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Monday, 25 July 2022

Al menos 11 jefes de Estado, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente dominicano, Luis Abinader, asistirán el próximo 7 de agosto en Bogotá a la investidura de Gustavo Petro como presidente de Colombia, informó este martes el equipo del mandatario electo.

Entre los mandatarios que asistirán figuran los de Chile, Gabriel Boric; Argentina, Alberto Fernández; Perú, Pedro Castillo; Ecuador, Guillermo Lasso; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Bolivia, Luis Arce; República Dominicana, Luis Abinader; Panamá, Laurentino Cortizo; Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Honduras, Xiomara Castro.

Igualmente asitirán el jefe de Gobierno de Curazao, Bernard Whiteman; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez.

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En el marco de la celebración de la “Semana del Clima de America Latina y el Caribe” participamos de la presentación de un interesante proyecto piloto que ha estado realizando @superaterdo, “Fortalecimiento de Comunidades Rurales Vulnerables hacia una mayor Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático”.
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Para el 15 de noviembre de 2021, el presidente de la República Luis Abinader anunciaba que por segundo año consecutivo se repartirían las tarjetas de bono navideño. En esta nueva entrega pasaron de un millón a 1,750,000 bonos para la misma cantidad de familias de escasos recursos.

Cada tarjeta tuvo un valor de 1,500 pesos y la inversión pasó de RD$1,500 millones a RD$2,600 millones.

El anuncio de la entrega de las nuevas tarjetas contenía unas promesas que terminaron incumplidas: En un espacio pagado en medios de comunicación el 5 de diciembre del pasado año, el Gobierno explicaba que “las tarjetas serán repartidas a nivel nacional, un 80% por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), y un 20% por las distintas iglesias, congregaciones, las gobernaciones provinciales, alcaldías y legisladores”.

En el informe oficial que se encuentra en la página de la Presidencia de la República se señala que tanto Siuben como el programa Supérate eran los “principales encargados de la distribución de hasta el 80% de esas tarjetas”, y que para tal misión serían apoyados por las distintas iglesias y congregaciones religiosas.

En la práctica, hicieron todo lo contrario: solo el 21% de los bonos fueron entregados directamente por el Gabinete de Política Social y el programa Supérate, de donde depende el Siuben. Incluso si se les considera lo aportado a las iglesias católica y evangélica el porcentaje solo aumenta al 27% de todas las tarjetas repartidas.

Pero los problemas solo comienzan ahí.

Una simple confrontación de las tarjetas que el Gabinete de Política Social y el ministerio Administrativo dicen haber entregado a instituciones y certificaciones de esas mismas entidades, entregadas a este diario, muestran que al menos cuatro alcaldías y trece instituciones públicas nunca recibieron los bonos.

La lista la encabeza el Ministerio de la Juventud, que en datos del gobierno habría recibido 8,000 tarjetas. Pero la entidad manifestó que luego de un proceso de búsqueda en archivos, evidenciaron que “no ha recibido tarjetas de bonos navideños, ni tampoco adquirido bonos de esta naturaleza".

Las otras instituciones que dijeron no haber recibido bonos, y que sí son señaladas por el Gobierno como que las recibieron, fueron el Ministerio de Agricultura, Departamento Aeroportuario, Dirección General de Aduanas, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).

También resuenan las de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), a las que el Administrativo dice haber enviado entre 800 y 2,000 bonos pero que ellos dicen no haber recibido.

Esas tarjetas que están en ese limbo de que habrían sido entregadas pero que no fueron recibidas suman 57,900, cifra que corresponde a RD$86,850,000.

Las respuestas del resto de instituciones en la lista fue similar.

Pasó lo mismo con el Ministerio de Agricultura, que figura como que recibió 2,000 bonos; la Dirección General de Aduanas, 2,000; el Departamento Aeroportuario, 700; el Ministerio de Energía y Minas, 200; el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 250; la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), 700.

Mientras que los ayuntamientos de Barahona, Baní, Boca Chica y Santo Domingo Norte, a través de comunicaciones remitidas a este diario, dicen que no recibieron o manejaron tarjetas (5,250 en total), a pesar de que Fedomu asegura haberlas entregado. El dinero que contenían esos plásticos asciende a RD$7,875,000.

