septiembre para el personal docente y el 19 para los estudiantes.

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo que calendario contará con 179 días laborables, equivalentes a 37 semanas lectivas de clases para los estudiantes, y 213 días de trabajo docente, correspondiente a 40 semanas laborales.

Dijo que el nuevo año escolar iniciará con más de cinco mil planteles remozados con pintura, agua, baños, grietas, filtraciones y anunció que se aplicará un plan preventivo para que los centros no lleguen al nivel de deterioro en el que se encontraban.

Miembros del Colegio Médico Dominicano (CMD), en compañía de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) y decenas de profesionales en diferentes áreas de la salud, emprendieron ayer una marcha con rumbo hacia el Palacio Nacional, que culminó con un abrupto atropello de las fuerzas policiales.

En demanda de una serie de reivindicaciones para el sector sanitario del país, como apertura de hospitales, la carencia de personal y la reposición de incentivos para los médicos, el presidente del CMD, Rufino Senén Caba, y los gremios aliados se acercaban a las inmediaciones de la casa de Gobierno cuando fueron impedidos en dos intersecciones.

La ruta que inicialmente habían pautado los galenos con los agentes del orden, fue cambiada por los segundos sin previo aviso. Con la colocación de barreras de metal, pretendieron dirigir el paso de los facultativos hacia otra entrada, lo que produjo el enfrentamiento.

La acción de “acto ilícito” homologa las leyes de Extinción de Dominio y la Ley de Lavado de Activos 155-17, además de la “ausencia de buena fe”. No obstante, la ley de extinción es más abarcadora que la de lavado, pero ambas se mezclan por la intervención de la cooperación internacional y tratados y acuerdos contemplados en el GAFILAC (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), y las 40 recomendaciones de esta agrupación para evitar el lavado, contempladas en las normas del derecho internacional.

Entre los crímenes que se subsidian con el lavado de activos en sus diferentes modalidades figuran la falsificación, el tráfico de drogas y la trata de blancas y el delito tributario, al igual de la nueva pieza de reciente aprobación en el Senado.

Ambas leyes penalizan el enriquecimiento injustificado, la falsificación, el tráfico de drogas y la trata de blancas, aunque el ámbito de aplicación de la extinción de dominio es más amplio porque castiga no sólo el enriquecimiento ilícito, sino aquel que no pueda ser justificado, la pornografía infantil, el soborno, el tráfico de influencias, estafa, contrabando, falsificación de monedas, valores o títulos y el tráfico ilícito de órganos humanos y de armas.