A continuación se presenta un mapa interactivo con las tarjetas distribuidas por Fedomu a las alcaldías. Si no puede visualizarlo, ingrese al siguiente enlace.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) está en un listado por haber recibido 1,000 tarjetas, pero ellos respondieron que "no fue beneficiada con el programa de bonos navideños” y aclaró que desde la Presidencia les enviaron bonos, de manera directa, a los choferes de la institución.

Otras, como es el caso del Ministerio de Interior y Policía, dijeron que recibieron menos tarjetas de las que el Gabinete de Política Social (GPS) señaló haberles entregado.

El artículo 8 de la Ley número 2661 deja a las gobernaciones provinciales bajo la dirección de este ministerio, que dice haber distribuido los montos según la cantidad proporcional de habitantes por demarcación.

La institución dirigida por Jesús Vásquez dijo haber recibido y distribuido tan solo 80,000 bonos, cuando el Gabinete de Política Social detalló haberles entregado 380,000 tarjetas. Una diferencia de 300,000 que asciende a 450,000,000 de pesos.

Pero no es ahí donde termina todo. Las informaciones analizadas muestran otras rarezas como la duplicidad de entregas de tarjetas a algunas instituciones y la admisión de entidades de haber recibido una menor cantidad de tarjetas de las que el Gobierno dijo haberles dado.

 

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Nj productora

 

 

 

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Luego de una evaluación de los procesos electorales realizados en el 2020 en los niveles presidencial, congresual y municipal, la Junta Central Electoral (JCE) ha llegado a la conclusión de que la capacitación electoral requiere de una revisión y mejoría.

Basada en esa experiencia, el 14 de julio dejó abierto un concurso para reclutar a 428 instructores, que se encargarán de entrenar a los 160,000 ciudadanos que proyecta trabajarán en los colegios electorales, más un personal adicional de hasta un 60 por ciento para integrar un banco de elegibles ante posibles inasistencias.

En una entrevista concedida a Listín Diario, el director de Elecciones de la JCE, Mario Núñez, dijo que han sometido a un análisis profundo el contenido de los materiales educativos que sirven de sustento a los programas de capacitación y que han incluido entre los candidatos a nuevos profesionales.

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El superintendente de Electricidad, Rafael Aníbal Velazco Espaillat, y los dos miembros del consejo directivo de este organismo del Estado, Diógenes Rodríguez Grullón y Aura Mireya Caraballo Castillo devengaron entre septiembre de 2021 y junio de 2022 honorarios que sobrepasan los 18 millones de pesos, según un reporte de prensa divulgado este martes.

Estas 11 remuneraciones salariales, correspondientes a igual cantidad de meses, elevó a RD$7 millones 316 mil el ingreso de Velazco Espaillat y en RD$5 millones 474 mil los de Rodríguez Grullón y Caraballo Castillo, señala el periódico Listín Diario.

En total RD$18,265,654 fueron destinados para el pago de los sueldos de estos tres altos servidores públicos de la Superintendencia de Electricidad (SIE). Representan, según la publicación periodística, más de la mitad de los fondos con que se paga en un solo mes al total de los empleados de este organismo gubernamental.

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La ley orgánica de los Actos del Estado Civil, aprobada en segunda lectura por el Senado dominicano da a los padres la libertad de fijar el orden de los apellidos de sus hijos, por lo que el del padre no será obligatoriamente el primero, como es en la actualidad.

Según la iniciativa, del senador Dionis Sánchez (FP-Pedernales), en caso de los padres no ponerse de acuerdo, el orden sería fijado por el oficial civil mediante sorteo.

La ley busca establecer las disposiciones que rigen las actuaciones y efectos del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil y los requerimientos para la obtención de los servicios ciudadanos relativos a los actos del estado civil.

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Porque acuden a la sede del Congreso en “tenis, minifaldas que enseñan la colita” y otros vestuarios inapropiados, diputadas irrespetan la solemnidad de ese recinto, a juicio de Rafaela –Lila- Alburquerque, representante de San Pedro de Macorís en la Cámara Baja.

Alburquerque, expresidenta de la Cámara de Diputados, tomó un turno previo en el hemiciclo este lunes para manifestar esa preocupación pues si no son aplicados correctivos esas diputadas que, según expuso, se visten con ropa escasa “un día podrían aparecerse en bikini”.

Llamó al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, a distribuir un código de vestimenta existente en la misma.

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